La investigación del caso Plus Ultra incorpora documentación procedente de Suiza que sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el entorno de una red empresarial bajo investigación. Parte de las pesquisas también han despertado el interés del FBI por presuntas tramas relacionadas con corrupción venezolana y el tráfico de oro.
La investigación judicial sobre el denominado caso Plus Ultra continúa incorporando nueva documentación internacional que amplía el foco sobre una compleja red empresarial vinculada a Venezuela. Entre los nombres que aparecen citados en las diligencias figura el del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya relación con algunos de los investigados vuelve a situarse en el centro del debate político y judicial.
Según la información incorporada al procedimiento y publicada por diversos medios, las autoridades judiciales españolas han recibido informes remitidos por Suiza que detallan operaciones financieras, sociedades mercantiles y conexiones con empresarios presuntamente relacionados con el entorno del régimen chavista.
Al mismo tiempo, parte de esas investigaciones también han motivado consultas por parte del FBI estadounidense en relación con algunos de los protagonistas de la trama.
El abogado Miguel Palomero, una pieza clave en la investigación
La documentación judicial sitúa al abogado Miguel Palomero como una figura relevante dentro de la estructura investigada.
De acuerdo con el contenido del sumario, Palomero habría actuado como presunto intermediario entre determinadas sociedades vinculadas al entorno empresarial de Julio Martínez —conocido como «Julito»— y diversos grupos empresariales venezolanos.
Los investigadores consideran que el análisis de las comunicaciones y operaciones financieras permitiría reconstruir las conexiones entre varias sociedades españolas y compañías radicadas en otros países.
La documentación procedente de Suiza amplía el alcance de las pesquisas
Uno de los informes remitidos por las autoridades suizas recoge que, además de analizar diversas entidades bancarias, fueron interrogados varios investigados durante los años 2022 y 2023, quienes negaron los hechos que se les atribuyen.
No obstante, la cooperación judicial internacional permitió identificar diversas operaciones económicas que mantienen el interés de los investigadores.
Entre ellas destacan las referencias a:
- Bluecap Consulting Group S.L. (actualmente denominada Kaimana Capital).
- Bluecap Investment S.A., con sede en Ginebra.
- Bluecap Corporation Ltd, registrada en el Reino Unido.
Todas ellas aparecen relacionadas con el empresario Simón Verhoeven, quien, según el informe, negó mantener determinadas relaciones comerciales con la sociedad española.
Operaciones bajo sospecha por presunto blanqueo
Los documentos judiciales también analizan diversas transferencias económicas realizadas entre sociedades mercantiles.
Según la investigación, una empresa denominada Wailea Art & Collectables S.A. habría transferido más de 240 000 euros a cuentas españolas vinculadas a Exclusividades Vagu S.L., justificando dichas operaciones mediante supuestas compraventas de relojes.
Los investigadores suizos sostienen que existe una elevada probabilidad de que la empresa española estuviera relacionada con Exclusividades Vagu C.A., una sociedad venezolana que aparece mencionada en otras investigaciones por un supuesto uso para el blanqueo de fondos procedentes de comisiones ilegales.
Estas conclusiones forman parte de las hipótesis de trabajo recogidas en la investigación y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad.
El Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela también aparece en la investigación
Otro de los elementos analizados es el denominado Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden), creado en 2005 para gestionar parte de los ingresos petroleros del país.
La documentación remitida a España sostiene que dicho fondo habría intentado financiar operaciones relacionadas con el programa de distribución de alimentos CLAP mediante estructuras de inversión vinculadas a empresas controladas por Simón Verhoeven.
Entre las sociedades mencionadas figuran:
- Trebol Asset Management.
- Trebol Investment Luxembourg.
- Noor Capital.
Los investigadores analizan si estas estructuras pudieron utilizarse para canalizar determinadas inversiones internacionales.
El nombre de Plus Ultra vuelve a aparecer
La aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate público generó una intensa polémica política en España, también figura en la documentación remitida desde Suiza.
Según las declaraciones atribuidas al empresario Simón Verhoeven, este reconoció haber concedido financiación a la compañía a través de varias de sus sociedades mercantiles:
- Allpa Wira Trading UK.
- Wailea Investment Ltd.
- Valerian Corporation.
El empresario manifestó que dichos préstamos se realizaron en condiciones de mercado, con un interés anual del 9 %, y aseguró que fueron completamente devueltos por la aerolínea.
Hasta la fecha, esas manifestaciones forman parte de la documentación incorporada al procedimiento.
El FBI centra parte de sus pesquisas en Gilberto Morales
Uno de los aspectos que mayor repercusión internacional ha tenido es la referencia al empresario venezolano Gilberto Morales Reverón.
Según el informe incorporado al procedimiento, sus actividades económicas habrían generado diversos informes de inteligencia financiera en España.
Además, la documentación señala que el FBI estadounidense ha realizado consultas sobre Morales dentro de investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con presuntos esquemas de corrupción vinculados al programa venezolano CLAP y con supuestas operaciones relacionadas con el tráfico de oro.
El mismo informe precisa que, hasta la fecha, no consta acreditado un delito antecedente en la jurisdicción estadounidense, circunstancia expresamente reflejada en la documentación judicial.
Un procedimiento con dimensión internacional
La investigación sobre el caso Plus Ultra ha adquirido una dimensión cada vez más internacional debido a la participación de autoridades judiciales de varios países.
España, Suiza, Francia y Estados Unidos intercambian información financiera y societaria para reconstruir los movimientos de capital y determinar si existieron operaciones irregulares relacionadas con fondos públicos venezolanos.
Mientras continúan las diligencias, los investigadores analizan la documentación bancaria, las comunicaciones entre los implicados y las estructuras societarias utilizadas en distintos países.
La causa continúa abierta
Por el momento, la investigación judicial sigue su curso y será la autoridad competente la que determine, tras el análisis de todas las pruebas, si existen responsabilidades penales.
La aparición del nombre de una persona en un sumario o en una investigación no implica, por sí sola, la existencia de responsabilidad penal, ya que el procedimiento continúa en fase de instrucción respecto de las cuestiones que siguen bajo investigación.
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