Un informe de la UCOMA de la Guardia Civil apunta a que expedientes de Forestalia pasaron de un criterio técnico desfavorable a otro favorable tras la intervención de Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica. El caso vuelve a poner bajo sospecha el modelo de renovables impulsado bajo la etapa de Teresa Ribera.
El caso Forestalia golpea de nuevo al Ministerio de Transición Ecológica
La investigación sobre Forestalia vuelve a sacudir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el departamento que durante años dirigió Teresa Ribera y que ahora queda bajo el foco por la tramitación de proyectos renovables de enorme impacto territorial.
Según ha publicado Libertad Digital, un funcionario del Ministerio declaró ante la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil que el ex alto cargo Eugenio Domínguez intervino en expedientes vinculados a Forestalia y que trabajadores con criterio técnico contrario a determinados proyectos fueron apartados “por razones que se desconocen”.
El testimonio se refiere a los proyectos Masía 1 y Masía 2, dos instalaciones solares promovidas por Forestalia en Aragón. De acuerdo con el relato recogido por la UCOMA, el primer borrador de la declaración de impacto ambiental habría sido desfavorable, pero después fue objeto de modificaciones hasta terminar con un resultado favorable.
De informe desfavorable a resolución favorable
El punto central de la denuncia interna es especialmente grave: el funcionario explicó a la Guardia Civil que, tras el análisis técnico de Masía 1 y Masía 2, el borrador inicial fue calificado como desfavorable por su impacto ambiental.
Ese borrador, según la declaración recogida por la UCOMA, fue modificado primero en partes de su contenido, aunque sin alterar el sentido final. Posteriormente, Eugenio Domínguez habría intervenido para realizar nuevas modificaciones que, en palabras del testigo citadas por el informe, se centraban básicamente en “eliminar contenidos del informe”.
La consecuencia fue aún más llamativa: el funcionario y el técnico asignado al proyecto fueron apartados. El expediente habría pasado entonces a ser asumido directamente por el propio Domínguez, un movimiento que el testigo consideró insólito dentro del funcionamiento ordinario del Ministerio.
La autoasignación de expedientes de Forestalia
La UCOMA ya había señalado en informes anteriores que Domínguez se habría autoasignado proyectos relacionados con Forestalia. En el caso de Masía I y Masía II, medios aragoneses han informado de que el ex subdirector de Evaluación Ambiental asumió personalmente la evaluación después de que el primer criterio técnico resultara negativo.
El dato no es menor. En una Administración seria, los procedimientos ambientales deben basarse en criterios técnicos, trazabilidad documental y garantías de independencia. Si un expediente pasa de manos técnicas críticas a un alto cargo que termina facilitando un resultado contrario, la sospecha política y judicial es inevitable.
Según las informaciones publicadas, Domínguez habría llegado a asumir decenas de proyectos ligados a Forestalia. Libertad Digital señala que el testigo declaró que el ex alto cargo llegó a acumular más de 45 proyectos vinculados a la compañía.
El papel del secretario de Domínguez
Otro de los elementos que más llama la atención es la aparición de Santiago Martínez Patón, identificado en la plataforma interna SABIA como técnico responsable de algunos expedientes, pese a que, según el testigo citado por la UCOMA, era el secretario de Eugenio Domínguez y carecía de la capacidad técnica necesaria para asumir esas funciones.
Este extremo ya había aparecido en otras informaciones publicadas sobre el caso. El Confidencial informó en marzo de que Domínguez habría nombrado a su secretario como responsable de un gran proyecto de Forestalia, dentro de un esquema que habría apartado a técnicos críticos.
La imagen que dibujan estas declaraciones es demoledora: expedientes ambientales complejos, con fuerte oposición territorial y elevado impacto sobre el paisaje, habrían quedado en manos de un circuito interno anómalo, alejado del criterio ordinario de los técnicos especializados.
Forestalia y el modelo de renovables aceleradas
El caso Forestalia no puede entenderse solo como una investigación aislada. Forma parte del gran debate nacional sobre el despliegue acelerado de energías renovables, especialmente en zonas rurales de Aragón, donde grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos han provocado rechazo social, denuncias vecinales y críticas por el impacto ambiental.
La Guardia Civil investiga decenas de proyectos vinculados a Forestalia. El País informó en marzo de que la operación afecta a 52 proyectos eólicos y solares y que entre los investigados figuran Fernando Samper, presidente y fundador de Forestalia, y Eugenio Domínguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio.
La causa está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel y se centra en posibles delitos relacionados con la tramitación irregular de autorizaciones ambientales, entre ellos prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, según las informaciones publicadas sobre las diligencias.
La Guardia Civil habla de una presunta organización criminal
La gravedad del caso aumentó cuando la UCOMA apuntó a la posible existencia de una organización criminal vinculada a la tramitación de proyectos renovables. Según Libertad Digital, la Guardia Civil sostiene que Fernando Samper habría creado entramados empresariales para pagar a Domínguez.
Otros medios han informado de que la Guardia Civil sospecha que Domínguez pudo recibir 5,2 millones de euros por favorecer a Forestalia. El Independiente publicó que el juez y la UCO describieron un entramado “realmente complejo” alrededor del ex alto cargo de Transición Ecológica.
La investigación sigue en curso y las responsabilidades deberán ser determinadas por los tribunales. Pero políticamente el golpe ya es evidente: el caso afecta al corazón del relato verde del Gobierno, construido durante años sobre la idea de una transición ecológica ejemplar, limpia y moderna.
Funcionarios del Inaga también denunciaron apartamientos
La supuesta dinámica de apartar a técnicos incómodos no se habría limitado al Ministerio. Según la información publicada, dos trabajadores del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) también denunciaron ante la Guardia Civil situaciones similares.
Uno de ellos aseguró que fue apartado por mantener un criterio técnico desfavorable respecto a proyectos vinculados a Forestalia. Otro testimonio apuntó a que fue sustituido por una persona con criterios técnicos muy limitados en materia de evaluación ambiental.
La Cadena SER Aragón también informó en marzo de que técnicos del Ministerio relataron cambios “alarmantes” en permisos a Forestalia y mencionó proyectos como Masía 1, Masía 2 y el clúster del Maestrazgo.
El clúster del Maestrazgo, en el centro de la polémica
El caso Forestalia ha tenido especial repercusión en Aragón por el llamado clúster del Maestrazgo, uno de los mayores proyectos eólicos de España. La Guardia Civil pidió la paralización del proyecto tras la investigación sobre presuntas irregularidades en permisos medioambientales.
Ese proyecto ha sido contestado por plataformas ciudadanas y grupos ecologistas por su impacto sobre el territorio. La investigación judicial ha reforzado la exigencia de revisar las autorizaciones concedidas y de aclarar si los procedimientos se tramitaron con plena limpieza administrativa.
El problema de fondo es político: durante años, el Gobierno ha vendido la transición energética como una bandera moral incontestable. Sin embargo, el caso Forestalia muestra el riesgo de convertir las renovables en un negocio privilegiado, acelerado desde los despachos y blindado frente a quienes se atrevían a advertir de sus efectos.
Teresa Ribera y la responsabilidad política
Aunque las informaciones disponibles no atribuyen de forma directa a Teresa Ribera una participación personal en las presuntas irregularidades, el caso afecta a un Ministerio que estuvo bajo su dirección y a una política energética que ella defendió como uno de los grandes pilares del Gobierno.
La pregunta política es inevitable: ¿cómo pudo prosperar un sistema de tramitación presuntamente anómalo dentro de un departamento clave del Ejecutivo?
La responsabilidad penal corresponde a los tribunales. La responsabilidad política, sin embargo, exige explicaciones públicas. Y más aún cuando se habla de expedientes ambientales, grandes intereses empresariales, posibles pagos irregulares y funcionarios que aseguran haber sido apartados por mantener criterios técnicos contrarios a determinados proyectos.
Un escándalo que erosiona el discurso verde del Gobierno
El caso Forestalia amenaza con convertirse en uno de los grandes escándalos de la transición energética española. No porque cuestione la necesidad de las renovables, sino porque pone en duda el modo en que algunas de ellas pudieron ser autorizadas.
La transición ecológica no puede usarse como coartada para debilitar controles, marginar técnicos o favorecer intereses empresariales. Si los informes desfavorables se vacían, si los funcionarios críticos son apartados y si los expedientes acaban en manos de responsables investigados, el ciudadano tiene derecho a sospechar.
La izquierda política ha convertido la bandera verde en un instrumento de superioridad moral. Pero los hechos investigados en el caso Forestalia obligan a una pregunta incómoda: ¿estamos ante una transición energética limpia o ante una nueva trama de poder disfrazada de ecologismo?
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