Fuentes del CNI expresan su malestar con Margarita Robles por el comunicado pactado con Moncloa y la desclasificación de documentos. Los informes conocidos confirman que hubo alertas antes del 30 de julio, aunque no anticiparon la magnitud final de la crisis.

La gestión de la crisis de Ceuta abre otro problema para el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes de los servicios de inteligencia aseguran que existe un creciente malestar dentro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la actuación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por la versión que Moncloa ha trasladado públicamente sobre los avisos anteriores a los acontecimientos del 30 de julio.

Según la información publicada este domingo, dentro del organismo —conocido internamente como La Casa— consideran que el Ejecutivo ha tratado de convertir al CNI en «chivo expiatorio», aprovechándose además de las limitaciones que tienen sus integrantes para responder públicamente.

La acusación procede de fuentes de inteligencia citadas por el medio que publica la información. No existe, por tanto, un comunicado institucional del CNI denunciando al Gobierno.

El comunicado del CNI que ha provocado el malestar

Uno de los puntos de fricción es una declaración difundida por Moncloa y, según la información publicada, pactada previamente con Margarita Robles.

En ella se afirmaba que el CNI reconocía que «no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30».

Esa precisión es relevante.

Los documentos desclasificados sí demuestran que existieron advertencias antes del 30 de julio, pero eso no significa necesariamente que los servicios de inteligencia pudieran prever exactamente las dimensiones que posteriormente alcanzarían los acontecimientos.

El malestar interno descrito ahora surge porque algunas fuentes consideran que esa admisión está siendo utilizada políticamente para trasladar al CNI una responsabilidad que rechazan.

El CNI avisó el 29 de julio de entradas por mar y por la valla

Los documentos desclasificados ofrecen información especialmente importante sobre la cronología.

El 29 de julio, aproximadamente 24 horas antes de los acontecimientos, el CNI comunicó a la Delegación del Gobierno en Ceuta que circulaban en redes sociales llamamientos para intentar acceder a la ciudad.

El mensaje recogido en la documentación advertía de un «asalto por valla y mar mañana a las 20 h» aprovechando las celebraciones de la Fiesta del Trono de Marruecos.

El CNI añadió un dato sobre la difusión de esas convocatorias: había identificado dos grupos con un total de 180 000 seguidores.

También existe una comunicación dirigida al Servicio de Información de la Guardia Civil.

«Tenemos información de un intento de entrada a nado y salto a la valla para mañana», indicaba el aviso, que hacía referencia igualmente a grupos de Facebook y WhatsApp utilizados para incentivar esos movimientos.

Además, el CNI remitió una «alerta temprana» a los servicios de inteligencia marroquíes sobre posibles intentos de entrada en Ceuta tanto a nado como a través de la valla durante aquella semana.

Estos documentos acreditan, por tanto, la existencia de advertencias previas. Lo que continúa siendo objeto de controversia política es hasta qué punto permitían anticipar la dimensión final de la crisis y cómo reaccionaron las distintas administraciones después de recibirlas.

La desclasificación también genera críticas internas

El segundo motivo de malestar sería la propia desclasificación de documentos del CNI.

Fuentes citadas en la información sostienen que se han expuesto procedimientos y métodos internos que podrían «comprometer la seguridad nacional».

Entre el material conocido aparecen incluso conversaciones mediante WhatsApp entre responsables del CNI en Ceuta y miembros de la Delegación del Gobierno.

Las fuentes críticas consideran que publicar esta información establece un precedente delicado porque permite conocer aspectos del funcionamiento cotidiano de los servicios secretos.

La desclasificación, sin embargo, también ha permitido esclarecer una cuestión de enorme interés público: sí hubo comunicaciones anteriores al 30 de julio alertando sobre posibles entradas en Ceuta.

Los «25 agentes» revelados por Robles provocan sorpresa

Otro episodio que habría generado incomodidad dentro del Centro fueron unas declaraciones de Margarita Robles en las que habló de «25 agentes sobre el terreno» al referirse al despliegue del CNI en Ceuta.

Según las fuentes recogidas en la información, revelar públicamente una cifra concreta de efectivos causó sorpresa dentro del organismo debido a la sensibilidad de esos datos.

La relación entre Robles y el CNI resulta especialmente importante porque el Centro depende orgánicamente del Ministerio de Defensa.

Precisamente por ello, algunos integrantes esperaban que la ministra mantuviera públicamente una defensa más firme de la actuación de los servicios de inteligencia.

El giro de Margarita Robles aumenta la tensión

Robles había defendido anteriormente que el CNI cumplió con su obligación de informar.

Durante su comparecencia parlamentaria del 25 de agosto reconoció la existencia de advertencias sobre las convocatorias para intentar acceder a Ceuta, una posición que generó diferencias con el relato defendido desde otros departamentos del Ejecutivo.

Posteriormente, la ministra señaló que existen «escenarios que son absolutamente imprevisibles» y manifestó sentirse «muy orgullosa» de la unidad existente dentro del Gobierno.

Es precisamente este cambio de énfasis el que, según las fuentes consultadas por el medio, ha generado una especial decepción dentro del CNI.

La dimisión de Gonzalo Sanz complica todavía más la versión oficial

La polémica aumentó esta semana con la dimisión de Gonzalo Sanz, hasta ahora jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Pérez Triano había señalado que Sanz recibió el aviso del CNI pero no se lo trasladó.

El ya exjefe de gabinete ofreció una versión diferente.

En su comunicación de renuncia sostuvo que sí trasladó personalmente al delegado la información recibida el 29 de julio y afirmó que existen informes que reflejan las actuaciones de aviso realizadas desde la Delegación hacia distintos ministerios.

Se trata de afirmaciones de Sanz que deberán contrastarse con el conjunto de la documentación disponible, pero su versión introduce una contradicción directa dentro de la propia estructura gubernamental.

La gran pregunta: quién recibió los avisos y qué hizo después

La controversia del CNI desplaza el debate hacia una cuestión mucho más concreta que las acusaciones políticas.

Ya existe documentación que acredita alertas anteriores a los acontecimientos del 30 de julio.

Ahora falta reconstruir de forma completa la cadena institucional: quién recibió cada aviso, cuándo lo recibió, a quién lo transmitió y qué medidas adoptó posteriormente.

También debe diferenciarse entre advertir de intentos de entrada y anticipar exactamente su magnitud. El propio reconocimiento de que el CNI no previó la dimensión final resulta compatible con que sí hubiera detectado y comunicado previamente un riesgo.

El supuesto malestar interno del CNI añade ahora otra capa a una crisis que ya había provocado contradicciones entre responsables públicos y la dimisión de un alto cargo de la Delegación del Gobierno.

Si las fuentes citadas reflejan un sentimiento extendido dentro del Centro, el problema para Moncloa dejaría de limitarse a explicar qué ocurrió en Ceuta: tendría también que recomponer la confianza con unos servicios de inteligencia que consideran haber cumplido su obligación de alertar y que ahora rechazan cargar con la responsabilidad política de lo sucedido.

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