Una anotación incorporada a la investigación señala que «pregunta la directora» sobre el expediente del exalto cargo chavista, cuyo nombre aparece también en las pesquisas sobre Leire Díez.

La UCO encuentra una anotación sobre el expediente de Villalobos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado una anotación que apunta a que Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, se interesó por la tramitación de la nacionalidad española solicitada por Nervis Villalobos, antiguo viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez.

La anotación, incorporada a las diligencias, hace referencia al «expediente nacionalidad» y añade la expresión «pregunta la directora». La información ha sido difundida tras el análisis de documentación realizado por los investigadores en el marco de las pesquisas relacionadas con la denominada trama de Leire Díez.

La relevancia del hallazgo reside en el contexto del expediente. Villalobos es una figura que aparece en las investigaciones sobre las gestiones que distintos intermediarios habrían realizado para obtener su nacionalidad española y en las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda.

Pero existe una distinción esencial: que la UCO haya encontrado una anotación que apunta al interés de la directora no demuestra por sí mismo que Sofía Puente ordenara conceder la nacionalidad, interviniera ilegalmente en el expediente o conociera las gestiones atribuidas a terceros.

Esos extremos tendrían que acreditarse con otras pruebas.

¿Quién es Nervis Villalobos?

Nervis Villalobos ocupó el cargo de viceministro de Energía de Venezuela durante el Gobierno de Hugo Chávez y posteriormente quedó vinculado a investigaciones internacionales relacionadas con presuntas operaciones de corrupción y blanqueo de capitales.

Su nombre aparece desde hace años en procedimientos judiciales y policiales relacionados con la corrupción vinculada a la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En España, además, Villalobos aparece ahora en una investigación que analiza las gestiones que distintos actores habrían realizado en torno a su solicitud de nacionalidad.

Según la información publicada sobre el atestado de la UCO, el antiguo alto cargo venezolano habría terminado obteniendo la nacionalidad española después de que solicitudes anteriores fueran rechazadas.

La cuestión que investigan ahora los agentes es qué personas intervinieron en las diferentes fases del expediente y con qué finalidad.

La anotación que pone el foco en Sofía Puente

El elemento más concreto localizado por los investigadores es una anotación relacionada con el expediente de nacionalidad.

El texto identificado por la UCO contiene la referencia:

«Expediente de nacionalidad. Pregunta la directora».

La expresión resulta relevante porque, en el momento al que corresponde la documentación, Sofía Puente ocupaba la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Onda Cero informó de que los investigadores consideran que la anotación refleja un interés de Puente por conocer la situación del procedimiento de Villalobos.

La UCO también habría interrogado como testigo a un asesor del Ministerio de Justicia que aparecía relacionado con los correos examinados.

Según el testimonio recogido en el documento policial citado por la información original, el funcionario señaló que desconocía el motivo concreto de la consulta. Al ser preguntado por quién ocupaba entonces la Dirección General, situó a Sofía Puente en ese puesto.

El testimonio, por tanto, permite establecer el contexto temporal y orgánico de la anotación, pero no explica por qué se preguntó por Villalobos ni qué actuación concreta se produjo después.

Ese es precisamente uno de los aspectos que deben aclararse mediante el resto de la documentación.

Villalobos aparece también en las pesquisas sobre Leire Díez

El interés policial por el expediente adquiere mayor relevancia por otro motivo.

El nombre de Nervis Villalobos aparece en las investigaciones sobre las actuaciones atribuidas a Leire Díez, exmilitante socialista cuya actividad ha sido objeto de pesquisas policiales y judiciales.

Según las informaciones publicadas sobre el caso, la UCO habría localizado comunicaciones en las que Díez trataba de que dirigentes socialistas realizaran gestiones relacionadas con la situación de Villalobos.

Una de esas conversaciones habría incluido una petición al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para que hablara con «Félix», referencia que los investigadores vincularon con el entonces ministro de Justicia Félix Bolaños.

Estas son interpretaciones de los investigadores sobre las comunicaciones analizadas y no equivalen, por sí mismas, a una resolución judicial que establezca responsabilidades penales.

La conexión con Miriam Serrano y el fiscal Grinda

El expediente de Villalobos se cruza además con otra línea de investigación: la relativa a Miriam Serrano y el fiscal anticorrupción José Grinda.

Según la información publicada sobre las pesquisas, Villalobos habría ayudado a localizar a Serrano, quien posteriormente presentó actuaciones contra Grinda.

La investigación trata de determinar si esa actuación formó parte de una cadena de favores en la que distintos participantes obtenían algún tipo de beneficio.

Una de las hipótesis examinadas por los investigadores es que las gestiones relacionadas con la nacionalidad de Villalobos estuvieran conectadas con su colaboración para localizar a Serrano.

Esa conexión es una hipótesis investigada y no un hecho judicialmente establecido.

La relevancia del expediente reside precisamente en determinar si existió algún intercambio de favores y, en ese caso, quién intervino.

La cronología resulta clave

Los documentos analizados por la UCO sitúan el interés de la Dirección General en 2020.

Sofía Puente había asumido la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en enero de ese año y permaneció en el puesto hasta 2022.

La cronología es importante porque las nuevas diligencias deben determinar qué ocurrió con la solicitud de Villalobos durante ese periodo, qué funcionarios tuvieron acceso al expediente y si las consultas realizadas respondían a una tramitación administrativa ordinaria o a una intervención excepcional.

La mera consulta sobre un expediente tampoco constituye por sí misma una irregularidad.

La cuestión relevante para los investigadores es el motivo de la consulta y las actuaciones posteriores.

La nacionalidad de Villalobos terminó vinculándose a la Ley de Nietos

Otro elemento que ha aumentado el interés sobre el caso es que Villalobos habría terminado obteniendo la nacionalidad española mediante el procedimiento derivado de la denominada Ley de Nietos, vinculada a la Ley de Memoria Democrática.

La norma permite determinados supuestos de adquisición de la nacionalidad para descendientes de españoles en las circunstancias previstas legalmente.

La aplicación administrativa de esta legislación ha generado una intensa controversia política y judicial.

Sofía Puente fue precisamente la directora general que firmó en 2022 instrucciones relacionadas con la aplicación de la normativa de nacionalidad.

La causa contra Sofía Puente por la Ley de Nietos

La situación judicial de Sofía Puente en relación con la Ley de Nietos requiere también una precisión.

En julio de 2026, un juzgado de Madrid abrió diligencias preliminares después de recibir una querella presentada contra ella por un presunto delito de prevaricación administrativa. La magistrada trasladó el asunto a la Fiscalía para que informara sobre su posible admisión y las diligencias que deberían practicarse.

Sin embargo, una querella anterior por los mismos hechos había sido archivada en 2024. La Audiencia de Madrid confirmó posteriormente esa decisión. La resolución no estableció que la instrucción de Puente fuera constitutiva de delito; entre los argumentos empleados estuvo que una instrucción administrativa no tenía las características necesarias para sustentar el delito de prevaricación en los términos planteados.

Puente ha alegado precisamente que la nueva querella debería inadmitirse porque los mismos hechos ya habían sido examinados judicialmente.

Por tanto, la existencia de una nueva querella o de diligencias preliminares no significa que Puente haya sido declarada responsable de prevaricación.

Dos expedientes diferentes que ahora confluyen

El caso requiere separar dos cuestiones que pueden parecer relacionadas pero que no son idénticas.

Por un lado, la UCO investiga las gestiones realizadas alrededor de la solicitud de nacionalidad de Nervis Villalobos, incluida la anotación que apunta al interés de quien entonces dirigía la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Por otro, existe una controversia judicial independiente sobre las instrucciones dictadas en 2022 para aplicar la denominada Ley de Nietos.

La posible relación entre ambos asuntos es una cuestión que debe investigarse con documentación concreta.

No basta con que Villalobos obtuviera posteriormente la nacionalidad mediante ese mecanismo para concluir que las consultas realizadas en 2020 estuvieran relacionadas con la posterior instrucción de 2022.

De hecho, la cronología plantea preguntas que todavía deben responderse.

Qué acredita el documento y qué no acredita

El contenido de la información permite establecer una diferencia clara entre los hechos documentados y las hipótesis.

La documentación conocida apunta a que:

  • La UCO encontró una anotación relacionada con el expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos.
  • La anotación incluye la expresión «pregunta la directora».
  • En ese momento, Sofía Puente era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
  • Los investigadores están analizando el expediente dentro de una investigación más amplia relacionada con las gestiones atribuidas a Leire Díez.
  • Villalobos aparece también vinculado en las pesquisas a las actuaciones relacionadas con Miriam Serrano y el fiscal José Grinda.
  • Puente afronta además una nueva controversia judicial por las instrucciones de la denominada Ley de Nietos, aunque una querella anterior por los mismos hechos fue archivada en 2024.

Lo que todavía no queda acreditado únicamente con esta anotación:

  • Que Sofía Puente ordenara conceder la nacionalidad a Villalobos.
  • Que interviniera personalmente para alterar el procedimiento.
  • Que conociera las gestiones atribuidas a Leire Díez.
  • Que existiera un intercambio de favores entre la nacionalidad y la localización de Miriam Serrano.
  • Que la consulta de 2020 estuviera relacionada con la instrucción de la Ley de Nietos aprobada en 2022.

Son precisamente esas conexiones las que deben quedar establecidas —o descartadas— mediante el análisis completo de correos, expedientes, declaraciones y demás pruebas.

La pregunta que queda abierta

La nueva documentación coloca el foco sobre una cuestión concreta: ¿por qué desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se preguntó por el expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos en 2020?

La anotación de la UCO proporciona un indicio documental sobre ese interés, pero no ofrece por sí sola la respuesta.

Ahora los investigadores deberán determinar quién realizó la consulta, qué información se solicitó, quién la recibió, qué respuesta se obtuvo y qué actuaciones se produjeron posteriormente.

La importancia del asunto aumenta porque el expediente de Villalobos aparece relacionado, en las pesquisas sobre Leire Díez, con otras actuaciones que afectan al entorno político y judicial del PSOE.

Pero precisamente por eso resulta esencial separar los documentos acreditados de las conexiones que todavía son objeto de investigación.

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