El Ayuntamiento de Santiago vuelve a situarse en el centro de la polémica tras confirmar el pago de 42.000 euros al exregidor Ángel Currás, en concepto de defensa jurídica por su implicación en una pieza de la macrocausa conocida como Operación Pokémon, posteriormente archivada por la Justicia.
Una decisión que reabre el debate sobre la gestión de los fondos públicos y la asunción de costes legales de cargos imputados en casos de presunta corrupción que, aunque terminan archivados, dejan un profundo impacto político y económico en las instituciones.
El Concello asume la defensa de Currás tras el archivo judicial
El Concello de Santiago de Compostela ha aprobado en Xunta de Goberno el abono de 42.000 euros correspondientes a la defensa legal del exalcalde Ángel Currás, imputado en su día por su presunta participación en una red de tráfico de influencias, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
La causa formaba parte de la conocida macroinvestigación de la jueza Pilar de Lara, centrada en supuestos pagos y regalos a cargos públicos a cambio de adjudicaciones y contratos municipales.
Entre los hechos investigados figuraba la adjudicación del contrato de gestión de la escuela infantil municipal de Salgueiriños, uno de los puntos más sensibles del caso en la capital gallega.
Finalmente, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago de Compostela decretó en 2023 el sobreseimiento y archivo de la causa, al no prosperar las acusaciones.
La ‘Operación Pokémon’, una de las mayores causas de corrupción municipal en Galicia
La pieza en la que se vio implicado Currás se enmarca dentro de la macrocausa Operación Pokémon, uno de los mayores escándalos de presunta corrupción política en Galicia en la última década.
El caso investigaba una supuesta red de empresas y responsables políticos que habrían operado mediante contratos públicos amañados, influencias y favores administrativos, afectando a varias administraciones locales.
Aunque muchos procedimientos han terminado archivados, el caso dejó una profunda huella en la imagen institucional de numerosos ayuntamientos gallegos.
Debate político: ¿deben los ciudadanos pagar la defensa de cargos imputados?
La decisión del Concello de asumir el coste de la defensa de Currás reabre un debate incómodo: la utilización de dinero público para cubrir los gastos jurídicos de cargos investigados en causas de corrupción, incluso cuando estas terminan sin condena.
Desde sectores críticos, se cuestiona si este tipo de decisiones envían un mensaje adecuado a la ciudadanía, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia la clase política sigue siendo elevada.
El caso vuelve a poner bajo el foco la responsabilidad institucional y la necesidad de establecer criterios más estrictos sobre el uso de fondos públicos en procedimientos judiciales que afectan a exresponsables políticos.
Un segundo acuerdo: nueva residencia para víctimas de violencia de género
En la misma reunión de la Xunta de Goberno, el Concello también aprobó la concesión de licencia para la reforma de un edificio destinado a residencia de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género.
El proyecto contará con una inversión superior a 480.000 euros y permitirá acondicionar un inmueble de tres plantas con 401 metros cuadrados, que incluirá espacios comunes y once dormitorios destinados a la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Un Concello entre la gestión social y las sombras del pasado judicial
Mientras el gobierno local impulsa proyectos sociales de alto impacto, decisiones como el pago a exresponsables investigados en causas de corrupción mantienen vivo el debate sobre la transparencia, la responsabilidad política y el uso del dinero público.
La dualidad entre la acción social y la gestión de episodios judiciales del pasado sigue marcando la agenda política en Santiago.
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