Ofensiva judicial de acreedores españoles en EE.UU.
Los acreedores internacionales del Reino de España han intensificado en 2026 acciones legales en Estados Unidos, activando órdenes de descubrimiento de activos dirigidas a rastrear transacciones financieras del Gobierno español. Esta medida se enmarca en los esfuerzos de los inversores afectados por los impagos relacionados con las energías renovables.
Las nuevas órdenes se centran en obtener información a través de la Reserva Federal de EE.UU. y The Clearing House Payments Company, principal cámara de compensación bancaria del mundo. Según la documentación judicial accesible, los equipos legales de los acreedores han enviado requerimientos formales a ambos organismos.
Esta ofensiva ocurre tras el reconocimiento por parte de tribunales estadounidenses de siete condenas contra el Estado español, que suman un total cercano a 688 millones de euros. Esta situación ha permitido a los acreedores iniciar procedimientos para localizar activos y rastrear sus movimientos financieros relacionados con el Gobierno y sus entidades vinculadas.
Los requerimientos incluyen la solicitud de información sobre las cuentas del Reino de España y sus activos asociados desde noviembre de 2021, mes en el que comenzaron a ser reconocidas las obligaciones de pago del Gobierno español. También se busca información sobre transferencias y pagos superiores a 500 dólares, lo que pone en evidencia un esfuerzo por obtener acceso total a las operaciones económicas del Estado, no solo en Estados Unidos sino a nivel global.
Además, se solicita acceso a registros de pagos procesados por medio de CHIPS, el sistema interbancario utilizado para grandes transferencias internacionales en dólares. Los requerimientos abarcan no solo a la Administración General del Estado, sino también al Banco de España, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y otras entidades públicas y privadas con participación estatal.
Los acreedores planean utilizar esta información para avanzar en futuros procedimientos de embargo y ejecución internacional. Esta estrategia ha surgido a raíz de impagos acumulados, que superan los 2 300 millones de euros en total. Las acciones legales en EE.UU. están respaldadas por las reglas federales de descubrimiento, que permiten a los acreedores buscar información financiera para intentar localizar activos.
Las medidas contra el Gobierno español también se han expandido hacia activos relacionados con la participación del país en el Mundial de Fútbol de 2026, donde se prevé que los requerimientos judiciales puedan afectar a su capacidad de operar con diversos socios comerciales.