El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves en el Palacio de la Moncloa al líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, en un encuentro clave para asegurar la continuidad de una legislatura cada vez más dependiente del independentismo.
Se trata de la primera reunión entre ambos desde la salida de prisión de Junqueras tras su condena por el procés, y llega en un momento de máxima debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que necesita a ERC para sacar adelante cualquier iniciativa relevante en el Congreso.
La financiación singular de Cataluña, el verdadero trasfondo
Aunque desde el Gobierno intentan rebajar expectativas, el asunto central sobre la mesa es la financiación singular prometida a Cataluña, una concesión exigida por ERC a cambio de su apoyo político. Los independentistas aspiran a cerrar un acuerdo que podría suponer cerca de 5 000 millones de euros adicionales para la Generalitat.
Entre las exigencias de Junqueras figuran:
- Capacidad de recaudación del IRPF en Cataluña
- Calendario cerrado de ejecución del acuerdo
- Reconocimiento del llamado principio de ordinalidad
Desde Moncloa, sin embargo, insisten en que no se cerrará ningún acuerdo formal, alegando que el nuevo modelo de financiación lo diseña la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que debe aplicarse “a todas las comunidades”, una afirmación que choca frontalmente con las demandas exclusivas del separatismo catalán.
Un Gobierno rehén de sus socios separatistas
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha intentado presentar la reunión como un encuentro de carácter general para hablar del “contexto internacional”, del seguimiento del acuerdo de investidura y del tramo final de la legislatura. Sin embargo, en el trasfondo subyace una realidad incómoda: Sánchez necesita a Junqueras tanto como Junqueras presiona a Sánchez.
La reunión confirma que la estabilidad del Gobierno depende de negociaciones bilaterales opacas, al margen del resto de comunidades autónomas y del principio de igualdad entre españoles.
Junqueras eleva el chantaje fiscal
En declaraciones previas, Junqueras ha vuelto a cargar contra el Estado afirmando que el actual modelo de financiación “está caducado desde hace 13 años” y acusando al Gobierno central de quedarse con recursos que pertenecen a la sociedad catalana.
El líder de ERC insiste en que si Cataluña es la tercera comunidad en aportar, debería ser la tercera en recibir, cuando —según su versión— ocupa el noveno lugar en retorno de recursos. Un discurso que ignora deliberadamente el principio de solidaridad interterritorial, pilar básico del sistema constitucional.
Junqueras también ha advertido de que quien vote en contra del acuerdo estará “votando contra las escuelas”, una afirmación que muchos interpretan como presión política directa al Congreso para aceptar un trato fiscal privilegiado.
Un pacto que deberá pasar por el Congreso… si Sánchez se atreve
El propio Junqueras reconoce que cualquier acuerdo deberá votarse en el Congreso de los Diputados, donde necesitará el respaldo de múltiples formaciones. Aun así, el mensaje lanzado es claro: o se acepta la financiación a medida para Cataluña o peligra la legislatura.
La reunión en Moncloa no es un gesto institucional más. Es la confirmación de que Sánchez sigue dispuesto a ceder ante el independentismo para mantenerse en el poder, incluso a costa de romper el equilibrio territorial y agravar las desigualdades entre comunidades.
La cuestión ya no es si habrá acuerdo, sino cuánto está dispuesto a pagar el Gobierno para comprar tiempo político.