El Gobierno de Pedro Sánchez volverá a utilizar un decreto ómnibus para vincular la revalorización de las pensiones con ayudas a los llamados inquiokupas, una maniobra que el Partido Popular considera un nuevo episodio de chantaje parlamentario. El Ejecutivo pretende llevar este paquete legislativo al Congreso el próximo 27 de enero, confiando en el respaldo de sus socios de investidura para forzar la posición del PP.
El texto del decreto mezcla la actualización de las pensiones y de las cotizaciones sociales con otras medidas de carácter social, como la protección a inquilinos en situación de impago, la prórroga de las ayudas al transporte público y la extensión del bono social eléctrico. Desde la oposición denuncian que esta estrategia busca obligar a los populares a votar a favor del conjunto del decreto o asumir el coste político de una eventual congelación de las pensiones.
Fuentes parlamentarias señalan que el Ejecutivo pretende repetir una fórmula ya habitual en esta legislatura, concentrando medidas de amplio consenso con otras altamente polémicas para sortear su debilidad en el Congreso. El Gobierno confía en que el miedo a un desgaste social fuerce el respaldo del PP o, en su defecto, le permita responsabilizarle públicamente del bloqueo.
Desde el Grupo Popular califican el decreto como una “trampa legislativa” y advierten de que se trata de un intento de instrumentalizar a más de seis millones de pensionistas para colar medidas que, de tramitarse por separado, no contarían con mayoría suficiente. Recuerdan además que el Congreso deberá votar el texto en bloque y que solo en caso de rechazo podría fragmentarse para su tramitación posterior como proyecto de ley, una vía que rara vez prospera.
La estrategia del Gobierno, según el PP, responde a la falta de mayorías estables y a la necesidad de preservar el relato político frente a una oposición que rechaza ligar la subida de las pensiones a medidas que consideran ideológicas y ajenas a la protección de los jubilados.