Bolivia ha comenzado en 2026 uno de los programas de ajuste económico más significativos de Hispanoamérica, marcando el fin de casi 20 años de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS). Este periodo estuvo caracterizado por políticas de subsidios masivos y fuerte intervención estatal bajo el liderazgo de Evo Morales y Luis Arce.
El nuevo presidente, Rodrigo Paz, asumió el cargo a finales de 2025, en medio de una crisis económica con desafíos como la escasez de divisas y un alto índice de inflación, que alcanzó cerca del 20%. Bolivia enfrentaba un déficit presupuestario superior al 10% del PIB y reservas internacionales netas en mínimos históricos, con menos de 2 000 millones de dólares, comparado con 15 000 millones en años anteriores.
A partir de enero de 2026, el gobierno ha puesto en marcha la eliminación de subsidios a la gasolina y al diésel, donde el precio de la gasolina especial se sitúa cerca de 6,96 bolivianos por litro, mientras que el diésel alcanza 9,80 bolivianos. Esta decisión busca reducir el impacto fiscal que los subsidios representan, estimados en más del 3% del PIB anualmente.
Como parte del ajuste, también se han propuesto medidas para reordenar el gasto público y eliminar impuestos considerados distorsionadores. Se espera que estas medidas ayuden a mejorar la atracción de inversiones extranjeras en sectores clave como la minería y el litio, del cual Bolivia posee importantes reservas.
El gobierno busca además normalizar el mercado cambiario, reduciendo la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, donde el informal ha disminuido de más de 14 bolivianos por dólar a un rango de 9 a 10 bolivianos. Las reformas económicas implementadas son cruciales para estabilizar el entorno fiscal y económico del país, aunque enfrentarán desafíos políticos y sociales.
