El Ayuntamiento de Zaragoza asegura haber ejecutado el 100 % de sus inversiones y acusa a la Diputación Provincial de mantener tres años sin nuevas aportaciones a los barrios rurales.
La guerra institucional por los barrios rurales de Zaragoza sube de tono. El Ayuntamiento pone sus cifras sobre la mesa y lanza una pregunta incómoda: si el Consistorio asegura haber cumplido, ¿por qué siguen sin llegar millones comprometidos por la Diputación?
El Gobierno municipal de Zaragoza ha defendido la ejecución del 100 % de sus inversiones en los barrios rurales y ha reclamado a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) que afronte la anualidad pendiente del anterior convenio y reactive la financiación destinada a estas zonas de la capital aragonesa.
El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, sostienen que las actuaciones financiadas mediante el último convenio con la Diputación, junto a las incluidas en el presupuesto municipal, han alcanzado una ejecución íntegra.
La denuncia política del Ayuntamiento es contundente: los barrios rurales llevan tres años sin nuevas inversiones provinciales y el Consistorio cifra en 12 millones de euros los fondos que reclama para recuperar la colaboración institucional.
Zaragoza acusa a la DPZ de dejar 12 millones sin llegar a los barrios rurales
«Los vecinos de los barrios rurales llevan tres años sin recibir nuevas inversiones de la DPZ», denunció Paloma Espinosa.
Según la concejal, el problema afecta a actuaciones necesarias para estos núcleos y supone un desfase de 12 millones de euros respecto a la financiación que el Gobierno municipal considera necesaria.
El Ejecutivo local reclama ahora dos movimientos concretos:
- El abono de la anualidad pendiente de cuatro millones de euros.
- Una nueva financiación que permita alcanzar los 12 millones de euros reclamados para los barrios rurales.
- La negociación inmediata de un nuevo convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Diputación.
La cuestión trasciende el habitual choque presupuestario entre administraciones. Los barrios rurales forman parte del término municipal de Zaragoza, pero mantienen necesidades específicas en materia de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.
Cuatro millones pendientes desde el convenio 2021-2024
El origen del enfrentamiento está en el convenio correspondiente al periodo 2021-2024.
La versión del Ayuntamiento es clara: la última anualidad, dotada con cuatro millones de euros, no fue abonada por la Diputación Provincial de Zaragoza.
A esta cantidad se suma, según el Gobierno municipal, la ausencia de nuevas partidas destinadas a Zaragoza en los presupuestos provinciales de 2025 y 2026.
Mientras tanto, el Consistorio afirma haber mantenido su propio ritmo de inversión.
Zaragoza sostiene que ha cumplido el 100 % de sus compromisos mientras la DPZ mantiene pendiente una anualidad de cuatro millones.
Ese es el núcleo de una batalla institucional que amenaza con convertir a los vecinos de los barrios rurales en los principales perjudicados.
El Ayuntamiento denuncia una convocatoria «paralela» de la Diputación
La tensión aumentó después de que la Diputación convocara a los alcaldes de los barrios rurales.
Paloma Espinosa mostró su sorpresa porque, según el Ayuntamiento, la DPZ promovió ese encuentro sin celebrar previamente una reunión institucional con el Gobierno de Zaragoza.
Alfonso Mendoza trasladó formalmente su malestar mediante una carta dirigida el 10 de julio de 2026 al presidente de la Diputación.
En el escrito, el consejero advierte de que estas convocatorias «no contribuyen al entendimiento entre instituciones» y pueden generar «confusión, malestar y una innecesaria tensión política».
Mendoza centra la consecuencia del choque en los ciudadanos: los afectados finales son los vecinos de los barrios rurales de Zaragoza.
«La DPZ no puede tratar a los barrios rurales como ajenos a la provincia»
El Gobierno municipal endurece especialmente su discurso al abordar el papel provincial.
Mendoza sostiene que la Diputación «no puede tratar a los barrios rurales de la capital como si fueran ajenos a la provincia».
La frase señala directamente uno de los principales puntos de fricción política: qué responsabilidad financiera debe asumir la DPZ en los núcleos rurales integrados administrativamente en Zaragoza capital.
El Ayuntamiento exige recuperar el diálogo institucional y abordar dos cuestiones que considera urgentes: la anualidad no transferida y el futuro convenio de inversiones.
«Desde el Ayuntamiento de Zaragoza seguimos dispuestos a sentarnos, dialogar y trabajar por el interés general», afirma Mendoza en su carta.
Pero añade una condición política evidente: esa voluntad debe ser correspondida por la Diputación.
Los alcaldes socialistas no firmaron el escrito de 2025, según el Ayuntamiento
El choque incorpora además un componente partidista.
Espinosa recordó que durante el Consejo de Alcaldes de noviembre de 2025 se presentó un escrito para reclamar la anualidad pendiente y una nueva partida económica para el convenio.
Según la versión ofrecida por el Gobierno municipal, ninguno de los alcaldes de barrio del Partido Socialista firmó el documento.
El Ayuntamiento utiliza este dato para cuestionar la disposición del PSOE a respaldar una reclamación conjunta sobre la financiación de los barrios rurales.
La controversia es especialmente significativa porque las discrepancias entre administraciones pueden terminar contaminadas por la lucha partidista, mientras las inversiones permanecen bloqueadas.
La DPZ contraataca y acusa al Ayuntamiento de «inejecución»
La Diputación Provincial de Zaragoza rechaza el relato del Gobierno municipal.
El diputado delegado de Barrios Rurales, Miguel Sanz, acusó al Ayuntamiento de una supuesta «inejecución» de parte de las obras correspondientes al convenio 2021-2024.
Según la versión de la DPZ, el Consistorio debía dedicar tres millones de euros a actuaciones pendientes y nueve millones a obra nueva.
La institución provincial sostiene que Zaragoza únicamente ejecutó tres de esos nueve millones destinados a nuevas obras y, por ello, reclama el reintegro de seis millones de euros.
Se trata de una versión frontalmente opuesta a la del Ayuntamiento, que defiende haber alcanzado una ejecución del 100 %.
Dos administraciones y dos cuentas radicalmente distintas
La disputa se complica todavía más al revisar el convenio anterior, correspondiente a 2017-2019 y prorrogado hasta finales de 2023.
La DPZ reclama también la devolución de más de un millón de euros de los nueve millones aportados en aquel marco de colaboración.
Respecto a los cuatro millones reclamados por el Ayuntamiento, la Diputación asegura haber comprometido 16 millones de euros, de los cuales afirma haber pagado 12 millones.
La propia institución provincial reconoce que los cuatro millones de la última anualidad no fueron transferidos, aunque sostiene que esa cantidad no tenía contraprestaciones concretas asociadas.
El Gobierno municipal cuestiona las cuentas de la Diputación y defiende que su grado de ejecución está documentado y acreditado.
Por tanto, el conflicto ya no gira únicamente alrededor de una transferencia económica. Ayuntamiento y DPZ discrepan incluso sobre cómo deben interpretarse las obligaciones y cifras del convenio.
Los barrios rurales, atrapados en una batalla política por millones
Detrás de los cruces de cartas, ruedas de prensa y acusaciones institucionales están los vecinos.
El Gobierno de Zaragoza reclama que la financiación vuelva a canalizarse mediante un convenio estable y acusa a la Diputación de no responder con el mismo grado de compromiso que, asegura, ha demostrado el Consistorio.
La DPZ, por su parte, cuestiona la ejecución municipal y reclama devoluciones económicas.
El resultado es un bloqueo político y financiero en torno a millones de euros destinados a los barrios rurales de Zaragoza.
El Ayuntamiento insiste en que está dispuesto a negociar. Sin embargo, reclama que la Diputación «deje de mirar hacia otro lado», aborde la anualidad pendiente y siente las bases de un nuevo acuerdo.
La polémica obliga ahora a ambas instituciones a demostrar sus cifras con máxima transparencia. Si el Ayuntamiento acredita una ejecución del 100 % y la DPZ sostiene exactamente lo contrario, los ciudadanos merecen conocer expediente por expediente dónde está el dinero, qué obras se ejecutaron y qué compromisos siguen pendientes.
¿Estamos ante una simple discrepancia contable o los barrios rurales de Zaragoza se han convertido en rehenes de una batalla política entre administraciones?
