El enfrentamiento institucional entre el Concello de Oleiros y la Xunta de Galicia suma un nuevo capítulo. Esta vez, el gobierno local exige el pintado urgente de pasos de peatones en O Couto (Dorneda), aprovechando las inminentes obras de asfaltado en la carretera que conecta Santa Cruz y Mera. Una actuación aparentemente sencilla que, sin embargo, vuelve a evidenciar el bloqueo político y administrativo entre ambas administraciones.
Un conflicto enquistado durante más de dos años
La polémica no es nueva. Durante más de dos años, Xunta y Concello han protagonizado un cruce constante de reproches sobre quién debía ejecutar el acceso peatonal reclamado por los vecinos. Mientras tanto, la situación ha permanecido sin resolver, pese a las movilizaciones vecinales que han tratado de visibilizar el problema.
Ahora, el Concello considera que las obras previstas por el Gobierno autonómico representan una “oportunidad perfecta” para actuar. No solo en O Couto, sino también en otros puntos considerados críticos como Cabreira, Breixo y Lourido, donde la falta de pasos peatonales incrementa el riesgo para los residentes.
Seguridad vial frente a burocracia política
Desde el ejecutivo local insisten en que se trata de una intervención “muy sencilla”, lo que aumenta la presión sobre la Xunta: no actuar podría interpretarse como una desatención deliberada a una demanda ciudadana básica.
Además, el Concello pone el foco en otro problema clave: la velocidad máxima permitida, que actualmente alcanza los 70 km/h en varios tramos pese a tratarse de una vía que atraviesa núcleos urbanos densamente poblados. La combinación de alta velocidad y ausencia de pasos peatonales genera, según denuncian, un riesgo evidente para la seguridad vial.
Cesión bloqueada: el trasfondo político
La Xunta, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones la posibilidad de ceder el tramo al Concello, trasladándole así la responsabilidad directa de las actuaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca ha aceptado dicha cesión, lo que mantiene el conflicto en un limbo administrativo.
Este tipo de bloqueos no son aislados y reflejan un problema más amplio: la falta de coordinación entre administraciones, que acaba perjudicando directamente a los ciudadanos.
Un episodio polémico que tensó aún más la situación
El conflicto alcanzó uno de sus puntos más controvertidos cuando el gobierno municipal, liderado por Alternativa dos Veciños, instaló en O Couto carteles que simulaban el atropello de la entonces conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.
La acción fue ampliamente criticada y terminó con la retirada de las placas por orden judicial, evidenciando hasta qué punto la disputa había escalado desde lo institucional hasta lo simbólico.
¿Solución inmediata o nuevo bloqueo?
Con las obras de asfaltado a punto de comenzar, la presión recae ahora sobre la Xunta, que deberá decidir si atiende una demanda que combina seguridad ciudadana, lógica urbanística y sentido común, o si mantiene una postura que podría interpretarse como inacción política.
Mientras tanto, los vecinos siguen esperando una solución a un problema que, sobre el papel, podría resolverse en cuestión de días, pero que en la práctica lleva años atrapado entre competencias, intereses y estrategias políticas.
