El Ayuntamiento de Santiago pondrá en marcha un servicio de asesoramiento sobre alquileres en plena aplicación de las medidas derivadas de la declaración de zona tensionada, una estrategia que vuelve a situar el debate sobre la intervención del mercado de la vivienda en el centro de la política municipal.
Lo que está ocurriendo en Santiago podría convertirse en un ejemplo de lo que muchos ayuntamientos españoles pretenden implantar en los próximos años.
Mientras los precios de la vivienda continúan disparados y miles de familias encuentran cada vez más dificultades para acceder a un alquiler, las administraciones optan por aumentar la regulación del mercado. La gran pregunta es si estas medidas ayudarán realmente a reducir los precios o si terminarán agravando la escasez de vivienda disponible.
Santiago crea una oficina para resolver dudas sobre alquileres
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela pondrá en marcha el próximo 15 de junio un nuevo servicio municipal de información y asesoramiento sobre alquiler residencial. La iniciativa está dirigida tanto a arrendadores como a arrendatarios y busca aclarar las dudas derivadas de la creciente regulación del mercado de la vivienda.
La medida llega después de que la Xunta de Galicia aprobara la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley de Vivienda que permitirá establecer límites a los precios de determinados alquileres una vez que el Gobierno central publique oficialmente la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente durante el mes de julio.
Según el Ayuntamiento, el objetivo es facilitar información actualizada sobre los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos en un escenario regulatorio cada vez más complejo.
Un servicio financiado con fondos públicos durante un año
El programa será gestionado por Provivienda, una entidad sin ánimo de lucro especializada en cuestiones residenciales.
El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses y supondrá un coste de 13 000 euros para las arcas municipales.
Durante ese periodo, la atención se prestará dos días por semana mediante tres modalidades:
- Atención presencial.
- Atención telefónica.
- Atención telemática.
La oficina estará operativa en horario de 9:00 a 14:00 horas, con una jornada presencial prevista en las dependencias municipales de Casas Reais.
Además, el Concello elaborará un registro de consultas que permitirá realizar informes trimestrales y un balance anual sobre la evolución del mercado del alquiler en la ciudad.
El debate sobre la intervención del mercado vuelve a intensificarse
Uno de los principales cometidos del nuevo servicio será informar sobre las consecuencias prácticas de la declaración de zona tensionada.
Los técnicos asesorarán sobre:
- Los precios máximos permitidos en determinados contratos.
- Los derechos y obligaciones derivados de la nueva regulación.
- Los incentivos fiscales en el IRPF para propietarios que cumplan determinados requisitos.
- Los límites legales aplicables a los alquileres residenciales.
También ofrecerán orientación a los inquilinos que consideren que se les han impuesto contratos temporales o alquileres por habitaciones que, según la normativa vigente, podrían estar siendo utilizados para eludir las restricciones previstas para el alquiler tradicional.
La iniciativa llega en un contexto de fuerte controversia política. Mientras los defensores de la intervención sostienen que es necesario actuar para contener los precios, numerosos economistas y asociaciones de propietarios advierten de que los topes al alquiler pueden reducir aún más la oferta disponible y desincentivar la puesta de viviendas en el mercado.
El BNG defiende los límites al alquiler pese a la desaceleración de los precios
El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás (BNG), justificó la necesidad de seguir avanzando en la regulación argumentando que el coste del alquiler continúa siendo muy elevado para una parte importante de la población.
Según los datos aportados por el gobierno municipal, los precios crecieron un 6,2 % entre 2024 y 2025, una cifra inferior al 9,5 % registrado el año anterior, aunque todavía considerada insuficiente para aliviar la presión sobre los demandantes de vivienda.
Para el ejecutivo local, esta evolución demuestra la necesidad de continuar aplicando medidas de intervención pública. Sin embargo, los críticos consideran que el problema de fondo sigue siendo la escasez de oferta y la falta de vivienda disponible.
La ofensiva municipal contra los pisos turísticos continúa
Paralelamente, el Ayuntamiento mantiene su estrategia de vigilancia sobre las viviendas de uso turístico (VUT), a las que responsabiliza parcialmente de la reducción de la oferta de alquiler residencial.
Durante los primeros meses de 2026 se han realizado 85 inspecciones para detectar inmuebles que operan sin la correspondiente autorización municipal.
Según los datos facilitados por el Concello, alrededor de 15 viviendas estaban ejerciendo actividad turística sin disponer de la habilitación exigida.
La administración local sostiene que estas actuaciones ya están teniendo efectos visibles. Entre enero de 2024 y junio de 2026, las viviendas inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia pasaron de 811 a 608, lo que supone una caída cercana al 25 %.
Además, el Ayuntamiento ha impuesto varias sanciones por incumplimientos normativos, con multas que alcanzan los 30 050 euros, aunque una de ellas quedó reducida a 18 000 euros tras acogerse el responsable al procedimiento de pago voluntario.
Una batalla política que va más allá de Santiago
La creación de este nuevo servicio municipal refleja una tendencia cada vez más extendida en España: el aumento de la intervención pública en el mercado inmobiliario.
Mientras gobiernos locales y autonómicos de izquierda defienden los controles de precios como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda, sectores económicos, propietarios y expertos en mercado inmobiliario alertan de posibles efectos secundarios como la reducción de la oferta, la inseguridad jurídica y el desplazamiento de viviendas hacia fórmulas alternativas de alquiler.
El caso de Santiago se convierte así en un nuevo laboratorio político donde se pondrá a prueba si la regulación intensiva logra contener los precios o si, por el contrario, termina profundizando los problemas estructurales del mercado residencial.
¿Estamos ante una solución real al problema de la vivienda o frente a una nueva intervención que podría reducir aún más la oferta de alquiler disponible?
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