El Ayuntamiento de Málaga retrasa la entrada en vigor de la nueva tasa de basura al considerar que la actual Ley de Residuos genera una gran inseguridad jurídica. El Consistorio asegura que no aprobará el impuesto hasta disponer de un modelo que minimice el riesgo de impugnaciones en los tribunales.
La implantación de la nueva tasa de basura en Málaga vuelve a retrasarse. El Ayuntamiento ha decidido aplazar su entrada en vigor al considerar que todavía no existe un sistema de cálculo que ofrezca suficientes garantías jurídicas y evite una oleada de recursos judiciales, un problema que ya afecta a numerosos municipios españoles.
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha dejado claro que el Consistorio no fijará una fecha para su aprobación «hasta que nos garanticen que no habrá litigiosidad», advirtiendo de que otros ayuntamientos ya están sufriendo importantes consecuencias económicas por la aplicación de modelos similares.
El Ayuntamiento busca evitar un escenario como el de Madrid
Conde explicó que la prioridad del equipo de Gobierno es aprobar una ordenanza que sea jurídicamente sólida y pueda resistir posibles impugnaciones en los tribunales.
Como ejemplo, recordó la situación vivida en Madrid, donde diversas resoluciones judiciales han obligado al Ayuntamiento a modificar previsiones económicas relacionadas con este tipo de tributos.
«No queremos encontrarnos con problemas similares«, señaló el responsable municipal, insistiendo en que la seguridad jurídica debe prevalecer antes de poner en marcha un nuevo impuesto que afectará a miles de familias malagueñas.
La Ley de Residuos complica la aplicación del impuesto
El origen del problema, según el Ayuntamiento, se encuentra en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, impulsada por el Gobierno de España para adaptar la normativa nacional a las directrices europeas.
La legislación establece el principio de «quien contamina paga», obligando a los municipios a repercutir el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos sobre los ciudadanos.
Sin embargo, determinar cuánto genera cada vivienda se ha convertido en el principal obstáculo para los ayuntamientos.
No existe un modelo que evite los recursos
Durante los últimos meses, Málaga ha estudiado distintas fórmulas para calcular la nueva tasa.
Entre las opciones analizadas figuraban:
- Relacionar el importe con el consumo de agua, como indicador del volumen de residuos generado.
- Combinar el valor catastral de la vivienda con el número de personas empadronadas.
- Otros sistemas aplicados por distintos municipios españoles.
Sin embargo, según explicó Carlos Conde, todos los modelos implantados hasta ahora están siendo recurridos judicialmente.
«Esa es precisamente la dificultad. No existe un sistema que haya evitado completamente la litigiosidad», aseguró.
Cada familia pagaría una media de 142 euros al año
El coste anual del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos en Málaga asciende actualmente a 63 millones de euros.
Según las estimaciones realizadas por el Ayuntamiento, la futura tasa supondría un pago medio aproximado de 142 euros anuales por vivienda, aunque la cantidad definitiva dependerá del sistema de cálculo finalmente aprobado.
Precisamente esa falta de un criterio claro es la que mantiene paralizada la ordenanza municipal.
Sin fecha para la entrada en vigor
Inicialmente, el Ayuntamiento confiaba en implantar la nueva tasa durante el tercer trimestre de 2026, con el objetivo de comenzar su cobro en septiembre.
Ese calendario ha quedado completamente descartado.
Ahora, el Consistorio tampoco garantiza que pueda aprobarse durante el último trimestre del año.
Carlos Conde insistió en que la decisión dependerá exclusivamente de los informes técnicos y jurídicos.
«Si dependiera únicamente del impulso político, ya tendría fecha. Pero estamos hablando de seguridad jurídica«, explicó.
Los ayuntamientos reclaman cambios al Gobierno
El responsable de Hacienda criticó la redacción de la Ley de Residuos, calificándola de «ambigua» y asegurando que está generando importantes dificultades en prácticamente todos los municipios españoles.
Por este motivo, desde la Comisión de Economía ya se ha solicitado formalmente al Gobierno una modificación de la normativa que permita a los ayuntamientos disponer de criterios más claros para calcular la tasa sin exponerse a continuos litigios.
Mientras tanto, Málaga continuará retrasando la aprobación del impuesto hasta encontrar una fórmula que garantice estabilidad jurídica y reduzca el riesgo de futuras reclamaciones.
Chollones
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