El Tribunal Supremo reduce a la mitad las costas procesales que debía pagar el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, en un caso que sigue generando controversia política y judicial.
El Supremo corrige el cálculo inicial y rebaja la factura
El Tribunal Supremo ha decidido reducir de forma significativa las costas procesales que debía abonar el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena por revelación de secretos.
La cifra final queda fijada en 39 009 euros, frente a los casi 80 000 euros inicialmente calculados, tras estimar parcialmente el recurso presentado por su defensa.
El alto tribunal considera que parte de los honorarios incluidos en la tasación eran “indebidos”, especialmente aquellos relacionados con determinados recursos que no debían computarse.
Un caso sin precedentes en la Fiscalía
La resolución se enmarca en un caso que ha sacudido la credibilidad institucional:
- García Ortiz fue condenado por revelación de secretos
- El afectado fue Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
- Se trataba de información obtenida en el ejercicio de sus funciones
Como consecuencia, el ex fiscal general fue sancionado con:
- 2 años de inhabilitación
- 17 200 euros de multa e indemnización
- Y el pago de las costas procesales
La clave: costas infladas y recurso de la defensa
El origen de la polémica está en la cuantía inicial de las costas:
👉 79 942 euros
Tanto la Abogacía del Estado como la propia Fiscalía recurrieron esa cifra, al considerarla:
- Excesiva
- No justificada en su totalidad
El Supremo ha dado parcialmente la razón a estos argumentos, recortando la minuta del abogado y del procurador.
Honorarios bajo debate: hasta 750 € por recurso
El abogado de la parte denunciante justificó la elevada cifra alegando la complejidad del caso:
- 250 euros por cada interrogatorio
- 750 euros por cada recurso presentado
Además, defendió que se trataba de un procedimiento excepcional por varios factores:
- La implicación de un fiscal general del Estado
- La naturaleza política del caso
- La existencia de múltiples partes implicadas
- La supuesta destrucción de archivos
Sin embargo, el Supremo ha considerado que parte de estos conceptos no debían incluirse en la tasación final.
El caso sigue abierto en el plano económico
Pese a la reducción, el proceso no está cerrado.
El tribunal ha acordado continuar la tramitación de la impugnación por costas excesivas, remitiendo el caso al:
👉 Consejo General de la Abogacía Española
Este organismo deberá emitir un informe o designar a otro colegio profesional para revisar la cuantía definitiva.
Un fallo con lectura política
El caso de García Ortiz ha tenido un fuerte impacto político desde el inicio:
- Por tratarse del máximo responsable de la Fiscalía
- Por la relación con una figura clave de la oposición
- Por el debate sobre la neutralidad institucional
La reducción de las costas no elimina la condena, pero sí reabre el debate sobre:
👉 los límites del sistema judicial y la proporcionalidad de sus sanciones económicas
¿Corrección técnica o síntoma de un sistema cuestionado?
La decisión del Supremo plantea una cuestión de fondo:
¿Se trataba de un exceso puntual corregido por la Justicia… o de un problema estructural en la fijación de costes judiciales en España?
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