La tragedia ferroviaria de Adamuz, que dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos, no solo sigue abierta en los juzgados: ha estallado políticamente en el propio Gobierno. El Consejo de Ministros vivió este martes una fuerte discusión entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Transportes, Óscar Puente, por las filtraciones y la gestión de pruebas clave del accidente.
El origen del choque: retirada de piezas sin autorización judicial
El detonante fue el informe remitido por la Guardia Civil al juzgado de Montoro. En él, los agentes alertan de que personal de Adif retiró de madrugada elementos fundamentales de la vía —los cupones de carril y soldaduras— y realizó pruebas sobre ellos sin autorización judicial previa.
Ese material podría ser determinante para esclarecer si el descarrilamiento del 18 de enero se debió a:
- Rotura del carril
- Defecto en la soldadura
- Fallo estructural
- O incluso sabotaje
La retirada de esas piezas abrió una grieta institucional inmediata.
Marlaska acusa a Puente de actuar “por su cuenta”
Según fuentes gubernamentales, el enfrentamiento comenzó cuando Marlaska reprochó a Puente no haberle informado de las actuaciones de Adif y haber tenido que enterarse “por la prensa”.
Interior considera que la Guardia Civil se limitó a cumplir órdenes judiciales y que cuestionar públicamente su actuación supone desacreditar a los investigadores.
Además, el ministro del Interior trasladó su malestar por el hecho de que desde Transportes se difundieran documentos técnicos que, a su juicio, pretendían sembrar dudas sobre el trabajo policial.
Puente defiende a Adif y niega irregularidades
Desde Transportes, la versión es radicalmente distinta. El equipo de Óscar Puente sostiene que:
- Las piezas retiradas estaban preservadas.
- No existía custodia policial activa en ese momento.
- La actuación de Adif fue correcta y preventiva.
El propio Puente defendió en redes sociales que la empresa pública actuó con “precaución” al conservar el material que, según su versión, no había sido recogido por los agentes.
En su entorno interpretan la difusión del informe policial como el inicio de una ofensiva política contra Adif.
Un choque institucional sin precedentes recientes
No es la primera vez que ambos ministros discrepan. Ya habían cruzado tensiones en el pasado, incluso en foros internos del Gobierno. Sin embargo, esta vez la discusión se produce en el marco de:
- Una investigación judicial abierta
- Decenas de víctimas mortales
- Máxima presión mediática
El conflicto ha pasado de informes técnicos a convertirse en un problema político de primer nivel dentro del Ejecutivo.
Investigación abierta y todas las hipótesis sobre la mesa
La Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Entre las primeras hipótesis figura la rotura de un riel o de la unión entre tramos de distinta antigüedad.
Para confirmarlo, los investigadores han solicitado a Adif:
- Documentación técnica de mantenimiento
- Identificación de operarios
- Historial de soldaduras
- Registros de revisión
Algunas de estas peticiones, según consta en los atestados, habrían tenido que reiterarse.
Un Gobierno sin relato único en plena crisis
El episodio refleja un problema mayor: la falta de coordinación interna en una crisis de alto impacto.
Interior depende de la Guardia Civil.
Transportes controla Adif.
Ambos departamentos defienden versiones incompatibles sobre la gestión de pruebas clave tras un accidente con 46 fallecidos.
La investigación judicial continúa, pero el daño político ya está hecho. La tragedia de Adamuz no solo exige responsabilidades técnicas, sino que ahora evidencia tensiones profundas en el seno del Consejo de Ministros.
La cuestión es inevitable:
¿Se trata de una discrepancia puntual o del síntoma de un Ejecutivo fracturado ante una crisis de Estado?
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