La investigación sobre el denominado ‘caso Koldo’ suma un nuevo capítulo de enorme impacto político. El empresario Víctor de Aldama aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que la sociedad Apamate Corporate and Trust desempeñó un papel clave en una presunta trama de financiación ilegal del PSOE, en la que también situó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro José Luis Ábalos, según la declaración judicial citada por Libertad Digital.
Aldama señala a Apamate como pieza clave
Según el testimonio prestado por Aldama ante el magistrado Ismael Moreno, la sociedad Apamate Corporate and Trust habría servido para canalizar operaciones relacionadas con cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA, cuyo valor ascendería, según sus manifestaciones, a 250 millones de dólares.
Siempre según la versión del empresario, esos recursos habrían sido utilizados para financiar de forma irregular al PSOE y a la Internacional Socialista, organización presidida por Pedro Sánchez.
Estas afirmaciones forman parte de una investigación que continúa abierta y deberán ser contrastadas durante la instrucción judicial.
El papel que atribuye a Ábalos y Zapatero
En su declaración, Aldama sostuvo que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría iniciado las gestiones para canalizar dichos fondos a través de Apamate.
Posteriormente, según su relato, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría asumido la gestión de esas operaciones utilizando distintas cuentas bancarias internacionales, entre ellas en Panamá y Rusia, para mover los supuestos fondos procedentes de PDVSA.
Hasta la fecha, las personas mencionadas han rechazado en distintas ocasiones las acusaciones relacionadas con presuntas tramas de financiación irregular y no existe una resolución judicial firme que avale estas afirmaciones.
La UCO investiga la documentación aportada
La declaración de Aldama se produjo el pasado mes de marzo en el marco de una comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Durante esa comparecencia, el empresario entregó diversa documentación que actualmente está siendo analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigar las alegaciones presentadas.
El contenido de esa documentación forma parte del procedimiento judicial que continúa bajo investigación.
La transferencia de 300 000 euros
Uno de los elementos que aparecen en la investigación es una transferencia de 300 000 euros realizada el 3 de enero de 2020 desde Apamate Corporate and Trust hacia la empresa Deluxe Fortune, vinculada a Aldama.
Ese movimiento económico fue identificado previamente por los investigadores dentro de las diligencias relacionadas con la denominada trama Koldo.
Según las informaciones incorporadas a la causa, dicha transferencia se produjo pocos días antes de la conocida visita de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez al aeropuerto de Madrid-Barajas.
No obstante, el significado y la finalidad de ese pago continúan siendo objeto de investigación judicial.
Apamate también aparece en el caso Plus Ultra
La mercantil Apamate Corporate and Trust no solo figura en la investigación relacionada con Aldama.
La sociedad también fue identificada anteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante las investigaciones del denominado caso Plus Ultra, procedimiento que dirige el magistrado José Luis Calama.
La empresa está administrada por Carlos Parra Delgado, ciudadano español nacido en Venezuela.
El futuro judicial de Aldama
Mientras avanzan estas investigaciones, el Tribunal Supremo tiene pendiente dictar sentencia en el primer juicio relacionado con la trama Koldo, en el que están procesados el propio Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.
El desenlace de ese procedimiento podría influir en la continuidad de la colaboración judicial que Aldama mantiene actualmente en distintas causas abiertas.
Una investigación todavía abierta
Las declaraciones de Víctor de Aldama suponen una nueva escalada política y judicial en uno de los casos de mayor repercusión de los últimos años.
Sin embargo, todas las afirmaciones realizadas por el empresario forman parte de una investigación en curso y deberán ser verificadas durante la instrucción antes de que puedan extraerse conclusiones judiciales definitivas.
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