Dimite la jefa de conservación de carreteras de Óscar Puente en plena crisis del asfalto
La subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, Paula Pérez, ha presentado su dimisión en el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, en un momento crítico para la red estatal de carreteras. Según ha adelantado El Economista, la salida responde a discrepancias internas sobre el nuevo modelo de contratación del mantenimiento viario.
La dimisión llega cuando las autovías acumulan baches, cortes y deterioro estructural, con más de 34 000 kilómetros en estado muy grave, según datos sectoriales.
Discrepancias por el modelo de contratos
Diversas fuentes citadas por el citado medio vinculan la salida de Pérez a su oposición a los cambios impulsados desde la Dirección General de Carreteras (DGC) en los pliegos de los contratos de conservación.
El nuevo planteamiento, actualmente bajo análisis de la Abogacía del Estado, introduciría un sistema donde el precio tendría mayor peso determinante en la adjudicación, lo que el sector interpreta como una suerte de “subasta a la baja”.
Las empresas advierten de que priorizar el coste sobre los criterios técnicos podría traducirse en:
- Menor calidad en las actuaciones
- Reparaciones provisionales en lugar de estructurales
- Mayor deterioro acumulado a medio plazo
El desacuerdo habría sido el detonante de la dimisión, cuyo cese oficial se formalizará en próximas fechas.
Borrascas, baches y autovías colapsadas
La renuncia se produce en plena sucesión de temporales que han acelerado el desgaste del firme en varios corredores estratégicos.
En los últimos días se han difundido imágenes de vehículos averiados tras atravesar baches de gran tamaño, especialmente en la Autovía del Sur (A-4), eje clave entre Madrid y Andalucía.
Las últimas borrascas han dejado más de medio centenar de carreteras afectadas, obligando a activar actuaciones de emergencia por parte de las unidades territoriales de Carreteras.
El problema, sin embargo, no es meteorológico, sino estructural.
Un déficit acumulado de 13 491 millones
Según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit de inversión en conservación alcanzó en 2025 los 13 491 millones de euros.
Las cifras son elocuentes:
- 34 000 kilómetros presentan deterioros muy graves que requieren reconstrucción urgente.
- Más de 20 000 kilómetros necesitan intervenciones prioritarias en el corto plazo.
- La red estatal suma aproximadamente 26 000 kilómetros.
La AEC advierte de que no se registraba un escenario semejante desde los años 90.
Aunque el Ministerio ha incrementado partidas en los últimos ejercicios, la prórroga presupuestaria y las prioridades de gasto en otras áreas limitan la capacidad real de actuación.
Contratos bajo sospecha y presión judicial
La dimisión coincide con un momento delicado para la gestión de infraestructuras tras la paralización de la variante de Sabiñánigo (Huesca).
La obra, adjudicada durante la etapa de Javier Herrero al frente de la Dirección General de Carreteras en el mandato de José Luis Ábalos, permanece detenida por discrepancias sobre un tercer modificado del proyecto vinculado a exigencias técnicas de impermeabilización y seguridad.
El caso ha añadido presión en una Dirección General que ya acumula desgaste político y técnico, en un contexto donde la red viaria sufre el mayor deterioro en décadas.
Una red al límite
Las constructoras alertan de que la red no puede sostenerse indefinidamente con actuaciones de emergencia. Cada temporal convierte los baches en socavones y los socavones en cortes.
El dilema es claro:
- O se acomete un plan estructural de reconstrucción,
- O se continúa parcheando hasta que el coste sea exponencial.
La salida de la responsable técnica en plena revisión del modelo de contratos no transmite estabilidad en un área clave para la seguridad vial y la competitividad económica.
Reflexión final
En política de infraestructuras, los titulares suelen hablar de trenes de alta velocidad, túneles o nuevas autovías. Rara vez se habla de lo más básico: mantener lo que ya existe.
Quizá el problema no sea solo si el precio pesa demasiado en los contratos, sino si durante años se ha considerado la conservación como un gasto y no como una inversión.
Al fin y al cabo, los baches no votan… hasta que rompen la suspensión de quien sí lo hace.