La ofensiva regulatoria de Bruselas contra la pesca de fondo podría desencadenar un golpe económico sin precedentes en Galicia. Un nuevo informe científico advierte de pérdidas superiores al 40 % en puertos clave si la Unión Europea endurece aún más las restricciones.
Un veto europeo que asfixia al sector pesquero
Lo que comenzó como una medida para proteger ecosistemas marinos vulnerables se ha convertido en una amenaza directa para la supervivencia del tejido pesquero español. La Comisión Europea ya prohibió hace 43 meses el uso de artes de fondo en 87 áreas del Atlántico, afectando a España, Portugal, Francia e Irlanda.
Sin embargo, la polémica no ha dejado de crecer. Los propios científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) advirtieron de que solo existían datos concluyentes sobre el impacto del arrastre, pero Bruselas decidió extender el veto también a redes de enmalle y palangre demersal, una decisión ampliamente cuestionada por el sector.
Galicia, en el epicentro del impacto económico
El nuevo estudio, publicado en el Journal of Marine Science, lanza una advertencia contundente: si se amplían las zonas vetadas hasta las cifras propuestas por el ICES, las pérdidas podrían superar el 40 % anual en pequeños puertos.
Entre los más afectados destacan:
- A Guarda, Cudillero y Armintza, con pérdidas devastadoras.
- Burela, Celeiro y Ribeira, que concentrarían el 50 % de las pérdidas totales en España.
- Otros enclaves críticos como Fisterra, Laxe, Corme, Cedeira y Cariño.
Además, junto a puertos como Avilés, Santander, Bermeo u Ondárroa, estos concentrarían hasta el 80 % del impacto económico nacional, evidenciando una desigualdad territorial alarmante.
Más zonas vetadas: menos actividad y más incertidumbre
Actualmente, las áreas restringidas abarcan más de 16 500 kilómetros cuadrados desde el golfo de Cádiz hasta Irlanda, además de más de 1 100 kilómetros cuadrados en el Cantábrico.
Las nuevas propuestas del ICES plantean elevar las zonas protegidas hasta entre 105 y 114 áreas, lo que implicaría:
- Entre 9 752 y 14 886 km² vetados en el Atlántico.
- Un aumento especialmente duro en el noroeste español, donde se podría llegar a 5 588 km² restringidos.
El golpe a las flotas: millones en pérdidas
El impacto económico no sería uniforme, pero sí generalizado:
- Palangreros: los más castigados, con pérdidas de hasta 90 millones de euros en algunos escenarios.
- Redes de enmalle (volanta): pérdidas de entre 13 y 15 millones.
- Arrastreros: incremento de pérdidas relativas del 1,4 % al 4 %.
En aguas nacionales, el daño sería aún más visible: los palangreros podrían pasar de perder 1,6 millones a hasta 8 millones de euros, lo que supone un salto de hasta el 19 %.
Más puertos al límite: riesgo de colapso económico
Comparando el escenario actual con el más restrictivo, los datos son contundentes:
- Los puertos afectados seguirían siendo unos 70, pero los que perderían más del 10 % de su facturación pasarían de 5 a 22.
- Al menos cinco puertos superarían pérdidas del 25 %, una cifra que compromete su viabilidad.
- El número de barcos penalizados aumentaría de 326 a 343, sin contar las embarcaciones más pequeñas.
Bruselas frente al sector: ¿protección ambiental o asfixia económica?
El conflicto entre sostenibilidad y economía vuelve a situarse en el centro del debate europeo. Mientras la Comisión defiende la protección de hábitats marinos, el sector denuncia una falta de base científica sólida y una política desconectada de la realidad pesquera.
España ha recurrido la decisión ante la Justicia europea, pero el futuro sigue en el aire. La ampliación de vetos podría marcar un antes y un después en la pesca nacional, especialmente en Galicia, donde la dependencia del mar es estructural.
La pregunta es inevitable:
¿Está la Unión Europea protegiendo el medio ambiente o sacrificando a miles de familias del sector pesquero en nombre de una agenda ideológica?
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