El Consejo de Política Fiscal y Financiera debatirá el 4 de septiembre un nuevo modelo de financiación autonómica que llega marcado por su origen bilateral con ERC y por el rechazo expresado por casi todas las comunidades.
El Gobierno de Pedro Sánchez afrontará el próximo 4 de septiembre una nueva prueba de fuerza con las comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) deberá debatir la reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por Hacienda, una propuesta que llega precedida por una fuerte contestación territorial y por una cuestión política que condiciona todo el debate: sus bases nacieron de las negociaciones del Ejecutivo con ERC.
El choque reproduce en buena medida la estrategia seguida anteriormente con la condonación de deuda autonómica. Primero se alcanza un acuerdo político con los independentistas catalanes y después se extiende su aplicación al conjunto de comunidades para defender que los beneficios no corresponden exclusivamente a Cataluña.
La diferencia es que, en esta ocasión, la resistencia territorial ha sido especialmente amplia.
Cuando Hacienda presentó las líneas del nuevo sistema en enero, todas las comunidades salvo Cataluña expresaron su rechazo, según la información disponible. Y la oposición no procedió únicamente de gobiernos del Partido Popular: también Castilla-La Mancha y Asturias, ambas administradas por el PSOE, cuestionaron que una reforma de alcance nacional surgiera de una negociación previa y bilateral con ERC.
El 4 de septiembre, nueva batalla en el Consejo de Política Fiscal
El Ministerio de Hacienda, dirigido actualmente por Arcadi España, había previsto inicialmente reunir el CPFF el 29 de julio.
Las comunidades gobernadas por el PP pidieron aplazar el encuentro al considerar que el nuevo modelo mantenía buena parte de las características que ya habían sido rechazadas meses atrás.
Los gobiernos autonómicos populares denunciaron en una carta que una reforma «pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás» no podía someterse a votación de forma precipitada.
Finalmente, Hacienda trasladó la reunión al 4 de septiembre.
Ese aplazamiento no ha resuelto el conflicto político de fondo.
La discusión no gira únicamente alrededor de cuánto dinero recibirá cada territorio, sino también sobre quién ha participado en el diseño de las nuevas reglas y con qué criterios se ha construido el modelo.
Una reforma que nació de las negociaciones con ERC
El problema para el Gobierno reside precisamente en el origen de la propuesta.
Las bases del nuevo sistema fueron negociadas inicialmente con Esquerra Republicana de Catalunya, en un contexto político marcado por los acuerdos alcanzados con el independentismo catalán.
Posteriormente, el Ejecutivo ha presentado el modelo como una reforma destinada al conjunto de las comunidades autónomas.
La Moncloa defiende que el sistema incrementará los recursos disponibles y reducirá desigualdades en la financiación por habitante.
Las comunidades críticas responden que una reforma que determinará la distribución de cientos de miles de millones de euros no debería surgir de una negociación bilateral previa con una sola comunidad y una sola fuerza política.
Ahí se encuentra uno de los grandes puntos de fricción.
Hacienda promete casi 21 000 millones adicionales en 2027
La propuesta del Gobierno contempla repartir en 2027 alrededor de 20 975 millones de euros adicionales respecto a lo que recibirían las comunidades si continuara vigente el sistema actual.
Los recursos totales alcanzarían los 224 507 millones de euros, según las cifras planteadas por Hacienda.
El Ministerio sostiene que el nuevo diseño busca reforzar la solidaridad interterritorial y disminuir las diferencias existentes en financiación por habitante.
Sobre el papel, por tanto, todas las comunidades podrían disponer de más recursos.
Pero esa mejora global no elimina el debate sobre el reparto efectivo ni sobre las ventajas relativas que pueda obtener cada territorio.
Tampoco resuelve las críticas sobre el procedimiento político seguido para construir el nuevo modelo.
El precedente de la condonación de deuda
La discusión recuerda inevitablemente al conflicto provocado por la condonación de deuda autonómica.
Aquella operación también tuvo su origen en las negociaciones entre el Gobierno y ERC vinculadas a la investidura de Sánchez.
Posteriormente, el Ejecutivo decidió extender el mecanismo a todas las comunidades de régimen común.
El Estado podría asumir hasta 83 252 millones de euros de deuda autonómica.
Dentro del reparto máximo previsto, Andalucía podría beneficiarse de una condonación de 18 791 millones, mientras que Cataluña alcanzaría los 17 104 millones.
La Comunidad Valenciana podría desprenderse de hasta 11 210 millones y la Comunidad de Madrid, de 8 644 millones.
El Gobierno utilizó precisamente la extensión territorial de la medida para negar que se tratara de un privilegio exclusivo para Cataluña.
La deuda cambia de administración, pero no desaparece
Este es uno de los aspectos económicos más importantes del debate.
Cuando el Estado asume deuda de una comunidad autónoma, esa deuda no desaparece del conjunto de las cuentas públicas españolas.
Lo que cambia es el deudor.
Una obligación que antes figuraba en el balance de una comunidad pasa a ser asumida por el Estado central.
Por tanto, desde la perspectiva consolidada de las administraciones públicas españolas, el volumen de deuda sigue existiendo.
La operación puede modificar quién paga los intereses, mejorar la posición financiera de algunas autonomías y alterar la distribución del esfuerzo presupuestario, pero no equivale a borrar deuda del conjunto de España.
Este punto resulta esencial para interpretar políticamente expresiones como «condonación».
Hacienda defiende el ahorro en intereses
El Gobierno sostiene que el mecanismo permitirá ahorrar aproximadamente 6 700 millones de euros en intereses.
También destaca que cerca de 60 000 millones de los 83 252 millones susceptibles de ser asumidos corresponderían a comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Con estos datos, Hacienda intenta desmontar la acusación de que la medida esté diseñada exclusivamente para beneficiar a Cataluña.
Los críticos, sin embargo, ponen el foco en otro elemento: el coste final sigue recayendo sobre el conjunto del Estado, incluidos los contribuyentes de territorios que hayan gestionado de forma diferente su endeudamiento.
Además, existen discrepancias sobre el cálculo del ahorro real y sobre los costes asociados a determinadas operaciones financieras.
Por eso, la condonación continúa siendo uno de los grandes precedentes del conflicto actual.
El rechazo también llega desde comunidades socialistas
Una de las mayores dificultades para el Gobierno es que la resistencia al modelo de financiación no coincide exactamente con las fronteras partidistas.
Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, ya expresaron reservas frente al planteamiento presentado anteriormente.
Su rechazo resulta políticamente significativo porque permite separar dos debates diferentes.
Uno es el enfrentamiento habitual entre el Gobierno central y las autonomías gobernadas por el PP.
Otro, más incómodo para Sánchez, es el cuestionamiento de que un acuerdo negociado con ERC pueda definir las reglas de financiación del resto de territorios españoles.
Cuando la crítica procede también de gobiernos socialistas, el Ejecutivo pierde parte de su capacidad para presentar la oposición como una simple maniobra partidista.
Cataluña vuelve a ocupar el centro de la financiación autonómica
El debate de fondo vuelve a ser el mismo que atraviesa buena parte de la política territorial española: el encaje financiero de Cataluña dentro del sistema autonómico.
Los sucesivos acuerdos del Gobierno con ERC han generado exigencias sobre fiscalidad, deuda, recursos y capacidad de gestión tributaria.
Para los defensores de estos pactos, Cataluña necesita un modelo que refleje mejor su aportación y sus características económicas.
Para sus críticos, avanzar mediante acuerdos bilaterales puede terminar erosionando la igualdad entre comunidades y transformar el modelo común mediante concesiones negociadas fuera de los órganos multilaterales.
El CPFF debería ser precisamente el espacio en el que Gobierno y comunidades discutan conjuntamente estas cuestiones.
Por eso ha generado tanta contestación que elementos esenciales del nuevo sistema hayan sido acordados previamente con una fuerza catalana.
¿Más dinero significa necesariamente un mejor sistema?
El Ejecutivo dispone de un argumento potente: poner más recursos encima de la mesa.
Si las comunidades reciben casi 21 000 millones adicionales, rechazar la propuesta puede resultar políticamente difícil.
La Moncloa puede presentar a los gobiernos autonómicos ante sus ciudadanos con una pregunta sencilla: por qué rechazar un sistema que incrementa los recursos disponibles.
Pero las comunidades críticas responden que el debate no puede reducirse al volumen total de dinero.
Importa también cómo se distribuye, con qué criterios, qué capacidad fiscal conserva cada territorio y qué consecuencias tiene a medio y largo plazo.
Una reforma de financiación autonómica no se aprueba para un solo ejercicio.
Determina durante años la capacidad de las comunidades para sostener sanidad, educación, servicios sociales y otras competencias fundamentales.
Un sistema pendiente de reforma desde hace años
La financiación autonómica española arrastra además un problema previo: el modelo lleva años pendiente de una reforma profunda.
Las comunidades llevan tiempo denunciando desigualdades, insuficiencia de recursos y diferencias difíciles de justificar entre territorios.
La Comunitat Valenciana ha sido tradicionalmente una de las autonomías que más ha reclamado una modificación del sistema por considerar que su financiación por habitante se encuentra por debajo de lo que le correspondería.
Por eso existe una paradoja evidente.
Muchas comunidades reclaman reformar urgentemente el modelo, pero al mismo tiempo rechazan que esa reforma llegue condicionada por pactos políticos bilaterales previos con Cataluña.
El Gobierno deberá resolver ambas cuestiones si quiere que el nuevo sistema tenga estabilidad.
Sánchez vuelve a colocar a las autonomías ante un dilema
La estrategia política recuerda al mecanismo utilizado con la deuda autonómica.
El Gobierno alcanza primero un entendimiento con ERC y posteriormente generaliza parte de sus consecuencias para todas las comunidades.
De esta forma, los gobiernos regionales quedan ante una decisión complicada.
Pueden rechazar una reforma cuyo origen político consideran inaceptable, pero hacerlo implica también enfrentarse a una propuesta que promete elevar sus recursos.
O pueden aceptar mayores fondos y asumir un sistema que, a su juicio, ha sido condicionado desde el inicio por las demandas del independentismo catalán.
Ese será uno de los grandes dilemas del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 4 de septiembre.
El debate no es sólo económico: también afecta a la igualdad territorial
La financiación autonómica determina algo más profundo que una transferencia anual de recursos.
Define en buena medida cuánto dinero tiene cada territorio para prestar servicios públicos comparables.
Por eso el principio de solidaridad ocupa un lugar central en la discusión.
El Gobierno sostiene que su propuesta mejora precisamente esa solidaridad.
Las comunidades críticas temen, en cambio, que sucesivos acuerdos bilaterales introduzcan diferencias estructurales difíciles de corregir después.
La cuestión esencial será conocer con detalle qué criterios de población, necesidades de gasto, capacidad fiscal y nivelación territorial incorpora definitivamente el modelo.
Sin esa información, el debate corre el riesgo de quedar reducido a un intercambio de acusaciones políticas.
El 4 de septiembre medirá la fortaleza territorial del Gobierno
El próximo CPFF será mucho más que una reunión técnica.
Servirá para comprobar hasta qué punto el Ejecutivo puede construir una mayoría territorial alrededor de su reforma y cuánto pesa todavía el rechazo generado por el pacto previo con ERC.
Si prácticamente todas las comunidades mantienen su oposición, el Gobierno tendrá un serio problema de legitimidad política para presentar la reforma como un nuevo consenso territorial.
Si, por el contrario, consigue atraer a varias autonomías mediante el incremento de recursos, podrá defender que los beneficios económicos compensan el controvertido origen de la propuesta.
Lo que parece claro es que la financiación autonómica volverá a colocar a Cataluña, ERC y los pactos de Sánchez en el centro de la política española.
Y, como ocurrió con la deuda, la discusión definitiva no será únicamente quién recibe más dinero, sino quién termina pagando, bajo qué reglas y hasta qué punto todos los españoles reciben un tratamiento equivalente dentro del Estado autonómico.
