El mercado de la vivienda en Portugal ha generado atención con la reciente propuesta del Gobierno para reformar el sistema de alquiler. En un esfuerzo por abordar los desafíos del sector, el Gobierno luso ha presentado un proyecto que busca liberalizar el mercado de alquiler y agilizar los procesos de desahucio. La medida, que fue discutida en el Consejo de Ministros el 9 de julio, incluye la modificación del Nuevo Régimen de Arrendamiento Urbano (NRAU), la cual se someterá a votación en el Parlamento por parte de los legisladores.
Entre los aspectos más destacados de la reforma se encuentran la reducción del umbral de impago de alquiler, que pasará de tres a dos meses. Asimismo, se permitirá el desalojo de inquilinos que paguen con más de ocho días de retraso en repetidas ocasiones. La propuesta también busca eliminar el control de los alquileres, cuya limitación en el aumento de precios se ha fijado actualmente en el 2% para contratos recientes, y adelantar la expiración de esta medida hasta finales de 2026.
Además, la reforma prevé que los inquilinos con ingresos superiores a ciertos umbrales perderán progresivamente las protecciones de alquiler de los contratos previos a 1990. Esta situación permitirá un ajuste de los precios de alquiler en función del valor actual del mercado.
A pesar de estas iniciativas, los propietarios en Lisboa han expresado sus preocupaciones, argumentando que las medidas no abordan de manera adecuada los problemas subsistentes en el mercado. En respuesta, el Gobierno planea implementar un Fondo de Vivienda de Emergencia para ayudar a las familias de bajos ingresos afectadas por los cambios en las normas de desahucio, que incluirán subsidios para facilitar la reubicación.
Finalmente, el éxito de esta reforma dependerá de la aprobación en el Parlamento, donde se requiere el soporte de distintas formaciones políticas para avanzar con el proyecto, que procura incrementar la oferta de viviendas en alquiler y mejorar la confianza de los propietarios.