El ex fiscal general del Estado vuelve a impugnar las costas procesales de su condena por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pese a que el Supremo ya las rebajó casi a la mitad.
García Ortiz intenta evitar el pago de las costas del juicio
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado un nuevo recurso para intentar evitar el pago de las costas procesales derivadas del juicio en el que fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El Alto Tribunal ya había rebajado esas costas desde 79 942 euros hasta unos 39 000 euros, tras una primera impugnación de la Abogacía del Estado y la Fiscalía.
La nueva maniobra procesal mantiene abierto un frente incómodo para quien fue el máximo representante del Ministerio Público. García Ortiz no solo fue condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, sino también al pago de una multa, una indemnización por daños morales y las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular.
El caso vuelve a alimentar una pregunta de fondo: si un ciudadano condenado debe asumir las consecuencias económicas de su proceso, por qué quien fue fiscal general del Estado intenta esquivar hasta el último euro de las costas impuestas por el Supremo.
El Supremo ya rebajó la factura casi a la mitad
La primera tasación de costas ascendía a 79 942,70 euros. Esa cantidad correspondía al coste del abogado y procurador de Alberto González Amador, acusación particular en el procedimiento. Sin embargo, la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales del Supremo estimó parcialmente la impugnación por considerar indebidas algunas partidas y redujo el importe a unos 39 000 euros.
La rebaja se produjo después de excluir del cómputo distintos recursos, incluidos varios incidentes de apelación, cuyas costas solo se imponen en supuestos tasados como mala fe o temeridad. Aun así, el ex fiscal general no se ha conformado con esa reducción y ha vuelto a recurrir.
Según la información publicada por OKDIARIO, la defensa de García Ortiz pide ahora que se revoque el decreto en cuanto declara procedente incluir determinadas actuaciones procesales en la tasación de costas. La defensa sostiene que algunas partidas carecen de imputación causal, proceden de actuaciones promovidas por otras partes o afectan a personas finalmente sobreseídas total o parcialmente.
La Abogacía del Estado sigue defendiendo al ex fiscal general
Uno de los aspectos más polémicos del caso es que García Ortiz ha sido defendido por la Abogacía del Estado, es decir, con medios públicos. La defensa ha presentado recursos durante el procedimiento y también interviene en la batalla por las costas.
La utilización de la Abogacía del Estado para defender al entonces fiscal general ya fue objeto de fuerte debate político y jurídico. Para sus defensores, se trataba de una autoridad pública actuando en relación con su cargo. Para sus críticos, resulta difícil justificar que el contribuyente soporte la defensa de un alto cargo condenado penalmente por revelación de secretos.
El choque institucional es evidente: el fiscal general, llamado a velar por la legalidad, terminó condenado por el Supremo y continúa pleiteando para no asumir el coste económico íntegro del proceso.
La condena por revelación de secretos
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal. La Sala le impuso 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, una multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros, una indemnización de 10 000 euros a González Amador y el pago de las costas procesales.
El caso se originó por la difusión de información relacionada con la investigación fiscal a González Amador por presunto fraude a Hacienda. El Supremo entendió que García Ortiz incurrió en revelación de secretos al difundir información reservada del procedimiento.
La sentencia marcó un hecho inédito: por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado en ejercicio fue condenado penalmente e inhabilitado.
La multa y la indemnización también generaron polémica
García Ortiz ya abonó la multa y la indemnización, aunque el pago no estuvo exento de controversia. RTVE informó de que la multa y los 10 000 euros de indemnización fueron sufragados con fondos procedentes de aportaciones voluntarias canalizadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que García Ortiz fue una figura destacada.
En una entrevista posterior en Lo de Évole, el ex fiscal general expresó su malestar por haber tenido que pagar a González Amador y defendió que el proceso le había supuesto un enorme coste personal y profesional.
Ese relato victimista contrasta con la lectura de quienes ven en el caso un episodio de enorme gravedad institucional: el máximo responsable de la Fiscalía fue condenado por revelar datos reservados de un particular implicado en una causa tributaria con evidente impacto político.
La Fiscalía acudió al Constitucional
La batalla judicial tampoco terminó con la sentencia del Supremo. La Fiscalía recurrió ante el Tribunal Constitucional y pidió anular la condena al considerar que se habían vulnerado derechos fundamentales de García Ortiz, como la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías.
El recurso ante el Constitucional abre otro frente político. El caso García Ortiz se ha convertido en una prueba de fuego para la credibilidad institucional: Fiscalía, Gobierno, Supremo, Constitucional y Abogacía del Estado aparecen implicados directa o indirectamente en una causa que desborda lo puramente penal.
Para la derecha, el caso refleja la colonización política de las instituciones durante el sanchismo. Para el entorno progresista, la condena es vista como una reacción desproporcionada contra una actuación institucional de la Fiscalía.
Una factura judicial que sigue sin cerrarse
La nueva impugnación de las costas mantiene vivo un asunto que el Supremo ya había tratado de ordenar con una rebaja sustancial. El Alto Tribunal deberá resolver ahora si acepta los argumentos de la defensa o si confirma la obligación de pagar la cantidad fijada.
La situación resulta especialmente llamativa porque las costas ya fueron reducidas de forma notable. Pasar de casi 80 000 euros a unos 39 000 euros no ha sido suficiente para García Ortiz, que mantiene su estrategia procesal para evitar o reducir todavía más el pago.
La acusación particular, por su parte, se opone a esa maniobra y defiende que el condenado debe asumir las costas fijadas tras el procedimiento.
El desgaste institucional continúa
El caso de Álvaro García Ortiz no es solo una disputa sobre una minuta de abogado. Es el símbolo de una crisis institucional mucho más profunda.
Un fiscal general condenado por revelación de secretos, defendido con recursos públicos, auxiliado económicamente por una asociación afín y ahora enfrentado a una nueva batalla para no pagar las costas ya rebajadas, ofrece una imagen difícil de sostener para una institución que debe representar la legalidad con ejemplaridad.
El Supremo decidirá ahora sobre el nuevo recurso. Pero, al margen de la resolución, el daño político y reputacional ya está hecho.
La pregunta queda abierta: ¿puede quien fue el máximo garante de la legalidad seguir eludiendo las consecuencias económicas de una condena firme del Supremo?
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