El Ejecutivo de Pedro Sánchez centra ahora su estrategia en el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas mientras crece el debate sobre la aplicación del convenio bilateral firmado con Marruecos para facilitar el retorno de menores no acompañados a sus familias o a los servicios de protección del país vecino. La decisión ha intensificado el enfrentamiento político entre el Gobierno y las autonomías gobernadas por el Partido Popular.
El acuerdo con Marruecos vuelve al centro del debate migratorio
La gestión de la crisis migratoria en Ceuta continúa generando un intenso enfrentamiento político. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en la necesidad de repartir a los menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades autónomas, diversos sectores políticos reclaman que se aplique el acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos, que contempla el retorno de menores a sus familias o a los servicios de protección marroquíes tras el correspondiente procedimiento administrativo.
El cambio de estrategia del Ejecutivo llega después de que, en los primeros momentos de la crisis, varios miembros del Gobierno manifestaran públicamente la intención de activar los mecanismos de cooperación con Marruecos para gestionar los retornos conforme a la legislación vigente.
Un convenio firmado en 2007 y ratificado en 2013
El convenio de cooperación entre España y Marruecos fue firmado en 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y posteriormente ratificado en 2013 bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Entre sus objetivos figura favorecer el retorno asistido de los menores al núcleo familiar o, cuando no sea posible, a las instituciones de protección del país de origen, siempre respetando el interés superior del menor y las garantías legales establecidas.
El acuerdo establece además mecanismos de colaboración entre ambos Estados para identificar a los menores y localizar a sus familiares antes de ejecutar cualquier retorno.
El Ejecutivo centra ahora sus esfuerzos en el reparto entre autonomías
En las últimas jornadas, el Gobierno ha intensificado las conversaciones con las comunidades autónomas para preparar un eventual reparto de los menores que permanecen en Ceuta, una posibilidad que ha provocado un fuerte rechazo por parte de varios gobiernos regionales.
Comunidades gobernadas por el Partido Popular, especialmente aquellas que mantienen acuerdos de gobierno con Vox, han mostrado su oposición a asumir nuevos traslados mientras consideran que la responsabilidad corresponde al Ejecutivo central como competente en materia de control fronterizo e inmigración.
El debate sobre el interés superior del menor
Uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes defienden la aplicación del convenio con Marruecos es que el interés superior del menor debe analizarse individualmente en cada caso.
La normativa española e internacional establece que, siempre que existan garantías suficientes y no exista riesgo para el menor, la reunificación familiar constituye una de las soluciones prioritarias, previo estudio de cada expediente por parte de las autoridades competentes.
Por ello, distintos responsables políticos consideran que el retorno a sus familias o, en su defecto, a los servicios de protección marroquíes debería valorarse antes de proceder a un reparto entre comunidades autónomas.
PP, Vox, PNV y Junts mantienen posiciones distintas sobre la acogida
El debate ha generado posiciones diferentes entre las principales formaciones políticas.
Desde el Partido Popular, varios dirigentes han defendido estudiar el retorno conforme a los acuerdos internacionales existentes antes de distribuir a los menores entre las autonomías.
Vox mantiene su rechazo al reparto obligatorio y reclama reforzar el control de las fronteras para evitar nuevas entradas irregulares.
Por su parte, el PNV ha manifestado que la prioridad debe ser intentar el regreso de los menores con sus familias cuando sea posible, mientras que Junts ha reiterado que Cataluña no debe participar en un nuevo reparto mientras no disponga de las competencias en materia de inmigración que reclama desde hace tiempo.
Crece la tensión política
La posibilidad de un reparto obligatorio continúa elevando la tensión entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas.
Desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de actuar con solidaridad institucional y garantizar la atención a los menores, mientras que diversas autonomías consideran que la solución pasa por reforzar la cooperación con Marruecos, aplicar los convenios internacionales vigentes y abordar el problema desde el control efectivo de las fronteras.
La evolución de esta crisis migratoria marcará previsiblemente uno de los principales focos de confrontación política durante las próximas semanas, en un contexto de creciente presión sobre los sistemas de acogida y de intenso debate sobre las políticas migratorias de España y de la Unión Europea.
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