La vivienda protegida vuelve al centro del debate político. Mientras el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas de miles de familias españolas, el Ayuntamiento de Torremolinos ha dado un paso que promete abrir un intenso debate: solo quienes acrediten al menos dos años de empadronamiento en el municipio tendrán preferencia para acceder a una Vivienda de Protección Oficial (VPO).
La medida, impulsada por el equipo de gobierno del Partido Popular, busca que las promociones públicas beneficien en primer lugar a quienes mantienen una vinculación estable con la ciudad, una decisión que ha contado con el rechazo del PSOE y la abstención de Vox.
El Pleno aprueba una nueva ordenanza para regular el acceso a las VPO
El Pleno del Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, adaptándose así a la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, que obliga a los municipios a disponer de un registro actualizado y de una normativa específica para su funcionamiento.
La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox, evidenciando las diferencias políticas sobre uno de los asuntos que más preocupa actualmente a los ciudadanos: el acceso a la vivienda.
Dos años de empadronamiento para tener prioridad
La principal novedad de la ordenanza establece que al menos uno de los titulares de la solicitud deberá acreditar una antigüedad mínima de dos años de empadronamiento en Torremolinos para disfrutar de preferencia en la adjudicación de una vivienda protegida.
Desde el Ayuntamiento defienden que esta medida pretende garantizar que las promociones públicas atiendan prioritariamente las necesidades residenciales de quienes viven, trabajan y contribuyen al desarrollo del municipio, evitando que la escasa oferta de vivienda protegida se desvincule de la realidad local.
Además del requisito de residencia, los solicitantes deberán:
- Cumplir los límites de ingresos establecidos por la normativa autonómica.
- No ser propietarios de otra vivienda.
- Permanecer inscritos en el registro municipal, cuya vigencia será de dos años.
Más transparencia y menos burocracia
La concejala de Vivienda, Marina Vázquez, defendió durante el Pleno que la nueva regulación busca ofrecer un sistema basado en la igualdad, la transparencia, la seguridad jurídica y la objetividad.
Entre las principales novedades destaca la implantación de la declaración responsable, que permitirá realizar la inscripción de forma telemática sin necesidad de aportar inicialmente toda la documentación, aunque el Ayuntamiento podrá comprobar posteriormente el cumplimiento de los requisitos.
Asimismo, toda la gestión del registro podrá realizarse mediante la sede electrónica municipal, reduciendo trámites presenciales y agilizando los procedimientos administrativos.
Sorteo público para adjudicar las viviendas
La nueva normativa incorpora también un sistema que pretende reforzar la confianza en los procesos de adjudicación.
Las viviendas protegidas se asignarán mediante sorteo público ante notario o fedatario público, eliminando cualquier margen de discrecionalidad y garantizando que todos los solicitantes participen bajo las mismas reglas previamente establecidas.
Los okupas quedan fuera de las viviendas públicas
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ordenanza es el endurecimiento de los requisitos para acceder a una vivienda pública.
El texto establece que no podrán resultar adjudicatarias aquellas personas que durante los cinco años anteriores hayan sido condenadas mediante sentencia firme por:
- Allanamiento de morada.
- Usurpación de vivienda.
Tampoco podrán acceder quienes hayan sido objeto de una resolución administrativa firme de recuperación o desahucio por ocupar ilegalmente otra vivienda pública dentro del municipio.
Con esta medida, el Ayuntamiento pretende garantizar que el parque público de viviendas beneficie exclusivamente a quienes cumplen la legalidad y respetan la propiedad pública y privada.
Rehabilitación urbana con ayudas de hasta el 70 %
Durante la misma sesión plenaria también se aprobó inicialmente, por unanimidad, la nueva Ordenanza reguladora de las subvenciones destinadas a la rehabilitación estética de edificios.
El objetivo es incentivar la mejora de fachadas, cubiertas y elementos visibles desde la vía pública mediante ayudas económicas dirigidas a propietarios, comunidades de vecinos y otras entidades.
En las denominadas Zonas de Especial Interés Turístico e Histórico (ZEITH), determinadas actuaciones sobre edificios protegidos podrán recibir subvenciones de hasta el 70 % del presupuesto subvencionable, reforzando la conservación del patrimonio urbano y la imagen turística del municipio.
Un cambio que reabre el debate sobre la vivienda protegida
La decisión del Ayuntamiento de Torremolinos vuelve a poner sobre la mesa un debate cada vez más presente en numerosos municipios españoles: ¿deben las viviendas protegidas priorizar a quienes llevan años residiendo en la localidad?
Mientras el equipo de gobierno defiende que la medida protege los intereses de los vecinos y garantiza un reparto más justo de un recurso limitado, la oposición mantiene posiciones diferentes sobre los criterios de acceso.
Lo que parece evidente es que, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y la escasez de promociones públicas, cualquier modificación de los requisitos de acceso continuará generando un intenso debate político y social.
