BBVA Research constata que la inversión pública pasó del 2,2% al 2,9% del PIB, mientras la productividad por ocupado permanece estancada desde 2019.
Cinco años después de la puesta en marcha de los fondos Next Generation EU, la pregunta ya no es cuánto dinero ha anunciado España, sino qué transformación económica puede acreditarse con él.
El balance ofrece una fotografía incómoda: la inversión pública ha aumentado, pero menos de lo previsto; la productividad continúa prácticamente estancada y el efecto sobre la inversión privada no aparece con la intensidad esperada.
El último análisis de BBVA Research, publicado el 21 de septiembre de 2026, cifra en 62 726 millones de euros los contratos y ayudas financiados con transferencias del Plan de Recuperación adjudicados entre 2021 y junio de 2026. El banco considera limitado el efecto tractor sobre la inversión privada y la productividad.
El dato merece una precisión: otras contabilizaciones utilizadas en el debate público elevan el volumen adjudicado hasta julio de 2026. Por tanto, 69 035 millones y 62 726 millones no deben presentarse como cifras correspondientes exactamente al mismo corte estadístico.
La cuestión de fondo, sin embargo, permanece: movilizar miles de millones no equivale automáticamente a transformar la capacidad productiva de una economía.
El gran examen de los fondos europeos llega al final
El programa europeo nació como una respuesta extraordinaria a la crisis provocada por la pandemia.
La Comisión Europea diseñó el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) como un instrumento condicionado al cumplimiento de hitos y objetivos. España presentó su plan en 2021 y posteriormente lo modificó en varias ocasiones. La versión actualmente recogida por la Comisión contempla 102 000 millones de euros, de los que 79 000 millones corresponden a subvenciones y 23 000 millones a préstamos.
El objetivo no era simplemente gastar.
El propio diseño europeo perseguía reformas e inversiones capaces de mejorar la productividad, digitalización, transición energética, innovación, empleo y resiliencia económica.
Por eso, el indicador decisivo no debería ser exclusivamente el número de convocatorias publicadas ni el dinero anunciado.
La pregunta es otra:
¿Ha aumentado de forma apreciable la capacidad de crecimiento de la economía española?
Los datos disponibles hasta ahora obligan, como mínimo, a plantear dudas.
La inversión pública sube, pero se queda lejos del objetivo
Uno de los principales indicadores analizados por BBVA Research es la inversión pública.
En 2019, antes de la pandemia, representaba el 2,2% del PIB.
En 2025 había aumentado hasta el 2,9%.
El incremento existe. Pero queda lejos del entorno del 4% del PIB que se planteó como referencia durante la puesta en marcha del programa y también por debajo de la media de la Unión Europea, situada en torno al 3,7% del PIB.
La conclusión de BBVA Research es especialmente relevante: pese al volumen extraordinario de recursos europeos, no se ha cerrado la brecha de inversión pública con el resto de la Unión Europea.
Esto no demuestra por sí solo que los fondos hayan sido un fracaso.
Sí demuestra, en cambio, que el aumento de recursos europeos no se ha traducido en un salto proporcional de la inversión pública española.
Y esa diferencia es fundamental.
El problema del efecto tractor
La defensa habitual de este tipo de programas es que el gasto público extraordinario puede generar inversión adicional del sector privado.
El mecanismo teórico es sencillo: las ayudas y contratos públicos impulsan determinados sectores, las empresas invierten, aumenta la demanda y el efecto inicial termina multiplicándose sobre el conjunto de la economía.
Pero BBVA Research advierte de que el efecto neto significativo sobre el conjunto de la economía no ha quedado demostrado.
El banco sí encuentra señales de que el crédito a empresas beneficiarias de fondos NGEU ha crecido más que en licitaciones ordinarias. Sin embargo, esa circunstancia no permite concluir que el programa haya generado por sí mismo un aumento equivalente de la inversión privada agregada.
La diferencia entre ambas cosas es esencial.
Una empresa que recibe fondos europeos puede aumentar su actividad sin que la economía española haya incrementado en la misma proporción su stock productivo total.
La inversión privada tampoco ofrece el salto esperado
Los fondos europeos pretendían actuar como una palanca.
La expectativa era que el dinero público movilizara recursos privados adicionales.
Sin embargo, según los datos recogidos en el análisis de partida, la inversión privada como porcentaje del PIB seguía en 2025 cuatro décimas por debajo del nivel de 2019.
Ese dato resulta especialmente relevante porque permite separar dos conceptos que a menudo se confunden: gasto público y transformación productiva.
Una economía puede recibir una cantidad extraordinaria de recursos públicos y, al mismo tiempo, no experimentar un aumento equivalente de la inversión privada.
Precisamente por eso BBVA Research identifica como uno de los problemas pendientes la baja inversión privada en I+D, junto a la fragmentación regulatoria y los desajustes entre formación y necesidades del mercado laboral.
El dato que más preocupa: la productividad
Si existe un indicador capaz de determinar si una economía está aumentando su capacidad productiva, ese es la productividad.
Y aquí el balance resulta particularmente débil.
BBVA Research señala que el PIB real por persona ocupada se ha estancado entre 2019 y 2026.
Es decir, después de varios años y de un programa extraordinario de inversión, la producción real generada por cada trabajador no muestra un avance significativo en el periodo analizado.
Si se utiliza la productividad por hora trabajada, la fotografía mejora ligeramente, pero sigue siendo modesta: el PIB real por hora habría aumentado a un ritmo aproximado del 0,4% anual durante el periodo considerado.
Los datos del INE también muestran la debilidad reciente de este indicador: en el segundo trimestre de 2026, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo creció un 0,4% interanual, mientras la productividad por hora efectivamente trabajada cayó un 0,1% interanual en ese trimestre.
El problema de fondo no es que España no crezca.
El PIB español continúa aumentando.
El problema es cuánto crecimiento se consigue por cada trabajador y por cada hora trabajada.
El 1% de los beneficiarios concentra el 71,4% de los fondos adjudicados
La distribución de los fondos constituye otro de los puntos relevantes.
Un análisis de EsadeEcPol, con datos hasta el 12 de marzo de 2026, registraba 90 718 millones de euros convocados en transferencias y 63 403 millones adjudicados. El estudio advertía de una importante diferencia entre convocatorias y adjudicaciones y señalaba que adjudicar fondos tampoco equivale necesariamente a haberlos ejecutado presupuestariamente.
Pero existe otro dato todavía más llamativo.
Según EsadeEcPol, el 1% de los beneficiarios con mayores adjudicaciones concentraba el 71,4% del valor total adjudicado.
La concentración se explica fundamentalmente por grandes infraestructuras, PERTE y consorcios estratégicos.
Esto no implica que exista irregularidad.
Tampoco significa que una concentración elevada sea necesariamente ineficiente: grandes proyectos de infraestructuras requieren inversiones multimillonarias.
Pero sí plantea una cuestión económica relevante:
¿Hasta qué punto los fondos están llegando a la economía productiva ordinaria y hasta qué punto se concentran en grandes proyectos y grandes beneficiarios?
EsadeEcPol considera precisamente la concentración y los cuellos de botella administrativos como algunos de los principales retos del programa en su fase final.
Construcción, comercio y grandes proyectos concentran buena parte del dinero
El análisis de EsadeEcPol muestra además una elevada concentración sectorial.
La construcción aparece como el sector con mayor volumen de concesiones entre empresas, con más de 13 000 millones de euros, seguida por actividades como comercio, información y comunicaciones, tratamiento de aguas, actividades profesionales y transporte.
En cambio, educación y salud sumaban conjuntamente menos de 1 300 millones de euros en la clasificación analizada.
Esto no permite afirmar que el programa haya abandonado el capital humano: el plan español contiene numerosas reformas e inversiones en educación, formación y empleo.
Pero sí revela una característica del patrón de ejecución: una parte importante del esfuerzo financiero se concentra en capital físico, infraestructuras y grandes proyectos.
El dinero adjudicado no es lo mismo que el dinero ejecutado
Esta distinción merece especial atención.
En el debate político se utilizan con frecuencia términos como movilizado, convocado, adjudicado, concedido, pagado y ejecutado como si fueran equivalentes.
No lo son.
EsadeEcPol advertía en abril de 2026 de que existía una diferencia de aproximadamente 27 000 millones de euros entre fondos convocados y adjudicados según sus datos de marzo. Además, señalaba expresamente que una cantidad adjudicada no equivale necesariamente a una cantidad ya ejecutada presupuestariamente.
Por eso, el dato que permite medir mejor el resultado económico no es simplemente cuánto dinero se ha anunciado.
Hay que seguir todo el recorrido:
convocatoria → adjudicación → ejecución → inversión efectiva → impacto económico.
El último eslabón es el más importante.
¿Se sustituyó gasto nacional por fondos europeos?
Aquí aparece una de las preguntas más incómodas.
Si el Estado recibe recursos europeos para financiar una determinada inversión, puede liberar recursos que de otro modo habría tenido que aportar con cargo al presupuesto nacional.
Eso no significa necesariamente que exista un uso incorrecto.
Pero sí implica que la llegada de fondos europeos no siempre equivale a una inversión adicional de la misma magnitud.
Precisamente por eso el efecto tractor debe analizarse con cuidado.
BBVA Research concluye que el efecto sobre la inversión privada y la productividad ha sido limitado, aunque también advierte de que el contexto económico estuvo condicionado por múltiples perturbaciones, entre ellas la guerra de Ucrania, la crisis energética y otros shocks.
Este último matiz es importante: no resulta metodológicamente correcto atribuir exclusivamente a los fondos europeos la evolución de la productividad española.
La comparación debe hacerse teniendo en cuenta el entorno económico en el que se ejecutó el programa.
No todo el balance es negativo
Una evaluación rigurosa tampoco permite afirmar que cada euro invertido haya sido inútil.
La Comisión Europea sostiene que el plan español ha financiado reformas e inversiones en ámbitos como la transición energética, digitalización, conectividad, formación, innovación y modernización de la economía.
Además, el mecanismo europeo es un instrumento basado en resultados: los desembolsos están vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos acordados con la Comisión.
Eso significa que existen proyectos concretos que pueden producir beneficios aunque el impacto macroeconómico agregado sea menor de lo esperado.
La cuestión, por tanto, no es si se ha hecho algo con los fondos.
La cuestión es si el programa ha producido el salto estructural prometido.
Y en ese punto los datos disponibles son mucho menos concluyentes.
Un programa extraordinario frente a una productividad que apenas avanza
El contraste puede resumirse en tres cifras:
- 2,2% del PIB: inversión pública española en 2019.
- 2,9% del PIB: inversión pública en 2025.
- 0,4% anual: crecimiento aproximado de la productividad por hora en el periodo analizado por BBVA Research.
La fotografía muestra un aumento de la inversión pública, pero no un cambio radical de tendencia.
Y ahí se encuentra probablemente el principal desafío de la política económica española: no basta con ejecutar fondos europeos; hay que conseguir que esos recursos eleven la productividad potencial y generen inversión privada adicional.
El verdadero balance se conocerá cuando desaparezca el dinero europeo
Los fondos Next Generation tienen una fecha límite.
La normativa europea exige completar los hitos y objetivos de los planes nacionales antes de agosto de 2026.
Por eso, el examen definitivo no termina cuando Bruselas certifica un hito.
Empieza después.
Cuando desaparezca el flujo extraordinario de dinero europeo habrá que comprobar si las empresas mantienen las inversiones, si las infraestructuras generan actividad, si la digitalización mejora la productividad y si las reformas producen efectos permanentes.
Ese será el verdadero test del programa.
Porque convocar ayudas es relativamente sencillo.
Adjudicar contratos también.
Lo difícil es conseguir que una economía que arrastra problemas estructurales de productividad, inversión privada e innovación salga de ese ciclo.
La conclusión: mucho dinero, pero una transformación todavía por demostrar
El balance de los fondos Next Generation no puede reducirse a una cifra única.
Hay avances en ejecución. Existen proyectos concretos. España ha recibido y canalizado una cantidad extraordinaria de recursos europeos y la Comisión Europea ha certificado el cumplimiento de numerosos hitos.
Pero los datos independientes analizados por BBVA Research y EsadeEcPol muestran también problemas relevantes: concentración de las adjudicaciones, diferencia entre fondos convocados y adjudicados, un aumento de la inversión pública inferior al objetivo planteado y una productividad que apenas ha avanzado desde 2019.
Por eso, presentar el programa simplemente como un éxito porque se han movilizado decenas de miles de millones sería tan incompleto como calificar de fracaso absoluto cada una de sus actuaciones.
El dato verdaderamente incómodo es otro:
España ha dispuesto de una oportunidad financiera extraordinaria y todavía no puede acreditar un salto equivalente en productividad.
El dinero europeo puede financiar carreteras, trenes, digitalización, energía o modernización administrativa.
Pero no puede sustituir indefinidamente a las reformas que determinan la capacidad de una economía para crecer.
El reto empieza precisamente cuando los fondos extraordinarios dejan de llegar.
