Regularización masiva. Ese es el término que ha vuelto a situar al Gobierno de Pedro Sánchez en el centro de la polémica política después de conocerse que el Ejecutivo ha autorizado a una ONG favorable al reconocimiento del trabajo sexual para colaborar en el proceso extraordinario de inmigración. La decisión ha provocado una fuerte reacción del Partido Popular, que ya ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para exigir explicaciones por lo que considera una “contradicción ideológica” del Ejecutivo.
La controversia gira en torno al Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), una asociación que defiende los derechos de las personas que ejercen la prostitución y que rechaza políticas sancionadoras contra clientes o propietarios de viviendas destinadas a esta actividad. A pesar de que el Gobierno se define públicamente como “abolicionista de la prostitución”, esta organización ha sido habilitada para emitir certificados de vulnerabilidad dentro del proceso de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular.
La regularización masiva enfrenta al Gobierno con el PP
La regularización masiva promovida por el Ejecutivo pretende facilitar permisos y trámites administrativos a miles de inmigrantes que residen en España sin documentación regularizada. Sin embargo, el foco político no se ha situado únicamente en la medida migratoria, sino en las entidades elegidas para colaborar en el proceso.
El PP considera especialmente grave que el Gobierno recurra a una asociación que promueve el reconocimiento del trabajo sexual como una actividad laboral legítima. Según los populares, esta decisión choca frontalmente con el discurso mantenido por el Ministerio de Igualdad durante los últimos años.
El diputado y vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha impulsado una iniciativa parlamentaria en la que denuncia la “incoherencia” del Ejecutivo. Los populares sostienen que mientras el Gobierno habla de abolir la prostitución y mantiene anunciadas varias leyes en esa dirección, simultáneamente se apoya en entidades que defienden posiciones opuestas.
¿Qué es CATS y por qué genera polémica?
El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, conocido como CATS, lleva años defendiendo políticas de protección social y reconocimiento jurídico para quienes ejercen la prostitución. La organización asegura trabajar contra el estigma social y a favor de los derechos de los trabajadores sexuales.
Además, en su propia página web se hace referencia al proceso de regularización masiva, ofreciendo asesoramiento y ayuda a inmigrantes vinculados al trabajo sexual. Este detalle ha incrementado todavía más la controversia política.
La oposición también recuerda que esta asociación recibe financiación pública a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy. Para el PP, el hecho de que una ONG con este posicionamiento participe en la emisión de certificados de vulnerabilidad evidencia una falta de coherencia dentro del propio Ejecutivo.
Las leyes abolicionistas siguen sin aprobarse
Uno de los argumentos más repetidos por el Partido Popular es que el Gobierno ha anunciado en varias ocasiones una ley abolicionista de la prostitución y otra contra la trata y la explotación sexual, pero ninguna de las dos ha sido finalmente registrada.
La oposición sostiene que la regularización masiva se está gestionando sin una estrategia clara y con importantes contradicciones políticas. Según el texto presentado por los populares en el Congreso, resulta “difícilmente compatible” defender públicamente el abolicionismo mientras se colabora con asociaciones favorables al reconocimiento del trabajo sexual.
Igualdad y las subvenciones a organizaciones
El debate se ha intensificado todavía más debido a las recientes modificaciones impulsadas por el Ministerio de Igualdad en materia de subvenciones públicas. Las nuevas normas establecen que las organizaciones que soliciten ayudas deben reconocer expresamente la prostitución y la explotación sexual como formas de violencia contra las mujeres.
El PP denuncia que esta exigencia puede excluir de las subvenciones a entidades con planteamientos distintos al enfoque abolicionista, mientras el propio Gobierno utiliza a algunas de esas asociaciones dentro de la regularización masiva.
Para los populares, esta situación refleja una política “errática, improvisada y opaca” que podría terminar perjudicando precisamente a las mujeres más vulnerables.
La batería de preguntas registrada en el Congreso
Ante esta situación, el Partido Popular ha registrado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Ministerio de Igualdad. Entre otras cuestiones, los populares quieren conocer qué criterios se han utilizado para habilitar a CATS dentro del proceso de regularización masiva.
También exigen saber qué coordinación existe entre Igualdad y el ministerio competente en inmigración para la emisión de certificados de vulnerabilidad y cómo justifica el Ejecutivo esta colaboración mientras promueve restricciones en las subvenciones para organizaciones similares.
La oposición considera que el Gobierno debe aclarar si realmente mantiene su compromiso con el abolicionismo o si, por el contrario, está aplicando políticas contradictorias según las circunstancias administrativas y migratorias.
Un nuevo frente político para el Ejecutivo
La regularización masiva se ha convertido así en un nuevo foco de tensión política para el Gobierno de Pedro Sánchez. El debate no solo afecta a la política migratoria, sino también al modelo ideológico sobre la prostitución y al papel de las organizaciones sociales en los procesos administrativos del Estado.
Mientras el Ejecutivo guarda silencio sobre las críticas, el PP prepara nuevas iniciativas parlamentarias para mantener la presión política sobre este asunto. Todo apunta a que la polémica seguirá creciendo en las próximas semanas, especialmente si el Gobierno no aclara el papel exacto de las asociaciones implicadas en la regularización masiva.
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