La relación entre Hacienda e inquiokupas se ha convertido en uno de los asuntos que más indignación está generando entre los propietarios de viviendas en alquiler. Miles de caseros denuncian que deben tributar en el IRPF por unas rentas que realmente nunca han llegado a cobrar debido a la morosidad de determinados inquilinos.
El problema se agrava especialmente en los casos de inquiokupación, una situación en la que el inquilino deja de pagar el alquiler pero continúa ocupando la vivienda aprovechando los largos procedimientos judiciales de desahucio.
La normativa tributaria actual obliga a declarar los ingresos derivados del alquiler aunque el propietario no haya recibido el dinero. El criterio aplicado por la Agencia Tributaria se basa en el derecho de cobro y no en el cobro efectivo de las cantidades.
La controversia sobre Hacienda e inquiokupas volvió a cobrar fuerza después de una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) emitida el pasado mes de junio. En ella se estableció que los propietarios están obligados a incluir en su declaración de la renta las mensualidades impagadas.
Esta situación ha provocado una fuerte reacción entre asociaciones de propietarios y expertos inmobiliarios, que consideran injusto que se exija tributar por ingresos inexistentes.
La inseguridad jurídica dispara el miedo al alquiler
El conflicto entre Hacienda e inquiokupas se suma a otros problemas que afectan actualmente al mercado del alquiler en España.
La falta de seguridad jurídica es una de las principales razones por las que muchos propietarios deciden retirar sus viviendas del mercado. El temor a sufrir impagos, largos procesos judiciales y dificultades para recuperar el inmueble está reduciendo considerablemente la oferta disponible.
A ello se añaden las limitaciones impuestas por el Gobierno sobre la actualización de las rentas del alquiler y la creciente carga burocrática relacionada con la vivienda.
El resultado es un mercado tensionado, con menos pisos disponibles y precios cada vez más elevados tanto para compra como para alquiler.
La problemática de Hacienda e inquiokupas agrava todavía más esa situación porque muchos propietarios consideran que el sistema fiscal penaliza precisamente a quienes sufren un perjuicio económico.
Diversos expertos advierten de que esta combinación de inseguridad jurídica y presión fiscal está desincentivando la inversión en vivienda destinada al alquiler.
Hacienda obliga a tributar aunque no se cobre
El principal motivo de controversia en el debate sobre Hacienda e inquiokupas es la obligación de declarar en el IRPF unas rentas que no han sido abonadas por el inquilino.
La Agencia Tributaria considera que el rendimiento inmobiliario existe desde el momento en que el propietario tiene derecho legal a percibir el alquiler, independientemente de que el pago llegue a producirse.
Este criterio quedó reforzado por la resolución del TEAC, que confirmó que los alquileres impagados deben incluirse igualmente en la declaración de la renta.
Sin embargo, la normativa fiscal sí contempla ciertos mecanismos para aliviar parcialmente esta situación. Concretamente, permite deducir los llamados “saldos de dudoso cobro” una vez transcurridos determinados plazos.
La polémica entre Hacienda e inquiokupas se centra precisamente en que el propietario debe adelantar inicialmente el pago de impuestos aunque todavía no haya recuperado las cantidades pendientes.
En muchos casos, además, los procesos judiciales para reclamar la deuda pueden prolongarse durante meses o incluso años.
Cómo funciona la deducción por alquileres impagados
Aunque la situación entre Hacienda e inquiokupas genera una enorme frustración, la legislación española sí permite aplicar ciertas deducciones fiscales.
Según explican desde la Agencia Tributaria, los propietarios pueden incluir como gasto deducible los llamados “saldos de dudoso cobro”.
Para ello, es necesario que hayan transcurrido al menos seis meses desde la primera reclamación formal de la deuda realizada al inquilino y que no se haya producido una renovación del crédito.
También pueden aplicarse deducciones si el deudor se encuentra en situación de concurso de acreedores.
Fuentes de la Agencia Tributaria señalan que durante la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2024 un total de 34.617 contribuyentes declararon cantidades vinculadas a alquileres impagados como saldos de dudoso cobro.
La cuestión de Hacienda e inquiokupas sigue generando numerosas dudas porque muchos propietarios desconocen los pasos necesarios para poder aplicar correctamente estas deducciones en su declaración de la renta.
El mercado del alquiler sigue tensionado
La crisis entre Hacienda e inquiokupas refleja también los problemas estructurales que atraviesa actualmente el mercado inmobiliario español.
La escasez de suelo disponible, las trabas urbanísticas y las limitaciones regulatorias dificultan la construcción de nueva vivienda. Al mismo tiempo, los propietarios encuentran cada vez menos incentivos para sacar inmuebles al mercado del alquiler.
Esto provoca una reducción de la oferta y un aumento constante de los precios, especialmente en las grandes ciudades.
Las asociaciones de propietarios reclaman una reforma legal que garantice mayor protección frente a la morosidad y la okupación, además de una revisión del tratamiento fiscal de los alquileres impagados.
En el debate sobre Hacienda e inquiokupas, numerosos expertos consideran imprescindible diferenciar claramente entre ingresos realmente percibidos y simples derechos de cobro pendientes de ejecución.
Crece la presión para cambiar la normativa
La polémica sobre Hacienda e inquiokupas ha intensificado la presión política y social para modificar la legislación actual.
Diversas asociaciones inmobiliarias y colectivos de propietarios consideran que el sistema fiscal vigente castiga injustamente a quienes ya sufren un perjuicio económico derivado del impago del alquiler.
Además, advierten de que esta situación está contribuyendo a expulsar viviendas del mercado arrendaticio, empeorando todavía más el acceso a la vivienda.
Mientras tanto, Hacienda mantiene el criterio de que el IRPF grava el derecho a percibir las rentas y no únicamente el dinero efectivamente cobrado.
La posibilidad de aplicar deducciones por saldos de dudoso cobro alivia parcialmente el problema, pero muchos propietarios consideran insuficiente esta solución debido a la lentitud de los procedimientos y a las dificultades burocráticas.
El conflicto entre Hacienda e inquiokupas amenaza así con seguir alimentando el debate político y económico sobre el mercado de la vivienda en España durante los próximos meses.
Con una oferta de alquiler cada vez más reducida y una creciente sensación de inseguridad jurídica, el enfrentamiento entre propietarios y Administración fiscal continúa convirtiéndose en uno de los asuntos más delicados del panorama inmobiliario español.
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