La tensión entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia escala un nuevo peldaño. Yolanda Díaz advierte de un choque institucional si el Ejecutivo gallego avanza en su plan para vigilar el fraude en bajas médicas.
Un pulso político por el control de las bajas laborales
Lo que está ocurriendo podría abrir un nuevo frente entre administraciones. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado en A Coruña que el Ejecutivo central recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de la Xunta de Galicia de crear un organismo para reforzar el control de las bajas laborales.
La advertencia llega después de que el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunciara durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía un programa “integral” contra el fraude en las incapacidades temporales, con especial atención a las bajas por dolencias musculoesqueléticas y trastornos de “psiquiatría menor”.
El plan de la Xunta: más control y papel reforzado de las mutuas
El proyecto del Gobierno gallego, que se presentará en las próximas semanas, busca endurecer la supervisión de posibles abusos en el sistema de bajas médicas, una cuestión que lleva años generando preocupación en sectores empresariales.
Entre las medidas destacadas, se encuentra:
- Refuerzo del papel de las mutuas en la revisión de incapacidades temporales.
- Mayor control sobre diagnósticos considerados más susceptibles de fraude.
- Un enfoque integral para detectar irregularidades en el sistema.
Desde la Xunta, la iniciativa se plantea como una respuesta a un problema creciente que impacta directamente en la productividad y el gasto público.
Díaz carga contra la medida: “Es ilegal y privatiza la salud”
La reacción de la ministra de Trabajo no se ha hecho esperar. Díaz ha calificado la propuesta de “ilegal” y ha anunciado un recurso por “invasión competencial” si Galicia sigue adelante.
Según la vicepresidenta:
- La medida cuestiona la profesionalidad de los médicos del sistema público.
- Supone una “privatización encubierta” al dar más peso a las mutuas.
- Invade competencias que corresponden al Estado.
Además, ha insistido en que la decisión de conceder una baja médica pertenece exclusivamente a los facultativos, especialmente en ámbitos sensibles como la salud mental.
Debate de fondo: fraude vs. control político
Más allá del choque jurídico, el trasfondo revela un debate mucho más profundo. Por un lado, comunidades como Galicia reclaman herramientas para combatir el fraude en un sistema que consideran tensionado. Por otro, el Gobierno central defiende un modelo más centralizado donde la gestión sanitaria y laboral no se fragmente.
Este enfrentamiento también refleja dos visiones opuestas:
- Control y eficiencia del gasto público, defendido por la Xunta.
- Protección del modelo sanitario y laboral, según el Ejecutivo central.
Un nuevo conflicto territorial en el horizonte
El anuncio de recurso ante el Tribunal Constitucional anticipa un nuevo choque institucional entre administraciones, en un contexto ya marcado por tensiones competenciales en distintos ámbitos.
La clave ahora será si Galicia materializa su propuesta y, sobre todo, hasta qué punto el alto tribunal avala o limita la capacidad de las comunidades autónomas para intervenir en la gestión de las bajas laborales.
En un momento de presión sobre el sistema público, la pregunta es inevitable:
¿se trata de proteger a los trabajadores o de evitar un debate incómodo sobre el fraude real en las bajas médicas?
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