El Ministerio de Presidencia ha rechazado proporcionar información sobre el número de cambios de teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del importe total destinado a la adquisición de estos dispositivos desde que ocupa el cargo.
La negativa se basa en una solicitud realizada conforme a la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la que se requería exclusivamente el número total de dispositivos físicos cambiados y el monto global de compra, sin especificar modelos o fechas para evitar identificaciones individuales.
La respuesta, firmada por Isabel León Palacios, directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, argumenta que facilitar esta información podría implicar riesgos para la seguridad nacional. Según se expone, divulgar los datos podría permitir inferir detalles sobre los protocolos de seguridad y comprometer la integridad, confidencialidad y seguridad de las comunicaciones del presidente.
Además, se señala que la divulgación del importe total permitiría deducir indirectamente la cantidad de dispositivos utilizados, lo que equivaldría a revelar la información protegida. La denegación se sustenta en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, que autoriza la restricción del acceso cuando afecta a la seguridad nacional o la defensa.
Tras la resolución, el solicitante ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuestionando la amplitud de la justificación para denegar la información y respaldando su derecho de acceso basado en jurisprudencia vigente.
Este caso se enmarca en un contexto donde el teléfono de Sánchez fue infectado por el software espía Pegasus en varias ocasiones entre 2020 y 2021, según investigaciones judiciales que han constatado múltiples intrusiones, y en los que las autoridades españolas han denunciado la falta de cooperación de Israel para esclarecer los hechos.
El espionaje ha sido objeto de investigaciones judiciales y análisis por parte del Centro Criptológico Nacional, que ha vinculado ataques similares a estructuras informáticas utilizadas en Francia, manteniéndose abiertas diversas hipótesis sobre los responsables.
La situación ha generado investigaciones y procesos judiciales en curso, con distintas prórrogas y archivos temporales de la causa debido a limitaciones en la obtención de pruebas internacionales y la ausencia de registros técnicos detallados del software espía usado.
El seguimiento de estos hechos refleja la complejidad de garantizar la seguridad informática en las comunicaciones de altos cargos, así como los límites legales en la transparencia gubernamental relacionados con la seguridad nacional.
