El escándalo en la Sauna Princesa vuelve a situar en el foco mediático a uno de los prostíbulos más conocidos del centro de Madrid tras la denuncia de un cliente que asegura haber sido víctima de una estafa. El afectado regresó al establecimiento acompañado por la Policía Municipal después de comprobar en sus extractos bancarios que le habían cobrado 701 euros, más del doble de los 324 euros pactados inicialmente por los servicios sexuales contratados.
Los hechos, documentados en una hoja oficial de reclamaciones tramitada ante la Comunidad de Madrid, se remontan a la noche del 5 de enero de 2008. El cliente, residente en Madrid, había acordado el pago de 150 euros por media hora de servicio con una mujer. A esa cantidad se sumó un recargo de 24 euros por el pago con tarjeta, según consta en su reclamación. Posteriormente, aceptó contratar a una segunda mujer por otros 150 euros durante el mismo periodo de tiempo.
En total, el precio acordado ascendía a 324 euros. Sin embargo, días después descubrió en su cuenta bancaria tres cargos distintos: uno de 173 euros, otro de 174 euros y un tercero de 354 euros. El importe total alcanzaba los 701 euros.
Escándalo en la Sauna Princesa: el cliente vuelve con la Policía Municipal
El escándalo en la Sauna Princesa escaló cuando el afectado decidió regresar al local para exigir explicaciones. Ante la negativa de la encargada a devolverle el dinero y la falta de una lista de precios visible, el cliente solicitó la presencia de la Policía Municipal. Los agentes acudieron al establecimiento para mediar en el conflicto.
Según la hoja de reclamaciones, la responsable del local aseguró que los cobros eran correctos y que no disponía en ese momento de hojas oficiales para tramitar la queja. Finalmente, el cliente formalizó su denuncia ante la Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
El documento identifica el establecimiento como Sauna Princesa, ubicado en la calle Mártires de Alcalá número 5, en pleno centro de la capital.
Las tarifas y el sistema de explotación documentado por la Justicia
El escándalo en la Sauna Princesa no se limita al episodio denunciado por este cliente. Diversas resoluciones judiciales han dejado constancia del funcionamiento económico del local. Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las tarifas habituales eran de 150 euros por media hora y 300 euros por una hora completa.
La estructura empresarial, de acuerdo con resoluciones judiciales, consistía en que la empresa cobraba el importe íntegro al cliente y entregaba el 50% del servicio a la trabajadora. Esto implicaba que los gestores del negocio percibían 75 euros por cada media hora y 150 euros por cada hora completa, además de los ingresos derivados de consumiciones, que podían alcanzar los 30 euros por combinado.
El Tribunal Supremo ya dejó constancia en 2001 de que en ese mismo local “se ejercía la prostitución” y que estaba “acondicionado para el desarrollo de actividades de prostitución”. A lo largo de más de dos décadas de actividad, el establecimiento acumuló 27 denuncias y 9 inspecciones policiales, según documentación citada en informaciones periodísticas.
El debate político y la controversia jurídica
El escándalo en la Sauna Princesa también ha sido utilizado en el debate político. El presidente del Gobierno ha defendido públicamente que los negocios de su suegro no eran actividades ilícitas, apoyándose en un auto de la Audiencia Nacional de junio de 2024 en el marco del caso Villarejo.
Sin embargo, dicho auto se centraba exclusivamente en analizar si existió un delito de revelación de secretos en una conversación entre altos cargos policiales. El tribunal archivó el procedimiento al considerar que la información tratada no era secreta y era conocida por múltiples personas. La referencia a las actividades “lícitas” se produjo en ese contexto, sin entrar a valorar la naturaleza concreta de los negocios ni investigar si existía ejercicio de la prostitución.
La controversia política surge de la interpretación de ese auto judicial y de las resoluciones previas que sí mencionan el ejercicio de la prostitución en el establecimiento.
Un caso que reabre el debate sobre regulación y transparencia
El escándalo en la Sauna Princesa reabre el debate sobre la regulación, la transparencia en los cobros y la protección de los consumidores en este tipo de establecimientos. La ausencia de listas de precios visibles, los recargos no informados previamente y la dificultad para obtener hojas de reclamaciones plantean interrogantes sobre el control administrativo.
Más allá de la polémica política, el caso pone el foco en la necesidad de mecanismos claros de supervisión y en la importancia de que los clientes conozcan con precisión las condiciones económicas antes de aceptar cualquier servicio.
El episodio del cliente que volvió con la Policía Municipal tras detectar una supuesta estafa bancaria refleja una problemática concreta: la falta de claridad en los cobros y la posible vulneración de derechos como consumidor. El escándalo en la Sauna Princesa, lejos de cerrarse, continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político.
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