El expresidente venezolano comparece ante un tribunal federal acusado de narcoterrorismo, tráfico masivo de cocaína y alianza con cárteles criminales mientras la izquierda internacional denuncia la operación de EE. UU.

Maduro, ante la justicia estadounidense

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable este lunes en un tribunal federal de Nueva York de cuatro cargos criminales, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. La comparecencia llega apenas días después de su espectacular captura ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, una operación que ha sacudido la geopolítica mundial.

Maduro, de 63 años, apareció vestido con mono de prisión, manos esposadas, mientras el juez leía una acusación que lo sitúa como cerebro de una red criminal internacional protegida durante años por el Estado venezolano.

Alianzas con cárteles y guerrillas

Según la Fiscalía, Maduro supervisó durante décadas una estructura de tráfico masivo de cocaína que operaba en coordinación con organizaciones violentas como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, las FARC colombianas y la banda venezolana Tren de Aragua. Una acusación que confirma lo que durante años fue denunciado y minimizado por sectores de la izquierda internacional: Venezuela como narcoestado.

El líder chavista ha negado reiteradamente los cargos, alegando que forman parte de una “conspiración imperialista” para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, uno de los discursos más repetidos por el régimen para justificar su aislamiento internacional.

Estado de emergencia y caza de colaboradores

Mientras Maduro comparecía ante la justicia, el régimen que dejó atrás en Caracas activaba un estado de emergencia interno. Un decreto publicado este lunes ordena la búsqueda y captura de cualquier persona que haya colaborado con el ataque estadounidense, evidenciando el clima de paranoia y represión que domina al chavismo tras la caída de su líder.

La ONU cuestiona la operación y la izquierda protesta

La legalidad de la captura fue debatida de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia, China y aliados ideológicos de Caracas condenaron la intervención. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por la estabilidad regional y cuestionó la legalidad del operativo estadounidense.

Sin embargo, desde Washington se defiende que la acción fue necesaria para poner fin a décadas de impunidad de un dirigente acusado formalmente de terrorismo y crimen organizado transnacional.

Un operativo sin precedentes desde Panamá

La operación militar estadounidense ha sido descrita como la intervención más contundente en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989. Fuerzas especiales de EE. UU. irrumpieron en Caracas en helicópteros, neutralizaron el cordón de seguridad presidencial y arrastraron a Maduro desde una sala segura, según fuentes citadas por Reuters.

Maduro y su esposa, juntos ante el juez

En la mañana del lunes, Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados desde un centro de detención en Brooklyn hasta el tribunal de Manhattan bajo fuerte custodia armada, una imagen que ya recorre el mundo como símbolo del colapso del chavismo.

Los fiscales sostienen que la implicación de Maduro en el narcotráfico se remonta al año 2000, cuando inició su carrera en la Asamblea Nacional, continuó como ministro de Exteriores y se consolidó tras su llegada al poder en 2013 como sucesor de Hugo Chávez.

Consecuencias económicas y geopolíticas

Tras la captura, las acciones de empresas petroleras estadounidenses se dispararon ante la expectativa de un cambio radical en Venezuela, mientras gobiernos occidentales evalúan el fin del régimen chavista y la posible apertura del país tras años de dictadura.

La imagen de Maduro esposado ante un juez estadounidense marca un antes y un después en la historia latinoamericana. La gran incógnita ya no es si el chavismo caerá, sino cuántos dirigentes internacionales seguirán negando durante años lo que hoy se juzga como narcoterrorismo de Estado.

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