Los gobiernos nacionalistas de las tres naciones reivindican su derecho a decidir su futuro y apuestan por reconstruir sus vínculos con la Unión Europea. Downing Street responde que la prioridad debe ser el coste de la vida y no abrir nuevos referéndums.
El debate territorial vuelve a sacudir los cimientos del Reino Unido. Los partidos que gobiernan Escocia, Gales e Irlanda del Norte han firmado en Cardiff una declaración conjunta en la que reivindican el derecho a la autodeterminación, cuestionan la capacidad de Westminster para impedir futuros procesos democráticos y sostienen que el futuro de sus respectivas naciones debe estar ligado a la Unión Europea.
La iniciativa reúne al Partido Nacional Escocés (SNP), Plaid Cymru y Sinn Féin, tres formaciones con proyectos constitucionales diferentes pero unidas ahora por una tesis común: Londres no debería tener la última palabra sobre el futuro territorial de las naciones que integran el Reino Unido.
La respuesta de Downing Street ha sido inmediata. El Gobierno británico pide evitar quedar atrapado en nuevos debates constitucionales y sostiene que los dirigentes regionales deberían concentrarse en problemas cotidianos como el coste de la vida y la seguridad económica.
Escocia, Gales e Irlanda del Norte reivindican el «derecho a la autodeterminación»
La declaración fue suscrita por los dirigentes de los partidos gobernantes de las tres naciones: John Swinney, ministro principal de Escocia y líder del SNP; Rhun ap Iorwerth, ministro principal galés y dirigente de Plaid Cymru; y Michelle O’Neill, ministra principal de Irlanda del Norte y dirigente del Sinn Féin.
Los tres defienden que «ningún Gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia» ni a impedir que sus respectivas sociedades decidan sobre su futuro constitucional.
La declaración no establece, sin embargo, un procedimiento único.
Los firmantes reconocen expresamente que sus partidos mantienen posiciones constitucionales diferentes y que cada territorio deberá decidir «a su manera y en su propio tiempo».
Es una precisión importante porque las circunstancias políticas, históricas y jurídicas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte son muy distintas.
Los nacionalistas señalan al Brexit y miran hacia la Unión Europea
La segunda parte del mensaje apunta directamente al Brexit.
Los tres dirigentes sostienen que la salida británica de la Unión Europea ha perjudicado económicamente a sus territorios y limitado las oportunidades de sus ciudadanos.
«Creemos que el futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea», proclaman.
Su intención declarada es reforzar las relaciones europeas para generar nuevas oportunidades en comercio, inversión, cultura y cooperación.
El mensaje introduce así la UE en el centro de una cuestión que inicialmente podría parecer exclusivamente territorial.
Para los nacionalistas, la independencia o una futura reunificación irlandesa no se plantea únicamente como una ruptura con Londres, sino también como una eventual vía para reordenar la relación de sus territorios con Europa.
El Brexit dejó profundas diferencias territoriales
El referéndum celebrado el 23 de junio de 2016 mostró precisamente esas diferencias.
El Reino Unido decidió abandonar la UE con un 51,9 % de los votos, frente al 48,1 % favorable a permanecer.
Pero Escocia votó claramente en sentido contrario: aproximadamente un 62 % respaldó continuar dentro de la Unión Europea.
En Irlanda del Norte también venció la permanencia, con alrededor del 55,8 %.
Gales, en cambio, votó mayoritariamente por abandonar la UE, con aproximadamente un 52,5 %.
Este último dato introduce una diferencia sustancial en la alianza actual. El europeísmo de Plaid Cymru no implica que el electorado galés hubiese compartido mayoritariamente esa posición durante el referéndum del Brexit.
La declaración de Cardiff pretende ahora construir un frente político común que trascienda aquellas diferencias.
Escocia mantiene abierta la herida del referéndum de 2014
El caso escocés es el que cuenta con el precedente independentista más inmediato.
Escocia celebró en 2014 un referéndum de independencia pactado con el Gobierno británico.
El resultado fue favorable a permanecer dentro del Reino Unido: el 55,3 % votó «no» a la independencia y el 44,7 % respaldó el «sí».
La consulta debía resolver durante un período considerable la cuestión constitucional.
Pero apenas dos años después llegó el Brexit.
El SNP sostiene desde entonces que las circunstancias cambiaron sustancialmente porque Escocia fue sacada de la Unión Europea pese a que una amplia mayoría de sus votantes había respaldado permanecer.
Desde Londres se ha rechazado hasta ahora conceder fácilmente una nueva consulta.
La declaración conjunta intenta aumentar la presión política para cambiar esa situación.
Westminster, en el centro de la batalla por un segundo referéndum
Los nacionalistas introducen deliberadamente un concepto políticamente explosivo: quién tiene derecho a decidir cuándo puede celebrarse un referéndum.
Los dirigentes reunidos en Cardiff sostienen que Westminster no debería poder bloquear indefinidamente esa posibilidad.
El Gobierno británico defiende, en cambio, la integridad constitucional del Reino Unido y recuerda implícitamente que la cuestión no depende únicamente de la voluntad de los ejecutivos autonómicos.
Según la información facilitada, el primer ministro británico, Andy Burnham, había admitido que podría producirse otro referéndum escocés si existiese suficiente respaldo social.
Burnham habría señalado ante el Parlamento que las condiciones democráticas deberían analizarse bajo principios comparables a los aplicados en Irlanda del Norte.
La declaración de Cardiff busca precisamente convertir esa apertura en presión política.
Irlanda del Norte juega con unas reglas diferentes
El caso norirlandés es constitucionalmente distinto.
Los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, que resultaron fundamentales para poner fin a décadas de violencia, contemplan la posibilidad de modificar el estatus constitucional de Irlanda del Norte mediante mecanismos democráticos.
Sinn Féin defiende históricamente la reunificación de Irlanda.
El avance electoral del nacionalismo irlandés alcanzó un punto simbólico en las elecciones autonómicas de 2022, cuando Sinn Féin se convirtió en la formación más votada.
La crisis institucional posterior retrasó la formación efectiva del Ejecutivo y Michelle O’Neill no asumió como ministra principal hasta 2024.
Fue un acontecimiento histórico: por primera vez desde la creación de las instituciones derivadas de los Acuerdos de Viernes Santo, una dirigente nacionalista ocupaba el principal puesto del Gobierno norirlandés.
La declaración de Cardiff aumenta ahora la dimensión internacional de esa estrategia.
Gales entra con más fuerza en el debate constitucional
La incorporación de Gales resulta particularmente significativa.
El nacionalismo galés ha tenido históricamente un peso político y electoral diferente al del SNP en Escocia o Sinn Féin en Irlanda del Norte.
Sin embargo, la llegada de Rhun ap Iorwerth y Plaid Cymru al Gobierno galés introduce una nueva realidad.
El dirigente nacionalista logró la mayoría en el Senedd, el Parlamento galés, y ahora utiliza esa posición institucional para impulsar una agenda que reclama mayor soberanía política.
La fotografía de Cardiff pretende transmitir precisamente eso: la discusión sobre el futuro territorial británico ya no se limita a Escocia.
Una alianza nacionalista con proyectos diferentes
La declaración conjunta no significa que SNP, Sinn Féin y Plaid Cymru persigan exactamente el mismo objetivo.
El SNP busca una Escocia independiente.
Plaid Cymru defiende la independencia de Gales.
Sinn Féin pretende la reunificación de Irlanda, lo que implicaría que Irlanda del Norte abandonase el Reino Unido para integrarse en una Irlanda unificada.
Son tres proyectos diferentes unidos por un adversario constitucional común: la autoridad central de Westminster.
Los firmantes consideran que la decisión final debe corresponder a los ciudadanos de cada territorio.
Y creen que el momento para impulsar cambios constitucionales se está acercando.
«Nuestros movimientos cuentan con impulso; creemos que el cambio constitucional está por llegar», señalan.
Los nacionalistas también atacan el modelo económico de Londres
La declaración no se limita a independencia y referéndums.
Los tres partidos intentan vincular sus reivindicaciones territoriales con economía, desigualdad, energía y coste de la vida.
Los dirigentes rechazan lo que califican como un «modelo económico fallido» dirigido desde Whitehall y defienden construir economías más productivas, capaces de generar empleos y distribuir mejor la riqueza.
También pretenden ampliar el aprovechamiento de los recursos energéticos propios, especialmente las energías renovables.
La estrategia política es evidente: presentar una mayor autonomía o independencia no exclusivamente como una reivindicación identitaria, sino como un proyecto económico alternativo al centralismo británico.
Londres responde: la prioridad es el coste de la vida
Downing Street ha contestado precisamente atacando ese planteamiento.
El Gobierno británico considera que los responsables políticos deberían dedicar sus esfuerzos a resolver los problemas económicos inmediatos en lugar de abrir otra etapa de disputas constitucionales.
Un portavoz del primer ministro defendió que el Reino Unido funciona mejor cuando sus ciudadanos se unen alrededor de valores compartidos y soluciones a problemas concretos.
La prioridad de Londres será, según esa posición, reducir la presión sobre las finanzas familiares y proporcionar mayor seguridad económica.
El Ejecutivo británico no quiere, por tanto, que la agenda política quede nuevamente dominada por referéndums de independencia y debates territoriales.
La gran pregunta: ¿pueden volver a la UE automáticamente?
La declaración contiene una afirmación políticamente poderosa —«nuestro futuro pertenece a la Unión Europea»—, pero existe una cuestión jurídica que suele quedar diluida en el discurso político.
Una Escocia o un Gales independientes no tendrían garantizada automáticamente su incorporación a la UE simplemente por separarse del Reino Unido.
Una eventual adhesión tendría que desarrollarse conforme al marco jurídico europeo aplicable y requeriría negociaciones y el consentimiento correspondiente de los Estados miembros.
Irlanda del Norte presenta nuevamente una situación diferente debido a la posibilidad de una reunificación con la República de Irlanda, que ya pertenece a la Unión Europea.
Por eso hablar de un «futuro en la UE» constituye principalmente un objetivo político, no una incorporación automática ya asegurada.
El debate británico también resulta incómodo para España
La ofensiva nacionalista británica tiene inevitablemente una lectura desde España.
Durante años, los movimientos independentistas españoles han utilizado los casos de Escocia y Quebec, entre otros, como referencias para defender consultas de autodeterminación.
Pero las realidades constitucionales son diferentes.
El referéndum escocés de 2014 se celebró después de un acuerdo político y jurídico entre Londres y Edimburgo. No fue una consulta unilateral contra una prohibición expresa del Estado.
Irlanda del Norte, por su parte, dispone de un marco específico derivado de un acuerdo internacional de paz.
Trasladar mecánicamente esos modelos al caso español ignoraría diferencias esenciales entre las constituciones, las competencias territoriales y los respectivos marcos jurídicos.
Eso no impedirá que el nuevo frente de Cardiff sea utilizado políticamente por los movimientos separatistas de otros países europeos.
La Unión Europea vuelve a aparecer en una batalla territorial
La UE se encuentra ante una cuestión delicada.
Por un lado, el Brexit fue una decisión del conjunto del Reino Unido y Bruselas mantiene relaciones institucionales con Londres.
Por otro, existen movimientos políticos dentro del país que quieren abandonar el Reino Unido precisamente para acercarse nuevamente al proyecto europeo.
Bruselas deberá evitar convertirse en árbitro de conflictos constitucionales internos mientras esos territorios sigan formando parte del Estado británico.
La declaración conjunta, sin embargo, intenta enviar un mensaje directamente al continente: Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren que Europa forme parte de la conversación sobre su futuro.
El Reino Unido vuelve a enfrentarse a sus tensiones internas
La reunión de Cardiff no significa que la ruptura del Reino Unido sea inminente.
Para transformar las declaraciones políticas en cambios constitucionales serán necesarios apoyo social suficiente, procedimientos jurídicos y decisiones políticas de enorme trascendencia.
Escocia ya rechazó la independencia en 2014. Gales presenta una trayectoria política diferente. Irlanda del Norte dispone de su propio marco derivado del proceso de paz.
Pero que los tres gobiernos nacionalistas hayan decidido coordinar públicamente sus reivindicaciones supone un cambio político significativo.
Londres quiere hablar de salarios, facturas y crecimiento.
Los nacionalistas quieren hablar también de soberanía, Brexit, Europa y derecho a decidir.
La batalla que comienza ahora será precisamente determinar qué cuestión preocupa más a los ciudadanos.
Porque detrás de la declaración de Cardiff existe una pregunta mucho mayor que cualquier disputa entre partidos: si el Reino Unido surgido del Brexit seguirá manteniendo durante las próximas décadas la misma estructura territorial o si las fuerzas centrífugas acabarán transformándolo profundamente.
