La anciana permanece ingresada en el Gregorio Marañón tras abandonar en camilla la vivienda donde vivió durante 71 años. Su futuro pasa ahora por una solución temporal con familiares.
Maricarmen tiene 87 años y acaba de pasar su primera noche fuera de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas. Tras el desahucio ejecutado el miércoles en el distrito madrileño de Retiro, la mujer fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada mientras los médicos realizan pruebas por un cuadro de agotamiento asociado a la ansiedad y al estrés provocado por el desalojo.
La mujer salió de su domicilio en una camilla y fue trasladada en ambulancia después de que se ejecutara el lanzamiento judicial. Ahora permanece acompañada por su primo Vicente, a quien considera prácticamente como un hermano, mientras se estudia cuál será su situación cuando reciba el alta.
Maricarmen permanece ingresada tras el desahucio
El estado físico y emocional de la anciana ha empeorado durante los últimos meses. Según las personas que la han acompañado durante el conflicto, ha perdido peso, movilidad y autonomía y actualmente necesita silla de ruedas.
Tras el desalojo, los profesionales sanitarios consideraron conveniente mantenerla ingresada para realizar distintas pruebas y controlar su evolución. La situación se produce después de años de litigio por la vivienda y de varios intentos anteriores de ejecutar el desahucio.
Su primo Vicente permaneció junto a ella. Antes de abandonar definitivamente la vivienda, apenas pudieron recoger algunos objetos personales: ropa, productos de higiene, medicamentos y fotografías familiares.
El resto de sus pertenencias permanece en el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, número 46, según explicó su abogada, Beatriz Duro. La propiedad se habría comprometido a conservarlas y enviarlas posteriormente al lugar en el que Maricarmen vaya a residir.
De pagar unos 500 euros a afrontar un alquiler de 1 650
El origen del conflicto se encuentra en un contrato de renta antigua firmado en 1956 por el padre de Maricarmen.
Tras su fallecimiento, el contrato pasó a su esposa y posteriormente a Maricarmen. Durante décadas, la mujer continuó viviendo en el inmueble con una renta que, según las informaciones publicadas sobre el caso, rondaba los 500 euros mensuales.
La situación cambió después de que la propiedad del inmueble pasara a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión. La empresa planteó inicialmente una renta de 2 650 euros mensuales y posteriormente una cantidad de 1 650 euros, según las informaciones difundidas durante el conflicto.
Para Maricarmen, esa cantidad resultaba incompatible con sus ingresos. Las informaciones publicadas sitúan su pensión alrededor de los 1 300 euros mensuales, aunque algunas publicaciones han ofrecido cifras diferentes.
El caso llegó a los tribunales. Maricarmen obtuvo inicialmente un pronunciamiento favorable en primera instancia, pero posteriormente las resoluciones judiciales cambiaron y el Tribunal Supremo terminó respaldando la posición de la propiedad, según la reconstrucción publicada por RTVE y otros medios.
El problema jurídico de la segunda subrogación
Una de las claves del caso está en el régimen jurídico de los antiguos contratos de alquiler.
El contrato original pertenecía al padre de Maricarmen. Después pasó a su esposa y finalmente a la propia inquilina. Las informaciones sobre la sentencia señalan que el régimen aplicable a este tipo de contratos limita las posibilidades de una segunda subrogación, salvo determinadas circunstancias.
En el caso de Maricarmen, su discapacidad reconocida era del 50 %, mientras que las informaciones sobre el procedimiento judicial señalan que la excepción contemplada por la normativa exigía un grado superior al 65 %. El Tribunal Supremo confirmó finalmente la posición favorable a la propiedad.
Este elemento jurídico resulta fundamental porque el desahucio no se produjo simplemente por dejar de pagar la renta. Al contrario, las informaciones publicadas durante el conflicto señalan que Maricarmen había continuado pagando el alquiler y las facturas mientras se prolongaba la disputa.
Una alternativa temporal en Segovia
El Ayuntamiento de Madrid ofreció a Maricarmen una plaza temporal en una residencia, alternativa que la anciana rechazó porque quería permanecer cerca de sus familiares y mantener, en la medida de lo posible, una vida en una vivienda.
Después del desalojo, la opción que se baraja es que pueda trasladarse temporalmente con su primo Vicente y la esposa de este a Segovia.
El problema es que la vivienda familiar tiene menos de 58 metros cuadrados y ya viven allí cuatro personas. Si Maricarmen se incorpora al domicilio, serían cinco personas en un espacio reducido.
La abogada Beatriz Duro ha cuestionado que esta situación pueda considerarse una solución habitacional estable. También ha advertido de las consecuencias que tendría el traslado para la atención que la anciana recibía en Madrid.
El traslado puede afectar a sus servicios de atención
Maricarmen contaba en Madrid con diferentes recursos asistenciales.
Según el Ayuntamiento, disponía de ayuda a domicilio, terapia ocupacional, fisioterapia preventiva y atención psicológica especializada. La asistencia domiciliaria constituía una parte importante de su rutina diaria debido al deterioro de su movilidad.
Su traslado a otra comunidad autónoma implica tener que tramitar nuevamente determinados recursos y servicios.
La cuestión no es únicamente dónde dormirá Maricarmen. También está en juego cómo podrá mantener la atención que necesita para actividades cotidianas como levantarse, acostarse, preparar alimentos o mantener cierta autonomía.
La familia deberá iniciar ahora los trámites correspondientes en Segovia si finalmente esa es la solución escogida.
Una escritora y James Rhodes ofrecieron ayuda
Durante los días previos al lanzamiento aparecieron diferentes propuestas privadas para intentar evitar el desahucio.
Una donante anónima llegó a ofrecerse para asumir la diferencia entre el alquiler que Maricarmen podía pagar y la cantidad reclamada por la propiedad. La propuesta no consiguió evitar el lanzamiento.
También intervino públicamente el pianista y escritor James Rhodes, quien aseguró que había intentado pagar el alquiler e incluso planteó la posibilidad de comprar la vivienda para que Maricarmen pudiera continuar viviendo en ella.
Rhodes explicó posteriormente a RTVE que la operación tampoco salió adelante y que estaba dispuesto a buscar una vivienda alternativa y asumir su alquiler. Se trata, en todo caso, de declaraciones del propio músico sobre las gestiones realizadas.
El caso ha generado además numerosas muestras de solidaridad. Personas particulares han ofrecido habitaciones, comida y ayuda doméstica a la anciana, según relató el entorno del Sindicato de Inquilinas.
Ocho años de conflicto y cuatro intentos de desahucio
El caso de Maricarmen no se ha resuelto de un día para otro.
La disputa se remonta a 2018, cuando cambió la propiedad del inmueble. Desde entonces se han sucedido negociaciones, procedimientos judiciales y varios intentos de ejecutar el lanzamiento.
El lanzamiento ejecutado el 23 de septiembre de 2026 fue el cuarto intento.
La situación había provocado movilizaciones de vecinos y activistas frente al inmueble. Durante la mañana del desahucio se desplegó un dispositivo policial y se produjeron momentos de tensión en los alrededores de la vivienda. Finalmente, Maricarmen abandonó el piso en una camilla y fue trasladada al hospital.
El Ayuntamiento de Madrid también había intervenido en el caso y había planteado alternativas residenciales. El Sindicato de Inquilinas, por su parte, defendió durante años que debía encontrarse una solución que permitiera a la anciana continuar en su hogar.
La propiedad y las administraciones, en el centro del debate
El caso ha abierto un debate que va más allá de la situación personal de Maricarmen.
Por un lado está el derecho de propiedad y la aplicación de las resoluciones judiciales. Por otro, aparece la situación de una persona de avanzada edad, con discapacidad y con una pérdida significativa de autonomía que llevaba décadas viviendo en el mismo domicilio.
También existe un debate sobre la responsabilidad de las administraciones a la hora de proporcionar alternativas habitacionales y asistenciales adecuadas para personas vulnerables.
El Ayuntamiento sostiene que ofreció una plaza residencial de emergencia. El entorno de Maricarmen considera que esa opción no respondía a sus necesidades ni a su voluntad de permanecer cerca de su familia.
Las distintas posiciones forman parte de un conflicto que ha adquirido una enorme repercusión pública.
Una vivienda vacía y las pertenencias de una vida
Mientras Maricarmen permanece en el hospital, el piso de Retiro ha quedado vacío.
Dentro permanecen las pertenencias acumuladas durante décadas: fotografías, muebles, cuadros, objetos decorativos y recuerdos familiares.
La abogada de la anciana ha denunciado que el desalojo dejó muy poco margen para recoger sus objetos personales. La propiedad, según su versión, se ha comprometido a conservarlos y entregarlos posteriormente.
Para Maricarmen, sin embargo, el problema no se reduce a recuperar unas cajas.
La vivienda era el lugar donde había vivido desde mediados del siglo XX, donde crecieron sus recuerdos familiares y donde, según su entorno, fallecieron sus padres.
Ahora deberá decidir cómo reconstruir su vida después de haber abandonado definitivamente ese domicilio.
El futuro de Maricarmen sigue abierto
La prioridad inmediata es su recuperación física y emocional. Los médicos continúan evaluando su estado y todavía no se conoce la fecha exacta de su alta.
Después llegará una segunda cuestión: dónde vivirá.
La alternativa temporal con su primo en Segovia podría permitirle contar con el apoyo de familiares, pero también supondría abandonar Madrid y reorganizar los servicios asistenciales que tenía asignados.
La otra posibilidad es encontrar una vivienda en Madrid que pueda adaptarse a sus necesidades y cuyo coste resulte compatible con sus ingresos.
El caso ha demostrado también la dificultad de encajar en una misma solución las decisiones judiciales, el mercado inmobiliario, la protección de las personas vulnerables y las competencias de las administraciones.
Por ahora, Maricarmen permanece en el Gregorio Marañón, lejos del piso en el que vivió durante 71 años. Su siguiente capítulo dependerá de su evolución médica y de la solución residencial que finalmente pueda encontrar su familia.
