La ministra de Juventud e Infancia retiró del orden del día el debate formal sobre los menores migrantes llegados a Ceuta. El Ejecutivo prioriza ahora la reagrupación familiar mientras aprueba 25 millones para atender la emergencia.
Por Redacción de El Vértice
28 de agosto de 2026
El Gobierno ha dado marcha atrás, al menos de momento, en la posibilidad de abordar formalmente un nuevo reparto de menores migrantes desde Ceuta hacia otras comunidades autónomas. El cambio quedó patente este jueves durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Madrid y presidida por la ministra Sira Rego.
Nada más comenzar la reunión, Rego retiró el punto del orden del día relativo a la «situación de infancia migrante en la Ciudad Autónoma de Ceuta», según el acta citada por La Razón. La decisión resulta especialmente significativa porque la propia ministra había tratado previamente de introducir ese asunto en la agenda.
El giro se produce mientras el Ejecutivo empieza a colocar en primer plano la «reagrupación familiar» de los menores, una fórmula que puede implicar el retorno cuando concurran las condiciones legales y las garantías exigidas en cada caso.
Pero el cambio de estrategia no evitó un fuerte enfrentamiento político. Según fuentes presentes en la reunión citadas por el mismo medio, Rego reprochó a las comunidades gobernadas por el PP su negativa a asumir menores y las acusó de insolidaridad.
Rego retira el debate sobre los menores de Ceuta
La decisión sorprende porque semanas atrás el Ministerio de Juventud e Infancia había mostrado interés en abrir precisamente este debate.
El segundo punto previsto en la Conferencia Sectorial tenía carácter informativo y estaba dedicado específicamente a la situación de los menores migrantes en Ceuta.
Rego decidió retirarlo sin que las comunidades se lo solicitaran, según la información publicada.
La consecuencia política y administrativa no es menor: por ahora no se inicia mediante ese punto el camino hacia una eventual distribución de estos menores por el territorio nacional.
El ministro de Política Territorial y responsable del mando único establecido para afrontar la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ya había señalado durante los últimos días que la prioridad del Gobierno sería la reagrupación familiar.
Rego utilizó este jueves la misma expresión.
Conviene precisar que la devolución de un menor extranjero no puede realizarse automáticamente ni de manera colectiva. Cada situación requiere las correspondientes garantías jurídicas y una valoración individual atendiendo, entre otras cuestiones, al interés superior del menor.
25 millones para Ceuta, pero sin concretar un reparto
Una vez retirado ese punto, la Conferencia Sectorial abordó la concesión de un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, destinado a financiar la atención de los menores.
La medida recibió el respaldo unánime de los representantes presentes.
Por tanto, la respuesta inmediata del Ejecutivo pasa por reforzar económicamente la capacidad asistencial de la ciudad autónoma mientras sigue sin concretarse una redistribución hacia la Península.
La situación coloca a Ceuta ante un problema especialmente complejo: debe atender a una población de menores muy superior a la que puede absorber con normalidad su sistema de protección, mientras las administraciones discrepan sobre cuál debe ser la solución definitiva.
Bronca de Sira Rego con las comunidades del PP
Aunque formalmente el asunto fue retirado, la cuestión terminó protagonizando buena parte de la discusión.
Según el relato de fuentes asistentes recogido por La Razón, Sira Rego responsabilizó a las comunidades del PP de contribuir al hacinamiento existente en Ceuta al negarse a asumir menores.
La ministra llegó a recriminar a los representantes autonómicos:
«¡Estáis pidiendo deportaciones masivas!»
Los representantes populares rechazaron esa acusación. Su posición, según el mismo relato, fue reclamar que el Gobierno estudie individualmente cada expediente y tramite el retorno cuando legalmente corresponda.
La diferencia no es meramente semántica.
Una deportación colectiva de menores y una reagrupación o retorno individual sometido a las garantías legales son escenarios jurídicamente distintos. Por ello, las administraciones deberán determinar caso por caso qué solución corresponde.
Rego acusa a las autonomías de «insolidarias»
La tensión aumentó cuando representantes autonómicos recordaron a la ministra que es precisamente el Gobierno del que forma parte quien ahora está presentando la reagrupación familiar como prioridad.
Rego habría preguntado a las comunidades, según las fuentes citadas: «¿Es que ustedes no saben que no se puede tener ahí los menores?».
La ministra calificó de «insolidarias» a las autonomías populares.
Los representantes del PP replicaron responsabilizando al Ejecutivo central de la situación migratoria y defendiendo que debe ser el Estado quien asuma el liderazgo de la respuesta.
El enfrentamiento evidencia nuevamente una de las grandes fracturas políticas surgidas de la crisis de Ceuta: quién debe asumir el coste material y político de atender a los menores que permanecen en la ciudad autónoma.
Ceuta insiste en que carece de capacidad
La posición de Ceuta resulta determinante.
El Gobierno de Juan Jesús Vivas lleva semanas advirtiendo de que la ciudad autónoma no dispone de capacidad ni recursos suficientes para mantener indefinidamente la actual presión asistencial.
Según la información de la reunión, el responsable ceutí de menores reiteró la petición de que se estudien los retornos.
En Ceuta existe además preocupación por el denominado «efecto llamada»: el temor a que un traslado generalizado a la Península pueda ser interpretado en origen como una vía de acceso posterior al territorio peninsular.
Esta tesis es políticamente controvertida y no elimina las obligaciones de protección existentes respecto de los menores, pero constituye uno de los argumentos utilizados por las autoridades ceutíes para defender que la respuesta no pase automáticamente por trasladarlos.
El problema de las menores vulnerables sigue sin resolverse
Otra cuestión especialmente delicada afecta a las niñas y menores consideradas vulnerables.
Según explicó Rego posteriormente, el Gobierno continúa estudiando el encaje jurídico necesario para que entidades sociales puedan hacerse cargo de algunas de ellas.
El obstáculo fundamental es competencial: la tutela corresponde a Ceuta, por lo que cualquier traslado necesita ajustarse al marco jurídico y contar con la participación de la administración responsable.
Esto deja en suspenso una actuación que anteriormente había sido presentada como urgente.
Mientras se resuelve, las menores continúan necesitando alojamiento, protección y atención especializada.
El cambio de estrategia deja al Gobierno ante sus propias contradicciones
La Conferencia Sectorial deja una fotografía políticamente incómoda para el Ejecutivo.
Por un lado, Rego acusa a determinadas autonomías de insolidaridad por no aceptar menores. Por otro, su propio Ministerio retira el punto destinado precisamente a abordar formalmente la situación de esos menores y el Gobierno coloca ahora la reagrupación familiar como prioridad.
Además, días antes Ángel Víctor Torres había pedido «altura de miras y responsabilidad» a las comunidades autónomas ante la posibilidad de abordar esta cuestión.
Llegada la reunión, el Ejecutivo decidió no mantener ese punto en el orden del día.
La contradicción necesita una explicación política clara: ¿pretende el Gobierno trasladar menores a otras comunidades o priorizará su reagrupación y eventual retorno cuando legalmente proceda?
Ambas opciones pueden coexistir para casos diferentes, pero el Ejecutivo tendrá que explicar con precisión qué criterios utilizará, cuántos menores se encuentran en cada supuesto y cuál será el calendario de actuación.
Ceuta recibe dinero, pero continúa esperando una solución
De la reunión sale por ahora una medida concreta: 25 millones de euros adicionales para atender a los menores en Ceuta.
Lo demás continúa abierto.
No existe, según la información disponible, un nuevo reparto formalmente acordado. Tampoco se ha detallado cuántos menores podrían ser reagrupados con sus familias ni cuántos reunirían las condiciones jurídicas para un retorno.
La prioridad debería ser doble: garantizar la protección individual de cada menor y evitar que Ceuta tenga que soportar en solitario una situación extraordinaria que supera sus capacidades ordinarias.
El Ejecutivo ha ganado tiempo con los 25 millones, pero el problema político permanece.
Y después de la bronca de Rego con las comunidades autónomas, la retirada del debate formal deja una pregunta inevitable: si el Gobierno considera urgente resolver la situación de los menores de Ceuta, tendrá que aclarar ahora cuál es exactamente su plan para hacerlo.
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