La UCO cree que los 4 millones en microcréditos del PSOE son financiación ilegal y ya prepara un amplio informe que podría marcar un antes y un después en la investigación judicial sobre las cuentas del partido socialista. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil trabaja actualmente en un documento que será remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar la supuesta financiación irregular de Ferraz.
Las pesquisas se centran especialmente en el sistema de microcréditos impulsado por el PSOE durante la pandemia, una fórmula de financiación presentada oficialmente como una campaña de apoyo económico destinada a modernizar y transformar las sedes del partido. Sin embargo, los investigadores sospechan que detrás de esos ingresos podrían esconderse operaciones incompatibles con la legalidad vigente sobre financiación de partidos políticos.
La UCO cree que los 4 millones en microcréditos del PSOE son financiación ilegal y analiza los pagos
La investigación parte de una premisa clara: la UCO cree que los 4 millones en microcréditos del PSOE son financiación ilegal debido a posibles irregularidades detectadas en el origen y gestión de esos fondos.
Durante la pandemia del coronavirus, el PSOE puso en marcha una campaña denominada “Luz Verde”, orientada oficialmente a financiar proyectos de transformación digital y sostenibilidad medioambiental dentro del partido. La dirección socialista pidió entonces la colaboración de militantes y simpatizantes mediante dos fórmulas: donaciones directas o microcréditos con un interés anual del 3%.
El objetivo declarado era financiar medidas ecológicas como la reducción de la huella de carbono en la sede de Ferraz, disminuir el consumo de papel y crear zonas verdes integradas en las instalaciones del partido.
Sin embargo, la Guardia Civil considera sospechoso el fuerte incremento de ingresos registrado durante aquel periodo, especialmente teniendo en cuenta el contexto económico derivado de la crisis sanitaria mundial.
El aumento de las donaciones dispara las sospechas
Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es el crecimiento extraordinario de las aportaciones económicas recibidas por el PSOE durante los años de pandemia.
La UCO cree que los 4 millones en microcréditos del PSOE son financiación ilegal también porque las cifras registradas presentan importantes anomalías respecto a ejercicios anteriores.
Según los datos analizados, las donaciones al partido pasaron de 275.616 euros en 2019 a más de 837.000 euros en 2020, lo que supone un incremento cercano al 200% en plena crisis económica provocada por el coronavirus.
Los agentes consideran especialmente relevante que este crecimiento se produjera precisamente en un momento de enorme incertidumbre económica para familias y empresas.
Además, el descenso posterior de las donaciones vuelve a alimentar las dudas. En 2024, último ejercicio fiscalizado, el PSOE apenas logró recaudar 133.500 euros por esta vía, una cifra muy inferior a la registrada durante la pandemia.
La Guardia Civil detecta pagos fuera de la contabilidad oficial
Otro de los puntos clave de la investigación es que la UCO cree que los 4 millones en microcréditos del PSOE son financiación ilegal debido a la existencia de supuestos pagos que no aparecerían reflejados en la contabilidad oficial del partido.
Fuentes cercanas al caso aseguran que la Guardia Civil ya habría localizado movimientos económicos y pagos en efectivo que no coincidirían con la documentación inicialmente aportada por Ferraz.
Los investigadores también analizan la relación de determinadas empresas con personas vinculadas al PSOE. Algunas compañías habrían realizado pagos o transferencias bajo circunstancias que ahora están siendo revisadas judicialmente.
Precisamente por ello, el juez Ismael Moreno ha autorizado nuevas diligencias y registros destinados a recopilar más información financiera y contable sobre el funcionamiento interno del partido.
Este mismo miércoles, agentes de la UCO accedieron nuevamente a la sede socialista de la calle Ferraz para recabar documentación adicional relacionada con la investigación.
El PSOE se ampara en el Tribunal de Cuentas
Frente a las sospechas judiciales, el PSOE insiste en defender la legalidad de todo el sistema de financiación utilizado durante aquellos años.
No obstante, la UCO cree que los 4 millones en microcréditos del PSOE son financiación ilegal pese a que las cuentas del partido fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los informes de dicho organismo no son suficientes para descartar posibles delitos, ya que las auditorías se basan principalmente en la información entregada por los propios partidos políticos.
La investigación judicial pretende ir mucho más allá y comprobar si existieron ingresos opacos, pagos no declarados o movimientos económicos incompatibles con la legislación vigente.
Por ahora, el procedimiento continúa bajo secreto de sumario a petición del propio PSOE, que ha solicitado proteger parte de la documentación sensible entregada a la Audiencia Nacional.
La imputación del PSOE ya se estudia en la Audiencia Nacional
La posibilidad de que el PSOE termine imputado como persona jurídica comienza a ganar fuerza dentro del procedimiento judicial.
La UCO cree que los 4 millones en microcréditos del PSOE son financiación ilegal y el informe que prepara podría resultar decisivo para determinar las futuras responsabilidades penales.
Cuando la Guardia Civil entregue finalmente toda la documentación recopilada, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción deberán decidir si existen indicios suficientes para imputar al partido por un presunto delito de financiación ilegal.
Además, también se estudia la posible responsabilidad individual de algunos gestores y antiguos responsables económicos de Ferraz.
Incluso existe la posibilidad de que el PSOE pueda aparecer parcialmente como perjudicado dentro de la causa si se demuestra que determinadas personas vinculadas al partido cobraron cantidades económicas sin justificación o realizaron operaciones irregulares al margen de los órganos oficiales.
Mientras tanto, la investigación continúa avanzando y aumenta la presión política sobre el Gobierno y sobre la dirección socialista, que afronta uno de los momentos más delicados de los últimos años.
La conclusión preliminar de los investigadores sigue siendo contundente: la UCO cree que los 4 millones en microcréditos del PSOE son financiación ilegal, una sospecha que podría tener enormes consecuencias políticas y judiciales en los próximos meses.
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