La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió la limpieza de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante un pleno extraordinario en la Cámara Alta. Montero argumentó que no hay indicios de mal funcionamiento en la SEPI que puedan llevar a culpar a la entidad por los hechos investigados. Aclaró: «No hay nada achacable a un mal funcionamiento que se pueda trasladarle a la SEPI». La defensa de Montero se produce dentro del contexto de una investigación que incluye los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, así como en Correos.
El foco de la controversia se centra en la figura del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, nombrado por Montero en 2018, en el marco de unas investigaciones sobre posibles irregularidades. Montero defendió que no se puede responsabilizar a las personas designadas por ella si no tienen vínculos directos con su gestión actual y se refirió a la situación en la SEPI como un secreto de sumario.
Desde el Partido Popular (PP), su portavoz en el Senado, Alicia García, criticó a Montero, acusando a la SEPI de convertirse en un «cajero automático del sanchismo», sugiriendo que la entidad había sido utilizada para decisiones discrecionales en la distribución de fondos públicos. García cuestionó la ausencia de un presidente en la SEPI durante 514 días, periodo que coincidió con rescates económicos. La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Mar Caballero, también criticó la situación, instando a Montero a no presentarse como víctima de un contexto del que es parte.
En respuesta a las críticas, Montero argumentó que Vicente Fernández ya no formaba parte de la empresa durante el periodo que actualmente investiga la UCO. La vicepresidenta también defendió el rescate a la aerolínea Plus Ultra, asegurando que esta ha cumplido con el calendario de devoluciones establecido.
La polémica continúa en el Senado, donde se plantea el inicio de una nueva comisión de investigación para aclarar posibles irregularidades relacionadas con la SEPI y otras entidades públicas.
