Belén Gualda Plus Ultra vuelve a situarse en el foco político y judicial después de que hayan salido a la luz nuevos detalles sobre el rescate público de la aerolínea y la salida de los accionistas venezolanos vinculados a SNIP Aviation. La controversia se ha intensificado tras conocerse que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) autorizó en noviembre de 2025 la operación que permitió a los propietarios abandonar la compañía sin reembolsar los 53 millones de euros concedidos por el Estado durante la pandemia.
La información, adelantada por La Radioteca y posteriormente confirmada por la propia aerolínea, ha provocado una nueva tormenta política sobre la gestión del rescate y el papel desempeñado por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. La operación ha generado críticas desde distintos sectores políticos por la supuesta falta de transparencia y por las condiciones excepcionales concedidas a los accionistas de Plus Ultra.
El acuerdo que permitió la salida de los accionistas venezolanos
Según la versión ofrecida por Plus Ultra, el acuerdo de venta de acciones se firmó inicialmente el 30 de mayo de 2025, aunque quedó condicionado tanto a la ratificación del comprador como a la autorización expresa de la SEPI. Finalmente, la operación quedó formalizada el 10 de octubre de 2025 y recibió luz verde definitiva el 21 de noviembre del mismo año.
Este punto resulta especialmente delicado porque una de las cláusulas fundamentales del rescate público establecía que cualquier cambio de control accionarial debía contar con autorización previa de la SEPI. De lo contrario, el préstamo podía declararse vencido anticipadamente, obligando a devolver de inmediato la financiación recibida.
Sin embargo, la autorización llegó y permitió que los accionistas vinculados a SNIP Aviation abandonaran la compañía sin devolver los fondos públicos. Este hecho ha alimentado las sospechas sobre un supuesto trato de favor hacia los propietarios de la aerolínea.
Belén Gualda Plus Ultra y el silencio en el Senado
La polémica alcanzó un nuevo nivel durante la comparecencia de Belén Gualda en la Comisión de Investigación del Senado celebrada el 13 de abril de 2026. Durante esa sesión, el senador del Partido Popular Salvador de Foronda preguntó en varias ocasiones por la identidad de los accionistas de Plus Ultra y por el conocimiento que tenía la SEPI sobre la operación accionarial.
La presidenta de la SEPI evitó responder de manera clara, generando tensión en la comisión. Incluso la presidenta de la comisión, Ana Beltrán, intervino para intentar que Gualda aclarara quiénes eran los accionistas de la compañía. Pese a ello, la responsable de la SEPI mantuvo silencio sobre un asunto que ya había sido autorizado oficialmente meses antes.
La actitud de Gualda ha sido interpretada por la oposición como una muestra de opacidad institucional. El caso Belén Gualda Plus Ultra se ha convertido así en uno de los episodios más controvertidos relacionados con el uso de fondos públicos durante los rescates empresariales posteriores a la pandemia.
Las dudas sobre el rescate de 53 millones
El rescate de Plus Ultra siempre estuvo rodeado de controversia debido al tamaño de la compañía y a las dudas sobre su carácter estratégico. La aerolínea recibió 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.
Desde el principio, varios partidos políticos y expertos cuestionaron que Plus Ultra cumpliera realmente los requisitos necesarios para acceder a esa ayuda pública. Las críticas aumentaron cuando comenzaron a conocerse los vínculos societarios de algunos accionistas venezolanos y las investigaciones sobre presuntos delitos de blanqueo de capitales.
Ahora, el hecho de que esos accionistas hayan podido abandonar la empresa sin devolver el dinero del rescate ha reactivado todas las sospechas sobre la gestión del expediente.
La investigación judicial sigue avanzando
El caso judicial relacionado con Plus Ultra continúa abierto en la Audiencia Nacional. El juez encargado de la investigación ha prorrogado en varias ocasiones el secreto de las actuaciones mientras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) analiza movimientos financieros y posibles conexiones internacionales.
Algunas de las investigaciones se centran en operaciones presuntamente relacionadas con préstamos puente y movimientos societarios vinculados a empresarios extranjeros. La situación se volvió todavía más delicada tras la detención en Aruba de una figura considerada clave dentro de la estructura financiera investigada.
La conexión entre estas investigaciones y la autorización concedida por la SEPI es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a la oposición política.
El PP denuncia “opacidad institucional”
El senador Salvador de Foronda aseguró tras la comparecencia que la negativa de Belén Gualda a facilitar información reforzaba la sensación de que existía “un muro” destinado a ocultar irregularidades relacionadas con el uso de fondos públicos.
Desde el Partido Popular consideran que el caso Belén Gualda Plus Ultra evidencia posibles fallos de control dentro de la SEPI y reclaman explicaciones detalladas sobre por qué se permitió la salida de los accionistas sin exigir el reintegro inmediato del dinero público.
Además, exigen conocer si el Gobierno tenía conocimiento previo de las investigaciones policiales que afectaban a los propietarios de la aerolínea antes de validar definitivamente la operación accionarial.
Un nuevo frente político para el Gobierno
La polémica amenaza con convertirse en un importante desgaste político para el Ejecutivo. La oposición considera que las últimas revelaciones contradicen el discurso de transparencia mantenido por el Gobierno sobre los rescates empresariales.
Mientras tanto, el caso Belén Gualda Plus Ultra continúa creciendo tanto en el plano político como en el judicial. Las próximas comparecencias parlamentarias y las posibles decisiones de la Audiencia Nacional podrían marcar el futuro de una de las operaciones más controvertidas financiadas con dinero público en los últimos años.
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