l colapso consular provocado por la avalancha de solicitudes de nacionalidad española abre un nuevo frente para el Gobierno de Pedro Sánchez. En Cuba, la Administración ha recurrido al Grupo Palco, una entidad estatal cubana, para reforzar la gestión vinculada a unos 350 000 expedientes de la llamada Ley de Nietos.
La decisión ha encendido las alarmas entre los funcionarios. CSIF rechaza expresamente derivar esta gestión a empresas públicas o entidades de terceros países y advierte sobre la seguridad jurídica y el tratamiento de datos personales.
350 000 solicitudes en Cuba y unos consulados bajo presión
La dimensión del problema es difícil de ignorar. Cuba ha concentrado alrededor de 350 000 solicitudes relacionadas con la vía de nacionalidad abierta por la Ley de Memoria Democrática, una cifra muy superior a las previsiones iniciales y capaz de tensionar la estructura consular española.
La denominada Ley de Nietos se articula mediante la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Exteriores defiende oficialmente que la concesión exige documentación acreditativa y el contraste de los expedientes por los consulados.
Sin embargo, la saturación ha obligado a buscar refuerzos externos. Y ahí comienza la controversia.
Palco entra en la gestión y los funcionarios alzan la voz
Según la información publicada sobre la contratación, Grupo Palco, una entidad estatal cubana, ha participado en el refuerzo administrativo necesario para afrontar la avalancha de peticiones.
CSIF ha denunciado públicamente el recurso a empresas externas y reclama más funcionarios en los consulados, rechazando que funciones vinculadas a estos procedimientos sean derivadas a empresas públicas o de terceros países por las dudas sobre el tratamiento de información personal.
El sindicato pide al Ministerio de Asuntos Exteriores que afronte el problema con empleo público estable, personal cualificado y garantías administrativas.
La cuestión es especialmente delicada: no estamos ante la tramitación de una ayuda ordinaria. Los expedientes afectan al acceso a la nacionalidad española y, una vez completados los requisitos legales y registrales, a la plena condición de ciudadano español.
Salarios de alrededor de 130 euros mensuales
La información difundida sobre el contrato sitúa las retribuciones de parte del personal cubano en torno a 133 y 135 euros mensuales al cambio citado, cantidades equivalentes a aproximadamente 4 euros diarios si se realiza una división simple por días del mes.
Este dato ha convertido la externalización en una polémica política adicional.
La crítica es evidente: España moviliza recursos públicos para acelerar una enorme carga administrativa mediante una entidad estatal cubana cuyos trabajadores perciben salarios extremadamente bajos en términos europeos.
Conviene, no obstante, diferenciar el coste total de la contratación pública del salario individual de los trabajadores. Las cantidades no son conceptos equivalentes y el contrato puede incorporar otros costes de estructura, servicios y gestión.
La Ley de Nietos supera todas las previsiones
La avalancha no afecta únicamente a Cuba.
Hasta marzo de 2026 se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes, con unas 545 000 resoluciones favorables y alrededor de 306 500 inscripciones en el Registro Civil Consular, según datos difundidos sobre el proceso.
El plazo para pedir cita al amparo de esta vía finalizó el 22 de octubre de 2025, aunque los consulados continúan gestionando los procedimientos iniciados dentro del plazo establecido.
Es decir, el cierre de la ventana para nuevas peticiones no ha acabado con el problema administrativo. Quedan cientos de miles de expedientes pendientes de gestión.
La polémica política sobre el impacto electoral
El crecimiento de nuevos ciudadanos españoles en el exterior ha provocado también una batalla política.
Sectores de la oposición hablan de «ingeniería electoral» y cuestionan el posible impacto de las nuevas inscripciones en el censo exterior. El Gobierno rechaza estas acusaciones y presenta la norma como una medida de reparación histórica para descendientes de españoles.
Aquí es necesario separar los hechos de las acusaciones políticas: obtener una resolución favorable de nacionalidad no equivale automáticamente a introducir un voto en una urna. El ejercicio efectivo del sufragio exige cumplir las condiciones electorales y estar correctamente inscrito en el censo correspondiente.
Sin embargo, el volumen del proceso explica la preocupación política. Los datos disponibles sitúan ya en cientos de miles las resoluciones favorables y las inscripciones consulares.
Exteriores defiende un procedimiento «garantista y riguroso»
El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene que el procedimiento exige aportar documentación que demuestre el cumplimiento de los supuestos previstos en la Ley de Memoria Democrática.
Según la explicación oficial, los consulados deben comprobar partidas de nacimiento y otros documentos necesarios para acreditar el vínculo con españoles incluidos en los supuestos legales. Exteriores define el proceso como «documentado, garantista y riguroso».
Información oficial de Exteriores sobre la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática
El problema que plantean los funcionarios no se centra únicamente en quién tiene derecho a solicitar la nacionalidad, sino en cómo se gestiona administrativamente una avalancha histórica de expedientes y qué tareas se externalizan.
Sánchez y Albares, ante una incómoda pregunta
El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio dirigido por José Manuel Albares afrontan ahora una cuestión que va mucho más allá de la propaganda política sobre la Ley de Nietos.
¿Puede España tramitar cientos de miles de expedientes de nacionalidad recurriendo a personal vinculado a una empresa estatal de un tercer país mientras sus propios funcionarios denuncian falta de medios?
CSIF ya ha pedido refuerzos urgentes y garantías sobre los datos personales.
La Ley de Nietos ha desbordado las previsiones, tensionado los consulados y abierto una batalla sobre el futuro del censo exterior. Y el caso de Cuba añade un ingrediente especialmente incómodo para Moncloa: una empresa estatal cubana, cientos de miles de solicitudes y trabajadores con retribuciones que, según las cifras difundidas, rondan apenas los 4 euros diarios.
La nacionalidad española exige máximo rigor. La pregunta es si la improvisación administrativa del Gobierno está a la altura de un proceso de semejante magnitud.
