El acuerdo impulsado por el PSC y los Comuns para frenar la llamada “compra especulativa” de vivienda en Cataluña desata un serio debate jurídico. Expertos alertan de que la vía elegida —la reforma de la ley de urbanismo— podría invadir competencias estatales y vulnerar el derecho a la propiedad.
Una reforma con graves dudas legales
El entendimiento entre el PSC y los Comuns, clave para desbloquear los Presupuestos de 2026, pretende limitar la adquisición de viviendas bajo el argumento de combatir la especulación. Sin embargo, juristas consultados advierten de que el instrumento normativo escogido podría ser improcedente.
El profesor de Derecho Administrativo Josep Maria Aguirre, de la Universitat de Girona, es contundente: “Las limitaciones sobre las facultades de adquisición o disposición no pertenecen a la regulación urbanística, sino al derecho civil”. En su opinión, si la propuesta se mantiene en su forma actual, “tiene muchas posibilidades de ser inconstitucional”.
La clave está en que la regulación del derecho de propiedad y de las condiciones de compra y venta de inmuebles forma parte del ordenamiento civil, ámbito en el que el Estado conserva competencias básicas para garantizar la armonización normativa entre comunidades autónomas.
Choque competencial y riesgo constitucional
El debate no es menor. Según Aguirre, las leyes urbanísticas —incluida la catalana— están subordinadas a la legislación básica estatal en materia de suelo, que no permite imponer restricciones sobre quién puede o no adquirir un inmueble.
La crítica no se limita al ámbito académico. Los gremios de agentes inmobiliarios y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona también han advertido del riesgo constitucional. Òscar Gorgues, gerente de esta entidad, sostiene que la iniciativa “limita el derecho a la propiedad y el derecho a la actividad económica”.
A ello se suma otro elemento polémico: la falta de reciprocidad. La norma se aplicaría únicamente en Cataluña, lo que implicaría que un ciudadano residente en Madrid podría ver restringida su compra en territorio catalán, mientras que un catalán seguiría pudiendo adquirir vivienda en otras comunidades sin limitación equivalente.
¿Alternativa legal dentro del urbanismo?
Frente a la reforma planteada, algunos expertos sugieren una vía menos conflictiva jurídicamente. El propio Aguirre apunta al artículo 37 bis del texto refundido de la ley de urbanismo catalana, que permite priorizar el uso de vivienda habitual en zonas residenciales.
Esta fórmula no limitaría quién puede comprar, pero sí podría condicionar el destino del inmueble, reforzando la función residencial frente a otros usos, siempre con justificación caso por caso en cada municipio.
En otras palabras, el urbanismo puede regular el uso del suelo, pero no vetar la titularidad de la propiedad.
ERC guarda silencio y el Parlament decide
Más allá del debate jurídico, el acuerdo deberá superar el filtro del Parlament de Cataluña. PSC y Comuns no suman mayoría suficiente, por lo que necesitan el respaldo de ERC.
Sin embargo, los republicanos han evitado pronunciarse sobre el pacto. Oriol Junqueras ha reiterado que el traspaso integral del IRPF es condición indispensable para negociar los Presupuestos, lo que introduce una variable política decisiva.
La intención del Govern es tramitar la reforma por lectura única para acelerar su aprobación y publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat antes del verano.
Una medida con alto voltaje político y económico
El Gobierno de Salvador Illa defiende la constitucionalidad del proyecto apoyándose en cuatro informes jurídicos externos. Pero la controversia está servida: limitar la compra de vivienda toca uno de los pilares fundamentales del sistema constitucional, el derecho a la propiedad privada.
En un momento de tensión en el mercado inmobiliario y encarecimiento de precios, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una solución eficaz contra la especulación o frente a una iniciativa con más carga ideológica que seguridad jurídica?