La Plataforma per l’Ensenyament Públic convoca concentraciones este jueves en los centros y manifestaciones el sábado en Valencia, Alicante y Castellón para reclamar más inversión, profesores y presencia del valenciano.
El curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana comienza acompañado de nuevas movilizaciones. Sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles y asociaciones de familias han convocado protestas este jueves a las puertas de los centros educativos y manifestaciones para el próximo sábado en las tres capitales de provincia.
La Plataforma per l’Ensenyament Públic sostiene que los avances conseguidos hasta ahora son «insuficientes» y resume sus reivindicaciones bajo el lema de «más inversión, más dignidad y más valenciano».
Entre sus principales demandas figuran reducir las ratios, aumentar las plantillas docentes, mejorar las condiciones laborales y salariales, incrementar los recursos para los alumnos y derogar la Ley de Libertad Educativa.
Las protestas llegarán este jueves a los colegios e institutos
La primera movilización está prevista para este jueves, con concentraciones ante los centros educativos de la Comunitat Valenciana.
La plataforma pretende aumentar la presión el sábado, cuando ha convocado manifestaciones en Valencia, Alicante y Castellón y ha pedido una participación multitudinaria de profesores, estudiantes y familias.
La presidenta de Fampa València, Elisabet García, reclama centros «dignos, seguros, accesibles y adaptados» y denuncia que todavía existen familias esperando ampliaciones, rehabilitaciones o nuevos colegios.
Los convocantes también mantienen su rechazo a la Ley de Libertad Educativa, una de las grandes diferencias entre estas organizaciones y la política educativa desarrollada por el Gobierno valenciano.
CCOO y UGT consideran insuficientes las mejoras
Desde CCOO-PV, Óscar Ortiz sostiene que los acuerdos alcanzados con la Conselleria no resuelven todas las demandas del profesorado. El sindicato reclama más docentes en las aulas y considera insuficiente el acuerdo retributivo.
También cuestiona la evolución de las políticas relacionadas con la enseñanza del valenciano.
Más contundente se ha mostrado UGT, cuyo representante Kilian Cuerda asegura que los centros se encuentran «igual, o incluso peor» y acusa al Ejecutivo autonómico de haber desaprovechado el verano para negociar.
Cuerda también ha criticado los cambios relacionados con las funciones de la Inspección Educativa, llegando a calificarlos de «policía política». Se trata de una acusación sindical, no de una caracterización jurídica de las funciones de la Inspección.
UGT advierte además de que la posibilidad de una nueva huelga educativa continúa abierta, aunque actualmente permanece en suspenso.
El valenciano vuelve al centro de la batalla educativa
Las organizaciones convocantes han situado asimismo la política lingüística entre sus principales reivindicaciones.
Escola Valenciana sostiene que existe un «ataque» continuado contra la lengua valenciana, mientras que los sindicatos reclaman aumentar su presencia dentro del sistema educativo.
Esta posición choca con la apuesta del Gobierno autonómico por la denominada libertad educativa, que ha situado la elección lingüística de las familias en el centro de su política.
La cuestión vuelve así a convertirse en uno de los principales puntos de confrontación entre la Conselleria y una parte de la comunidad educativa organizada.
Ratios, profesores y barracones completan las reivindicaciones
Los estudiantes también se han sumado a las movilizaciones.
Desde la Aliança d’Estudiants per l’Educació Pública del País Valencià denuncian situaciones de masificación, utilización de barracones, problemas en centros afectados por la dana y falta de profesores.
Los convocantes también han utilizado los resultados educativos como argumento para reclamar cambios y consideran que los datos de PISA evidencian problemas estructurales en el sistema valenciano.
El nuevo curso comienza, por tanto, con la conflictividad educativa nuevamente en las calles. Las concentraciones del jueves serán el primer termómetro de la capacidad de movilización de los sindicatos, mientras que las manifestaciones del sábado medirán hasta qué punto sus reivindicaciones consiguen sumar a profesores, estudiantes y familias.
