El Concello de Baiona se ve sacudido por un informe interno que señala una posible incompatibilidad del concejal de Urbanismo, mientras el PSOE acusa al alcalde del PP de ocultar información clave durante semanas.
El municipio pontevedrés de Baiona vuelve a situarse en el centro de la polémica institucional tras conocerse un informe del secretario municipal que advierte de una posible incompatibilidad legal del entonces concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde Rodríguez, por su participación en una empresa del sector de la construcción mientras ejercía cargo público con dedicación exclusiva.
El documento ha reavivado el enfrentamiento político entre el Partido Popular (PP) y el PSOE, que acusa al gobierno local de haber ocultado información relevante durante semanas en pleno proceso de reestructuración del ejecutivo municipal.
Informe interno: posible conflicto de intereses en Urbanismo
Según el informe del secretario del Concello de Baiona, el edil José Ángel Bahamonde Rodríguez podría haber incurrido en una incompatibilidad administrativa al compaginar su cargo de concejal de Urbanismo —con un salario de 35 000 euros anuales y dedicación exclusiva— con su participación al 50 % en la empresa Encaixa Modular SL, dedicada a la construcción.
El texto señala que esta situación debía haber sido evaluada por el pleno municipal, y no resuelta de forma unilateral, al existir indicios de relación directa entre la actividad privada de la empresa y el área que el edil gestionaba.
La empresa bajo la lupa: Encaixa Modular SL
La compañía Encaixa Modular SL fue constituida el 30 de octubre de 2024, entrando posteriormente el concejal como socio y administrador solidario el 12 de diciembre del mismo año.
La empresa fabricó estructuras para un proyecto de apartamentos turísticos modulares en Sabarís, impulsado por Servicios Turísticos Val Miñor, que obtuvo licencia urbanística desde el departamento dirigido por el propio Bahamonde.
Este hecho es uno de los puntos centrales de la investigación, ya que la coincidencia entre actividad pública y privada ha levantado sospechas de posible conflicto de intereses y negociaciones prohibidas.
Investigación de la Fiscalía y cronología clave
La situación ya había sido puesta bajo análisis por la Fiscalía, que investiga al edil por su vinculación empresarial en relación con la concesión de licencias urbanísticas.
Entre los hitos más relevantes del caso destacan:
- 20 de junio de 2023: Bahamonde obtiene dedicación exclusiva como concejal.
- 30 de octubre de 2024: se constituye Encaixa Modular SL.
- 12 de diciembre de 2024: el edil entra como socio al 50 %.
- 20 de marzo de 2026: declara su actividad privada.
- 26 de marzo de 2026: el alcalde solicita el informe de Secretaría.
Según la información publicada por La Voz de Galicia, el proceso administrativo ha estado rodeado de tensión política y falta de transparencia.
PSOE denuncia ocultación y maniobras políticas
El portavoz socialista, Carlos Gómez, sostiene que el equipo de gobierno del Partido Popular habría demorado el acceso al informe pese a las reiteradas solicitudes.
El PSOE afirma que incluso tuvo que advertir con acudir a la Fiscalía ante la negativa inicial del alcalde a facilitar la documentación.
Además, denuncian que el informe revela una posible estrategia política: reorganizar el gobierno municipal para minimizar el impacto del caso, mientras se intentaba regularizar la situación societaria del edil implicado.
Cambios en el gobierno local y movimientos posteriores
Durante el periodo en el que el informe permaneció sin hacerse público, se produjeron varios cambios relevantes:
- El edil Bahamonde registró su salida como administrador de la empresa.
- Se modificó la estructura societaria de Encaixa Modular SL.
- El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, asumió directamente el área de Urbanismo.
- El concejal perdió su dedicación exclusiva.
Estos movimientos han sido interpretados por la oposición como un intento de controlar el impacto político del escándalo antes de su exposición pública.
Defensa del gobierno y situación judicial abierta
El alcalde de Baiona ha defendido la actuación del concejal, mientras que el propio Bahamonde ha declarado ante la Fiscalía que no intervino directamente en la concesión de licencias, ya que el expediente fue tramitado mediante una entidad certificadora externa.
Sin embargo, la investigación penal continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias.
El PSOE asegura además haber detectado otras posibles irregularidades administrativas tras revisar documentación municipal, lo que podría ampliar el alcance del caso.
Un caso que tensiona la política local
El escándalo ha reabierto el debate sobre la transparencia en la gestión municipal, la compatibilidad de cargos públicos con actividades privadas y el control institucional en pequeñas administraciones locales.
La oposición ya ha anunciado la solicitud de un pleno extraordinario para depurar responsabilidades políticas y analizar la legalidad de las actuaciones.
Conclusión
El caso de Baiona pone sobre la mesa un problema recurrente en la política local española: la delgada línea entre la gestión pública y los intereses privados. Con la investigación aún en marcha, el impacto político podría seguir creciendo en las próximas semanas.
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