La ampliación del puente del Centenario de Sevilla vuelve a situarse en el centro de la polémica tras un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que señala irregularidades en la modificación del contrato de la obra.
Según los peritos del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transportes alteró el precio del acero estructural con el objetivo de incrementar el coste del primer modificado del contrato, una actuación que califican directamente como “ilegal” dentro del procedimiento administrativo.
La infraestructura, cuya ampliación fue adjudicada en mayo de 2021 por 71,4 millones de euros (86 millones con IVA) a una UTE liderada por Acciona junto a Tecade y Freyssinet, supera ya los 130 millones de euros de coste total tras varias modificaciones presupuestarias.
El modificado que disparó el presupuesto
El primer modificado del contrato, aprobado dos años y un mes después de la adjudicación, supuso un incremento de 13,5 millones de euros (16,4 millones con IVA).
De ese aumento presupuestario, casi el 55 % correspondía a la sustitución de unidades de “acero laminado estructural en chapas”, un cambio que se convirtió en el elemento central de la polémica.
Los peritos concluyen que la Dirección General de Carreteras y la constructora alteraron el cálculo del precio del acero, lo que provocó un encarecimiento artificial del proyecto.
Diferencias de precio que dispararon el coste
Uno de los aspectos más llamativos del informe es la comparación con los precios de referencia utilizados por ADIF.
- Precio usado por ADIF: alrededor de 5 euros por unidad de obra
- Precio introducido en el modificado del Centenario: 8,40 euros
Esta diferencia provocó que el modificado aumentara en más de cinco millones de euros, según los cálculos de los peritos.
Además, los expertos recuerdan que la normativa obliga a fijar los precios de nuevas unidades según los valores vigentes en la fecha de adjudicación del contrato (mayo de 2021).
Sin embargo, la empresa constructora defendió aplicar los precios de mercado de junio de 2022, cuando se redactó el modificado.
Los peritos alertan de una “solución ilegal”
La Intervención General es especialmente contundente en sus conclusiones.
Los peritos advierten que actualizar los precios de unidades nuevas en un contrato que ya contempla revisión de precios implica pagar dos veces el incremento de costes, lo que constituye una práctica contraria a la normativa de contratación pública.
Por ello, consideran que la solución planteada por la constructora y aceptada por el Ministerio suponía una actuación ilegal.
El informe no aclara por qué el Ministerio de Transportes aceptó esos precios, una cuestión que ahora deberá investigar la Guardia Civil.
Una obra bajo sospecha en la trama de las mordidas
El caso del puente del Centenario no se limita a un problema técnico o presupuestario.
La infraestructura aparece también en el foco de la investigación judicial sobre la trama de supuestas mordidas en contratos públicos, que salpica a antiguos altos cargos del PSOE como:
- Santos Cerdán
- José Luis Ábalos
- Koldo García
En relación con esta obra también aparece citado Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, que fue responsable del proyecto durante parte del proceso.
Por ello, en algunos ámbitos la infraestructura ya ha sido bautizada como el “puente de las mordidas”.
Retrasos, sobrecostes y una obra paralizada
La ampliación del puente —clave para el tráfico en el acceso sur de Sevilla— acumula ya más de tres años de retraso y actualmente las obras permanecen paralizadas.
Mientras tanto, el Ministerio negocia un segundo modificado del contrato cercano a los 17 millones de euros, solicitado por Acciona, que actualmente continúa en el proyecto en solitario.
De aprobarse ese nuevo ajuste, el coste total podría seguir aumentando en una obra que ya ha duplicado prácticamente su presupuesto inicial.
Una infraestructura clave para Sevilla envuelta en dudas
El puente del Centenario, inaugurado para la Expo 92, es uno de los principales accesos viarios a Sevilla y soporta diariamente decenas de miles de vehículos.
La ampliación debía aliviar el colapso de tráfico que sufre la zona desde hace años, pero los sobrecostes, retrasos y sospechas de irregularidades han convertido el proyecto en uno de los mayores escándalos recientes en la obra pública andaluza.
La investigación judicial ahora deberá aclarar si el encarecimiento del proyecto fue fruto de decisiones técnicas discutibles o de un mecanismo deliberado para inflar contratos públicos.
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