El Gobierno retrasa hasta septiembre la aprobación del nuevo registro horario digital. ATA celebra el respiro para miles de autónomos, pero advierte de que la norma sigue suponiendo una importante carga burocrática para los pequeños negocios.
La reforma que el Gobierno aseguraba tener lista antes de agosto vuelve a quedarse en el aire. Tras meses de discrepancias, críticas y presiones, el Ejecutivo ha decidido frenar el nuevo control horario digital, una medida que afecta a miles de autónomos y pequeñas empresas en toda España.
El Gobierno retrasa el nuevo control horario digital hasta septiembre
El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado aplazar hasta septiembre de 2026 la aprobación del nuevo reglamento del registro horario digital, una normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz que obligará a empresas y autónomos con empleados a implantar sistemas digitales para registrar la jornada laboral.
La decisión supone un cambio respecto al calendario anunciado por la propia vicepresidenta segunda, quien había asegurado días antes que el texto estaría aprobado antes del 31 de julio.
Finalmente, los ministerios de Trabajo y Economía han optado por retrasar la aprobación para seguir revisando una norma que continúa generando diferencias dentro del propio Ejecutivo y un fuerte rechazo entre organizaciones empresariales.
ATA celebra el aplazamiento, pero denuncia más burocracia para los pequeños negocios
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha recibido con prudencia la decisión del Gobierno.
Su secretario general, José Luis Perea, considera que el retraso ofrece un pequeño margen de maniobra a miles de autónomos, aunque insiste en que el verdadero problema sigue siendo el diseño de la norma.
«Llevamos tiempo pidiendo que se deje de cargar con más burocracia y trabas a los autónomos. Es un ejemplo más de que hacen invertir a los autónomos en cosas que cambian una y mil veces«, señaló Perea.
Desde ATA sostienen que el Ejecutivo únicamente ha pospuesto unos meses una obligación que, en su opinión, seguirá incrementando los costes administrativos y tecnológicos de miles de pequeños negocios.
El Consejo de Estado también cuestionó la reforma
El retraso no responde únicamente a motivos políticos.
Uno de los factores que ha obligado al Ejecutivo a replantear los plazos ha sido el dictamen del Consejo de Estado, que planteó importantes objeciones sobre el contenido del reglamento.
Entre las principales observaciones figuran:
- La elevada carga administrativa para pequeñas empresas y autónomos.
- Las dudas sobre la aplicación de la norma en determinados sectores.
- La conveniencia de aprobar una reforma de este alcance mediante un Real Decreto, en lugar de tramitar una ley en el Parlamento.
Estas críticas han reforzado la posición del Ministerio de Economía, que venía reclamando una implantación más gradual para evitar un impacto excesivo sobre las pymes.
Los sindicatos presionaban para aprobar la norma antes del verano
Mientras las organizaciones empresariales pedían más tiempo, CCOO y UGT mantenían una posición completamente opuesta.
Ambos sindicatos habían advertido al Gobierno de que dejarían de participar en futuras negociaciones si el nuevo sistema de control horario no se aprobaba antes del parón estival.
Pese a esa presión, el Ejecutivo ha optado finalmente por retrasar la reforma, evidenciando las diferencias existentes tanto dentro del Gobierno como entre los agentes sociales.
Sigue la incertidumbre sobre la adaptación de autónomos y empresas
Aunque el Ejecutivo ha confirmado que el reglamento se aprobará previsiblemente en septiembre, todavía no ha aclarado uno de los aspectos que más preocupa a las pequeñas empresas: el plazo real para adaptarse a las nuevas obligaciones.
Las primeras versiones contemplaban un período transitorio de seis meses, mientras que Economía llegó a plantear ampliarlo hasta un año para las pequeñas empresas.
Sin embargo, el último borrador eliminó cualquier referencia expresa a ese período de adaptación y establecía únicamente que la norma entraría en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El aplazamiento abre ahora la puerta a que el Gobierno introduzca modificaciones antes de aprobar definitivamente el texto.
¿Qué cambiará con el nuevo registro horario digital?
Salvo cambios de última hora, el futuro reglamento obligará a empresas y autónomos con trabajadores a implantar un sistema de registro completamente digital que deberá cumplir varios requisitos.
Entre las principales obligaciones previstas destacan:
- Registrar digitalmente el inicio y el final de cada jornada laboral.
- Garantizar la trazabilidad de cualquier modificación realizada.
- Conservar todos los registros durante cuatro años.
- Permitir el acceso inmediato a la Inspección de Trabajo, trabajadores y representantes legales.
- Implantar protocolos internos sobre el funcionamiento del sistema e informar a toda la plantilla.
Para muchas pequeñas empresas, esto supondrá sustituir los actuales registros manuales o aplicaciones básicas por plataformas digitales con mayores exigencias técnicas.
Autónomos y pymes reclaman estabilidad normativa
Las organizaciones empresariales insisten en que el problema no es únicamente la entrada en vigor del nuevo sistema, sino la incertidumbre permanente que ha acompañado la reforma desde su presentación.
Desde ATA recuerdan que miles de negocios todavía desconocen qué sistema deberán implantar, cuánto costará adaptarse y cuáles serán finalmente los requisitos técnicos exigidos, lo que dificulta la planificación de inversiones.
Mientras tanto, el Gobierno dispone del verano para intentar cerrar una de las reformas laborales que más controversia ha generado entre los pequeños empresarios.
