El caso que rodea a la esposa de Pedro Sánchez da un paso decisivo: el juez ve indicios suficientes de delito y propone juzgarla por corrupción ante un jurado popular.
El juez da por cerrada la investigación
El magistrado Juan Carlos Peinado ha concluido la instrucción sobre Begoña Gómez y considera que existen indicios suficientes para abrir juicio oral.
La causa se dirige hacia un juicio con jurado por cuatro delitos:
- Tráfico de influencias
- Corrupción en los negocios
- Apropiación indebida
- Malversación
El juez descarta finalmente el delito de intrusismo profesional, pero mantiene el núcleo duro de la acusación.
Señalamientos directos a su relación con el poder
Uno de los aspectos más contundentes del auto judicial es la referencia explícita a la posición de Gómez como esposa del presidente.
El juez sostiene que pudo beneficiarse de su “posición relacional” para influir en decisiones públicas, facilitando contactos institucionales y apoyos clave.
Incluso llega a comparar este tipo de conductas con prácticas más propias de “regímenes absolutistas”, subrayando la gravedad de los hechos investigados.
La trama empresarial y la Universidad Complutense
El caso gira en gran parte en torno a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde impulsó una cátedra y proyectos vinculados a empresas privadas.
Según el juez:
- Se habrían facilitado apoyos institucionales a empresas concretas
- Se produjeron contactos con grandes compañías como Google, Indra o Telefónica
- Se habría creado una plataforma con potencial impacto económico en el mercado
El empresario Juan Carlos Barrabés también será juzgado por su presunta relación con estos hechos.
Apropiación de software y uso de recursos públicos
Otro de los puntos clave es la supuesta apropiación de un software desarrollado en el entorno universitario.
El juez considera que:
- El programa no fue entregado a la universidad
- Fue integrado en una web privada vinculada a Gómez
Además, se investiga el uso de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que habría trabajado en tareas relacionadas con proyectos privados, lo que podría constituir malversación de fondos públicos.
Camino al juicio con jurado
El juez ha dado un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral.
Las acusaciones populares ya han anunciado que pedirán que el caso se juzgue ante un jurado popular, mientras que la defensa intentará frenar el proceso en la Audiencia Provincial.
Un caso con impacto político directo
La decisión judicial sitúa al entorno más cercano del presidente en el centro de una causa por corrupción, con implicaciones políticas evidentes.
El avance hacia juicio marca un punto de inflexión:
de la investigación a la posible condena.
La pregunta ahora es inevitable:
¿Hasta dónde llegará este caso y qué consecuencias tendrá para el Gobierno?
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