La Justicia confirma la vulneración de derechos fundamentales en el aeropuerto coruñés y deja en evidencia la falta de protección real frente al acoso laboral en España.
Lo que parecía un caso aislado ha terminado destapando una realidad incómoda: los protocolos antiacoso en muchas empresas son papel mojado. La reciente decisión judicial no solo respalda a la víctima, sino que pone en el punto de mira a todo un sistema que, en demasiadas ocasiones, falla a los trabajadores.
El Supremo ratifica el fallo del TSXG: qué ocurrió
El Tribunal Supremo ha confirmado de forma definitiva la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que reconoce que una empresa de seguridad del aeropuerto de A Coruña vulneró el derecho fundamental a la integridad moral de una trabajadora.
La afectada, Eva Pico, denunció en 2023 un caso de acoso laboral continuado por parte de un compañero —supervisor en el servicio—. Aunque en primera instancia la Justicia falló en su contra, el TSXG corrigió el criterio en 2024, y ahora el Supremo lo ha ratificado, cerrando la puerta a cualquier recurso.
Claves del caso
- Activación del protocolo antiacoso en diciembre de 2021.
- Incumplimiento empresarial al permitir coincidencias laborales entre víctima y presunto acosador.
- Reconocimiento de un entorno hostil, intimidatorio y humillante.
- Indemnización de 20 000 euros a la trabajadora.
Una denuncia contra el silencio: miedo, presión y abandono
El testimonio de Eva Pico refleja una realidad frecuente pero poco visibilizada: el miedo a denunciar dentro del entorno laboral.
“Ás veces non denunciamos por medo, pero vale a pena loitar”.
La trabajadora relata cómo sufrió insultos continuos y degradación, lo que derivó en una baja laboral de nueve meses por ansiedad. Pese a activar el protocolo interno, asegura que nadie le hacía caso y que incluso desde el ámbito sindical se le desaconsejó seguir adelante.
Este punto resulta especialmente controvertido:
representantes sindicales no solo no apoyaron la denuncia, sino que acabaron declarando en su contra en el juicio.
El fallo judicial: revictimización y descrédito del protocolo
El TSXG fue especialmente duro al valorar la actuación de la empresa, subrayando que el incumplimiento del protocolo:
- Revictimizó a la trabajadora, obligándola a seguir expuesta.
- Desacreditó el propio sistema interno antiacoso ante la plantilla.
- Generó un entorno laboral tóxico e intimidatorio.
La empresa permitió al menos dos coincidencias en 2023, a pesar de las medidas que debían evitar cualquier contacto.
Más allá del caso: ¿sirven realmente los protocolos antiacoso?
Este caso reabre un debate incómodo en España:
¿son eficaces los protocolos antiacoso o simplemente herramientas legales para cubrir expediente?
La sentencia deja claro que:
- No basta con activar un protocolo, hay que cumplirlo estrictamente.
- Las empresas pueden ser responsables directas aunque el acoso lo ejerza un empleado.
- La pasividad institucional agrava el daño a la víctima.
Desde una perspectiva crítica, este episodio evidencia una falla estructural:
la protección del trabajador queda muchas veces supeditada a intereses internos y a la inacción de quienes deberían defenderle.
Consecuencias personales: una batalla que deja huella
Más allá de la indemnización, la víctima reconoce que lo más importante ha sido el reconocimiento judicial:
“O que máis me vale é o papel. Nunca sabes se te cren ou non”
Tras años de litigio, Eva Pico afirma buscar ahora “tranquilidad y paz”, después de una experiencia que define como una lucha personal constante.
Un problema extendido que sigue sin resolverse
La propia afectada asegura haber presenciado “verdadeiras atrocidades” contra otras compañeras que nunca llegaron a denunciar.
Esto refuerza una idea preocupante:
el acoso laboral sigue siendo una realidad silenciada en muchos entornos de trabajo en España, especialmente en sectores con jerarquías rígidas como la seguridad privada.
Conclusión: una victoria judicial que deja preguntas abiertas
La sentencia del Supremo marca un precedente importante, pero también deja al descubierto las carencias del sistema de prevención del acoso laboral.
Porque si una trabajadora tiene que recorrer años de litigios, enfrentarse a su entorno y soportar el abandono institucional para obtener justicia, la pregunta es inevitable:
¿Estamos ante un sistema que protege a las víctimas o ante uno que las obliga a resistir hasta el límite?
