USTEC-STEs y CGT mantienen la huelga para el 8 de septiembre y reclaman más salarios, menos alumnos por aula y mayor inversión. CCOO, UGT y Professors de Secundària se desmarcan de la protesta.
El Gobierno de Salvador Illa afrontará el comienzo del curso escolar en Cataluña con un conflicto abierto en la enseñanza pública. USTEC-STEs y CGT han convocado una huelga para el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el primer día lectivo, mientras la Intersindical respalda la movilización.
La protesta, sin embargo, no cuenta con un frente sindical unitario. CCOO, UGT y ASPEPC-SPS —Professors de Secundària— se han apartado de la convocatoria después de haber participado en anteriores movilizaciones.
Los sindicatos que mantienen el paro presentan una extensa batería de reivindicaciones: mejoras salariales, reducción de ratios, más docentes y personal especializado, menos burocracia, inversiones en edificios escolares y el blindaje del catalán en las aulas.
El Govern intenta evitar el choque y defiende que el nuevo curso llegará acompañado de más contrataciones y un incremento de la inversión. La consellera de Educación, Esther Niubó, ha anunciado nuevos contactos con los sindicatos para intentar acercar posiciones.
USTEC y CGT mantienen la huelga del 8 de septiembre
La convocatoria coloca presión sobre el Ejecutivo de Illa justo cuando alrededor de 1,6 millones de alumnos se preparan para regresar a las aulas catalanas.
USTEC-STEs, primera fuerza sindical del sector educativo catalán, reprocha al Departamento de Educación que haya dejado pasar semanas sin continuar las negociaciones abiertas antes del verano.
Los sindicatos mantuvieron una reunión con Niubó el 13 de julio, en la que pusieron sobre la mesa cuestiones relacionadas con salarios, ratios, educación inclusiva, jornada laboral, infraestructuras y política lingüística.
La consellera ha reconocido que este no es el comienzo de curso que el Ejecutivo catalán habría deseado y pretende reunirse nuevamente con representantes sindicales.
Pero USTEC mantiene, de momento, la huelga.
El sindicato sostiene que una comparecencia pública del Govern no puede sustituir una mesa efectiva de negociación y advierte de que el paro no tiene un carácter meramente testimonial.
El catalán vuelve al centro del conflicto educativo
Una parte de las reivindicaciones trasciende las cuestiones laborales.
El lema elegido por los convocantes reivindica una educación pública, inclusiva y «en catalán», mientras USTEC y CGT exigen reforzar la protección de esta lengua dentro del sistema educativo.
El debate lingüístico vuelve así a mezclarse con las reclamaciones estrictamente profesionales de los docentes.
Especial importancia tienen las denominadas aulas de acogida, destinadas a alumnos recién llegados que desconocen el catalán.
Los sindicatos reclaman que estas aulas tengan un máximo de 10 estudiantes. El Departamento de Educación, sin embargo, sitúa actualmente la ratio en alrededor de 18 alumnos.
Para el curso 2026-2027, la Generalitat prevé disponer de 2 141 aulas de acogida, 500 más que el curso anterior. También aumentarán las aulas de acogida intensiva, que pasarán de 27 a 45, mientras sus dotaciones crecerán de 54 a 104.
El incremento refleja la dimensión que está adquiriendo la incorporación al sistema educativo de estudiantes recién llegados.
Los sindicatos quieren acercar el gasto educativo al 6% del PIB
Otra de las grandes reivindicaciones consiste en incrementar el gasto público en educación hasta aproximarlo al 6% del PIB.
Los convocantes argumentan que un aumento presupuestario permitiría reducir las ratios, mejorar las condiciones laborales y acabar progresivamente con instalaciones provisionales y edificios deteriorados.
También reclaman adaptar las infraestructuras educativas a las temperaturas extremas que sufren numerosos centros durante determinados meses.
Entre sus principales demandas laborales aparecen una jornada de 35 horas, la reducción de dos horas lectivas, mejoras salariales para recuperar poder adquisitivo y procedimientos más rápidos para cubrir las bajas.
En educación infantil plantean establecer un máximo de 20 alumnos por clase.
Además, solicitan incorporar más psicólogos, especialistas y profesionales de apoyo, con especial atención a los problemas de salud mental entre los estudiantes.
El Govern responde con más de 1 800 contrataciones
La Generalitat contrapone a las críticas sus propias cifras.
El Departamento de Educación prevé incorporar durante el próximo curso 1 830 trabajadores adicionales. De ellos, 1 103 serán docentes, otros 531 corresponderán a personal de atención educativa y 196 a trabajadores de administración y servicios.
El sistema contará con 94 422 trabajadores de la enseñanza, de los cuales aproximadamente 85 052 serán profesores, para atender a una población escolar cercana a 1,6 millones de alumnos.
Las cifras muestran que el Ejecutivo catalán está aumentando recursos, aunque los sindicatos convocantes consideran que las medidas continúan siendo insuficientes para solucionar los problemas estructurales.
La discrepancia está, por tanto, tanto en la cantidad de recursos como en las prioridades para utilizarlos.
Más de 100 millones para climatizar colegios e institutos
Las infraestructuras constituyen otro de los grandes frentes.
El Govern sostiene que la inversión educativa recuperará niveles que no se alcanzaban desde 2008, con 257 millones de euros destinados a esta materia.
A ello se sumarán más de 100 millones para instalar sistemas de climatización de frío y calor y otros 20 millones para colocar ventiladores fijos en cerca de 400 centros.
La Generalitat también señala que existen seis centros actualmente en construcción —dos de ellos ampliaciones— con una inversión de 36,8 millones de euros.
Durante el nuevo curso está previsto comenzar otras cuatro escuelas y tres ampliaciones, presupuestadas conjuntamente en 35,4 millones.
Son inversiones significativas, aunque los representantes sindicales mantienen su denuncia sobre la existencia de barracones y edificios educativos deteriorados.
El salario también enfrenta al Govern y los profesores
Las retribuciones son otro punto fundamental de las negociaciones.
Educación contempla un complemento docente de 700 euros en la nómina de los profesores. Esta cantidad se añade a los importes percibidos anteriormente por el incremento del complemento específico: 839 euros para profesores de Primaria y 858 para los de Secundaria, según los datos difundidos sobre las medidas del Departamento.
Los sindicatos consideran que las mejoras todavía no compensan suficientemente la pérdida acumulada de poder adquisitivo.
A ello añaden una reivindicación que lleva años apareciendo en las protestas docentes: reducir la burocracia.
El Govern responde que ya dispone de un Plan de Desburocratización 2026-2028, diseñado para descargar de tareas administrativas a docentes y equipos directivos.
CCOO, UGT y Professors de Secundària no secundan el paro
La principal debilidad de la huelga está en la división sindical.
CCOO, UGT y ASPEPC-SPS no secundan la convocatoria del 8 de septiembre, lo que impide presentar la movilización como una protesta conjunta de todo el profesorado catalán.
ASPEPC-SPS es la segunda fuerza sindical del sector, mientras CCOO y UGT ocupan posiciones relevantes en la representación de los trabajadores.
El alcance real de la huelga dependerá, por tanto, de la capacidad de movilización de USTEC-STEs y CGT, además del apoyo de la Intersindical.
La negociación de los próximos días será decisiva para determinar si el curso comienza finalmente con colegios e institutos afectados por el paro o si Educación consigue alcanzar un acuerdo de última hora.
Illa afronta un curso complicado para la educación catalana
El conflicto llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo de Salvador Illa.
La educación catalana tiene por delante debates que van mucho más allá de las nóminas: resultados académicos, infraestructuras, incorporación de alumnado extranjero, ratios, uso de teléfonos móviles, inteligencia artificial, burocracia y política lingüística.
El Departamento prepara además medidas para regular los móviles en las aulas y restringir el uso de inteligencia artificial, con una prohibición prevista para los menores de 14 años según la planificación divulgada para el nuevo curso.
El 8 de septiembre será la primera prueba.
El Govern puede exhibir más inversión, 1 830 contrataciones y nuevos recursos para climatización e infraestructuras. Los sindicatos convocantes responden que los problemas acumulados requieren cambios mucho más profundos.
Y en medio queda una comunidad educativa de 1,6 millones de alumnos que comienza el curso con una huelga sobre la mesa y con un enfrentamiento que medirá la capacidad del Gobierno de Illa para cerrar uno de sus primeros grandes conflictos del nuevo periodo político.
