España impone una doble carga fiscal del 47,5% a dividendos
La fiscalidad en España enfrenta críticas por el alto tipo impositivo aplicado a la inversión empresarial a través de dividendos. Según el informe titulado La fiscalidad del ahorro como palanca de crecimiento en España, publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y EFPA España, la carga máxima que puede soportar un beneficio empresarial en España alcanza el 47,5%.
Este porcentaje resulta de la combinación del Impuesto sobre Sociedades, que las empresas deben pagar sobre sus ganancias, y la tributación de los dividendos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En contraste, la media de la Unión Europea es de 38,8%, lo que supone una diferencia significativa.
El estudio señala que el problema principal radica en la doble imposición económica sobre los dividendos. Una empresa paga impuestos por sus beneficios, y cuando distribuye esos beneficios entre sus accionistas, estos últimos vuelven a tributar como rendimiento del capital. Así, la misma renta empresarial se grava en ambas fases: societaria y personal.
Este régimen fiscal, según el informe, puede desincentivar la inversión directa en empresas y afectar la rentabilidad neta recibida por los accionistas. A diferencia de instrumentos financieros que generan intereses, que suelen ser deducibles para la empresa pagadora, los dividendos se enfrentan a un gravamen más complejo.
En el ámbito de la comparación internacional, España aplica un tipo marginal del 30% sobre los dividendos en el IRPF, superior al 25% de media en la OCDE y al 21% de la Unión Europea. La suma de estos impuestos hace que la carga fiscal conjunta alcance el 47,5%. En múltiples países de Europa, se implementan mecanismos para aliviar esta doble imposición, como exenciones parciales o deducciones, algo que actualmente no se aplica en España.
El informe concluye que esta situación afecta no solo a inversores grandes, sino también a la cultura financiera del país, disuadiendo a los ahorradores de invertir en acciones y empujándolos hacia activos más conservadores o fiscalmente favorecidos, lo que podría no ser lo más productivo para la economía.