La líder opositora alerta sobre la falta de transparencia del acuerdo que da a Estados Unidos el control mayoritario sobre 65 000 millones de barriles y exige legitimidad democrática para garantizar las inversiones.
María Corina Machado ha roto su silencio sobre el histórico acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. La dirigente opositora no reclama romper la alianza energética con Washington, pero plantea una cuestión políticamente explosiva: qué legitimidad tiene el Gobierno interino de Delcy Rodríguez para comprometer una parte gigantesca de los recursos naturales venezolanos.
«¿Quién firma? ¿Qué es lo que realmente se firma? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo beneficia esto a los venezolanos?», planteó Machado en un mensaje difundido este jueves.
Su intervención llega después del acuerdo anunciado por Donald Trump, que contempla el control mayoritario estadounidense sobre unos 65 000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, distribuidos en 17 campos. La cifra representa más del 20% de los aproximadamente 303 000 millones de barriles de reservas probadas del país.
Machado pone el foco en Delcy Rodríguez
La crítica de Machado no está dirigida contra la cooperación con Estados Unidos. De hecho, considera a Washington el principal socio que Venezuela necesita para desarrollar plenamente su potencial estratégico.
El problema, según su planteamiento, es quién administra los recursos y bajo qué garantías.
Machado calificó al Ejecutivo venezolano de «régimen ilegítimo» y defendió que los recursos naturales pertenecen a los ciudadanos. La dirigente sostiene que una inversión de semejante magnitud necesita seguridad jurídica, estabilidad institucional, rentabilidad y legitimidad democrática.
Su mensaje introduce así una incómoda contradicción en la nueva estrategia estadounidense: Washington busca movilizar inversiones multimillonarias para recuperar la industria petrolera venezolana mientras sigue abierta la cuestión sobre cuándo se celebrarán nuevas elecciones.
Un acuerdo por 65 000 millones de barriles
Trump anunció el 28 de agosto un acuerdo mediante el que Estados Unidos obtiene, a través de una asociación con empresas privadas, el control mayoritario sobre aproximadamente 65 000 millones de barriles de petróleo venezolano.
El proyecto comprende 17 campos petrolíferos, principalmente en la Faja del Orinoco y la zona del lago de Maracaibo.
La Administración estadounidense presenta la operación como una oportunidad para recuperar una industria que lleva décadas muy por debajo de su potencial.
Venezuela produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, frente a los aproximadamente 3 millones diarios que llegó a extraer a finales de la década de 1990.
El deterioro de las infraestructuras, la falta de inversión, años de mala gestión y corrupción, además de las sanciones internacionales, explican buena parte de esa pérdida de capacidad.
Delcy Rodríguez promete 100 000 millones de inversión
El Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez presenta el acuerdo desde una perspectiva radicalmente distinta.
Según las cifras anunciadas por Caracas, la asociación podría movilizar aproximadamente 100 000 millones de dólares en inversión privada, crear miles de puestos de trabajo y aportar unos 209 000 millones de dólares en ingresos fiscales para Venezuela.
Son proyecciones gubernamentales, no resultados garantizados. El desarrollo efectivo dependerá de las condiciones jurídicas, las inversiones realizadas, el estado de las infraestructuras y la evolución política venezolana.
Compañías internacionales como Chevron, Eni y GE Vernova también han anunciado compromisos para ampliar proyectos relacionados con el sector energético venezolano.
María Corina Machado advierte del problema de legitimidad
Aquí aparece el núcleo de la advertencia de Machado.
La dirigente opositora sostiene que Venezuela necesita inversiones enormes, pero argumenta que el dinero no solucionará por sí mismo los problemas estructurales del país.
Para recuperar la industria petrolera es necesario reconstruir también la generación eléctrica, los puertos, las cadenas de suministro y la capacidad operativa del Estado.
Machado defiende por ello una relación económica con Estados Unidos basada en un modelo de beneficio mutuo, pero condicionada a un marco institucional fiable.
Según declaró a propósito de las inversiones petroleras, únicamente un Gobierno «serio y democrático» puede proporcionar la estabilidad a largo plazo que necesitan los inversores.
La cuestión es particularmente relevante en proyectos petroleros. Recuperar yacimientos deteriorados puede requerir inversiones multimillonarias cuyo retorno se extiende durante años o décadas. Sin estabilidad normativa y garantías contractuales, aumenta el riesgo para quienes aportan el capital.
«Los enemigos de Estados Unidos están en Miraflores»
Machado ha ido incluso más lejos en su mensaje político a Washington.
La dirigente aseguró que los «enemigos» de Estados Unidos en Venezuela se encuentran actualmente en Miraflores, sede de la Presidencia venezolana. La afirmación constituye una acusación política de Machado contra el Gobierno interino y debe entenderse como tal, no como una conclusión independiente sobre todos sus integrantes.
Su estrategia resulta delicada.
Por una parte, Machado evita enfrentarse frontalmente a Trump y respalda una asociación estratégica entre Venezuela y Estados Unidos. Por otra, cuestiona que Washington construya esa relación económica apoyándose en el Ejecutivo de Delcy Rodríguez.
No ha pedido anular el acuerdo petrolero. Su exigencia se concentra en conocer quién firma, qué garantías existen, de dónde llegará el capital y qué beneficio obtendrán realmente los venezolanos.
Petróleo, democracia y el futuro de Venezuela
El debate va mucho más allá del petróleo.
La incógnita política continúa siendo si la recuperación económica impulsada por Estados Unidos terminará acompañada de una normalización democrática y nuevas elecciones, o si Washington priorizará la estabilidad y el acceso a los recursos energéticos.
Machado reivindica el voto como instrumento fundamental para devolver la soberanía política a los venezolanos y vincula directamente la seguridad de las futuras inversiones con la existencia de instituciones democráticas.
Mientras tanto, Trump ha expresado dudas sobre la celebración inmediata de elecciones al considerar que Venezuela todavía no está preparada.
Ahí reside precisamente el gran dilema de la nueva Venezuela: Estados Unidos quiere petróleo, inversión y estabilidad; Machado exige que esa reconstrucción económica desemboque también en legitimidad democrática.
El acuerdo de los 65 000 millones de barriles puede convertirse en uno de los mayores proyectos energéticos de las próximas décadas. Pero las preguntas planteadas por María Corina Machado siguen pendientes: quién controla realmente el negocio, qué garantías existen y, sobre todo, quién decidirá políticamente el futuro de Venezuela.
