El acuerdo alcanzado con 52 fiscales generales no pone fin a los problemas judiciales de Meta. Familias, jóvenes afectados y distritos escolares mantienen procedimientos que acusan a la tecnológica de diseñar Instagram y Facebook con mecanismos capaces de fomentar un uso compulsivo entre menores.
El frente judicial abierto contra Meta en Estados Unidos está lejos de terminar. La tecnológica ha conseguido cerrar uno de sus principales litigios tras alcanzar un acuerdo con 52 fiscales generales, pero todavía tiene por delante dos grandes bloques de procedimientos: las demandas presentadas por familias y afectados y las impulsadas por distritos escolares.
Los abogados que representan a algunas de esas familias aseguran que continuarán adelante con los litigios y buscarán responsabilidades e indemnizaciones por los presuntos daños relacionados con el uso de las plataformas de la compañía.
El conflicto amenaza así con convertirse en una prueba decisiva para determinar hasta dónde puede llegar la responsabilidad legal de las redes sociales por el diseño de sus productos cuando sus usuarios son menores de edad.
El acuerdo con 52 fiscales no cierra el caso Meta
El pacto alcanzado esta semana resuelve la demanda promovida por fiscales generales que acusaban a la compañía de desarrollar productos con características potencialmente adictivas para niños y adolescentes.
Sin embargo, ese acuerdo no supone una inmunidad general para Meta frente al resto de reclamaciones.
Los procedimientos civiles promovidos por particulares continúan su curso. En ellos, las familias buscan demostrar una relación entre determinadas características de las plataformas y los daños que aseguran haber sufrido sus hijos.
Se trata de una distinción fundamental: resolver un litigio con las autoridades estatales no elimina automáticamente las reclamaciones independientes de particulares u otras instituciones.
Las familias mantienen sus demandas contra Meta
Uno de los frentes potencialmente más costosos procede precisamente de padres, jóvenes y familias afectadas.
Sus abogados sostienen que continuarán litigando hasta obtener una compensación para sus clientes.
El centro de estas demandas no está simplemente en que los menores hayan utilizado excesivamente una red social. Los demandantes intentan atribuir responsabilidad a decisiones concretas de diseño adoptadas por las propias plataformas.
Entre las cuestiones bajo escrutinio se encuentran sistemas de recomendación, mecanismos de interacción, notificaciones y otras herramientas concebidas para prolongar la participación del usuario.
La tesis de los demandantes es que determinadas características pudieron incentivar patrones de utilización compulsiva entre usuarios especialmente vulnerables.
Estas acusaciones tendrán que probarse ante los tribunales en los procedimientos que continúen abiertos.
Instagram se convierte en el centro de la batalla
Buena parte de la presión recae sobre Instagram debido a su enorme penetración entre adolescentes.
Las demandas cuestionan hasta qué punto las compañías tecnológicas conocían los posibles efectos que determinados diseños podían tener sobre usuarios jóvenes y qué medidas adoptaron después para reducir esos riesgos.
El debate jurídico es especialmente relevante porque puede marcar una frontera entre dos conceptos muy diferentes.
Una cosa es considerar que una plataforma aloja contenido creado por terceros. Otra es responsabilizarla por las características de un producto que ella misma diseña y controla.
Esta segunda vía es la que podría resultar especialmente peligrosa para el modelo jurídico tradicional de las grandes redes sociales.
Los distritos escolares abren otro frente multimillonario
Meta tampoco se enfrenta exclusivamente a reclamaciones individuales.
Numerosos distritos escolares estadounidenses mantienen procedimientos relacionados con el impacto que atribuyen al uso intensivo de las redes sociales entre sus alumnos.
Su argumento gira alrededor de los recursos que los centros educativos aseguran tener que destinar a afrontar problemas relacionados con el bienestar de los estudiantes y determinados comportamientos digitales.
Si los tribunales aceptaran que existe responsabilidad empresarial y una relación suficientemente demostrable entre el diseño de los productos y esos costes, las consecuencias económicas podrían ser considerables.
Precisamente por ello, este bloque de litigios será uno de los que habrá que seguir durante los próximos meses.
Zuckerberg ya ha tenido que declarar ante la Justicia
La dimensión del conflicto quedó patente cuando Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Meta, tuvo que comparecer este año ante un tribunal federal de Los Ángeles en uno de los procesos relacionados con las acusaciones sobre adicción a las redes sociales.
Que el máximo responsable de una de las mayores tecnológicas del planeta tenga que explicar ante un tribunal decisiones relacionadas con sus productos demuestra hasta qué punto ha cambiado el debate.
Durante años, la discusión sobre redes sociales y menores se concentró fundamentalmente en familias, colegios y reguladores.
Ahora se está trasladando directamente a los tribunales.
Y la pregunta ha cambiado: ya no se discute únicamente si Instagram o Facebook pueden resultar perjudiciales para determinados menores, sino si las empresas pueden ser consideradas jurídicamente responsables cuando el daño alegado está vinculado al diseño de sus propios servicios.
Meta rechaza que sus plataformas estén concebidas para perjudicar a menores
Las acusaciones de los demandantes no equivalen a hechos judicialmente probados en todos los procedimientos abiertos.
Meta ha defendido durante años las herramientas incorporadas para proteger a adolescentes y ha rechazado caracterizaciones que presentan sus productos como deliberadamente diseñados para dañar a menores.
La compañía ha introducido progresivamente controles parentales, restricciones para cuentas adolescentes, límites sobre determinados contenidos y herramientas de privacidad y bienestar.
El enfrentamiento judicial deberá determinar si esas medidas fueron suficientes y, sobre todo, qué responsabilidad puede atribuirse a decisiones anteriores de diseño.
Este matiz será esencial en los procedimientos pendientes: las familias tendrán que acreditar sus reclamaciones y Meta tendrá derecho a rebatirlas ante los tribunales.
La gran batalla será demostrar la relación entre diseño y daño
El principal desafío para los demandantes será probablemente la causalidad.
Demostrar que un adolescente utilizaba Instagram durante muchas horas no basta necesariamente para establecer que Meta provocó un determinado daño.
Los abogados deberán vincular características específicas de las plataformas con perjuicios concretos sufridos por sus clientes.
Meta, previsiblemente, intentará cuestionar esa relación y plantear la existencia de múltiples factores personales, familiares, sociales y psicológicos que pueden influir en cada caso.
Por eso estos litigios tienen una complejidad muy superior al debate político sobre si las redes sociales son buenas o malas para los menores.
Aquí habrá que demostrar responsabilidad jurídica caso por caso o establecer criterios suficientemente sólidos para grupos de demandantes.
Un posible punto de inflexión para las grandes tecnológicas
El resultado puede ir mucho más allá de Meta.
Si los tribunales establecen que determinadas características diseñadas para aumentar la interacción pueden generar responsabilidad cuando afectan a menores, todo el sector de las redes sociales podría verse obligado a revisar sus productos.
Algoritmos de recomendación, reproducción automática, desplazamiento infinito, notificaciones y sistemas de recompensas sociales podrían recibir todavía más escrutinio.
El incentivo económico también cambiaría.
Hasta ahora, una de las principales métricas del negocio digital ha sido mantener al usuario durante más tiempo dentro de una aplicación. Si maximizar esa permanencia genera posteriormente riesgos judiciales multimillonarios, las empresas tendrán razones económicas adicionales para modificar el diseño de sus plataformas.
La batalla judicial de Meta está lejos de terminar
El acuerdo con los 52 fiscales generales supone un importante alivio para la compañía, pero no resuelve el problema de fondo.
Familias, afectados y distritos escolares mantienen abiertos otros procedimientos, y sus abogados no consideran cerrado el capítulo judicial.
Meta tendrá ahora que defender ante los tribunales que sus productos no generan la responsabilidad que le atribuyen los demandantes, mientras estos tratarán de demostrar que determinados mecanismos fueron diseñados de una manera que podía perjudicar especialmente a los menores.
Lo que está en juego no es únicamente una posible factura económica para la compañía de Mark Zuckerberg.
El resultado puede ayudar a definir qué responsabilidad tendrán las plataformas digitales por la arquitectura de sus productos y hasta dónde deberán llegar sus obligaciones especiales de protección cuando millones de sus usuarios son niños y adolescentes.
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