La decisión del Gobierno de Cantabria de establecer un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados (MENAS) en Cartes ha generado tensiones entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE.
La alcaldesa, Lorena Cueto, ha criticado que el proyecto se haya llevado a cabo sin la consulta previa al Consistorio, calificando la medida como un «castigo» para el municipio.
El Ejecutivo dirigido por María José Sáenz de Buruaga, del Partido Popular, ha confirmado la adquisición de un edificio en el Camino Real de Cartes, que se utilizará inicialmente para estos menores. Sin embargo, el Gobierno regional aclara que el uso del inmueble podría cambiar según las necesidades.
Cueto mencionó que la primera comunicación sobre el plan llegó a través de la fundación encargada de gestionar el centro, lo que ha despertado inquietud entre los vecinos. La alcaldesa sostiene que la localidad no cuenta con los recursos adecuados para la integración y adaptación de los menores, señalando que
debería haber alternativas más adecuadas en municipios más grandes.
La presidenta de Cantabria, Buruaga, ha respondido a las críticas afirmando que la decisión de abrir el centro es consecuencia de la política migratoria del Gobierno central y las imposiciones relacionadas, asegurando que su gobierno ha presentado recursos ante el Tribunal Constitucional por considerar que estas decisiones invaden competencias autonómicas.
Buruaga defendió el modelo de atención a los menores en Cantabria, indicando que la región cuenta con varios menores ya integrados en el sistema de protección social y que no se emplean macrocentros, sino grupos reducidos de jóvenes que reciben atención adecuada.
Ambos lados han manifestado posturas firmes en este asunto, con el Gobierno local reclamando más información y transparencia y el Gobierno regional insistiendo en que solo cumplen con las leyes vigentes en materia de inmigración.
