Un estudio elaborado por EY para Tholos Foundation y Americans for Tax Reform estima que un gravamen mínimo mundial del 2 % sobre los multimillonarios reduciría inversión, PIB, salarios y empleo. La cifra depende, sin embargo, de los supuestos utilizados por el modelo.
La propuesta de establecer un impuesto mínimo global equivalente al 2 % del patrimonio de los multimillonarios vuelve a situarse en el centro del debate fiscal. La medida, defendida internacionalmente por economistas como Gabriel Zucman y respaldada políticamente por sectores de la izquierda, podría tener importantes efectos secundarios sobre la economía mundial.
Un estudio elaborado por EY para Tholos Foundation y Americans for Tax Reform estima que, en uno de los escenarios analizados, la implantación del gravamen provocaría una pérdida cercana a 2 millones de empleos durante la primera década, además de reducir el PIB y las rentas laborales.
Es importante precisar que no se trata de 2 millones de despidos observados, sino de una estimación económica: serían puestos de trabajo que dejarían de existir respecto al escenario de referencia sin ese impuesto.
Un impuesto mínimo del 2 % para los multimillonarios
La idea internacional que sirve de referencia busca garantizar que los multimillonarios paguen anualmente en impuestos personales una cantidad equivalente, como mínimo, al 2 % de su patrimonio.
El proyecto presentado originalmente por Zucman al G20 estimaba una recaudación de alrededor de 200 000 a 250 000 millones de dólares anuales, afectando a unos 3 000 multimillonarios.
No necesariamente implicaría crear en todos los países un impuesto patrimonial idéntico. El estándar podría alcanzarse mediante diferentes instrumentos fiscales y descontando determinados impuestos personales ya satisfechos.
Sus defensores argumentan que permitiría corregir la reducida tributación efectiva que atribuyen a las mayores fortunas y obtener importantes recursos públicos. El International Tax Observatory sostiene que los multimillonarios presentan tipos efectivos personales muy bajos cuando se calculan respecto a su patrimonio.
EY calcula hasta 2 millones de empleos menos
El estudio citado plantea una visión mucho más crítica sobre las consecuencias económicas.
En el escenario en el que solamente un 10 % de la base potencial escapa al impuesto mediante elusión, planificación fiscal o cambios de residencia, la estimación apunta a una reducción del PIB mundial de unos 80 000 millones de dólares anuales durante la primera década.
A largo plazo, la pérdida de producción alcanzaría aproximadamente 120 000 millones de dólares anuales, según las cifras recogidas en el informe.
El impacto laboral sería igualmente significativo: alrededor de 2 millones de empleos menos durante los primeros diez años y aproximadamente 1,7 millones menos a largo plazo frente al escenario sin el gravamen.
Las rentas laborales disminuirían, según esta simulación, unos 10 000 millones de dólares anuales inicialmente, ampliándose la diferencia hasta aproximadamente 50 000 millones en el largo plazo.
Por qué el impuesto podría terminar afectando a trabajadores
El argumento económico del estudio es que un impuesto recurrente sobre grandes patrimonios no afectaría exclusivamente al consumo personal de los multimillonarios.
Una parte considerable de esas fortunas está constituida por acciones, participaciones empresariales y otros activos productivos.
Según el modelo empleado por EY, el gravamen reduciría el rendimiento después de impuestos del capital y, con ello, los incentivos para acumular e invertir. Una menor cantidad de capital productivo por trabajador terminaría reduciendo productividad, salarios y empleo.
Este mecanismo explica por qué el estudio atribuye parte del coste del impuesto a trabajadores que nunca estarían directamente sujetos al gravamen.
Incluso con una elevada elusión habría impacto
El segundo escenario supone que hasta el 50 % de la base imponible potencial consigue evitar el impuesto.
Paradójicamente, al recaudar efectivamente sobre una cantidad menor de patrimonio, el impacto económico calculado también disminuye.
Aun así, el modelo estima durante la primera década unos 45 000 millones de dólares menos de PIB al año, alrededor de 1,1 millones de empleos menos y una caída aproximada de 5 000 millones de dólares anuales en rentas laborales.
Por tanto, los autores concluyen que todos los escenarios que estudian presentan efectos negativos sobre la actividad económica.
El debate no está cerrado: recaudación frente a crecimiento
Las conclusiones deben interpretarse dentro del debate económico existente.
Los defensores del impuesto sostienen que un estándar internacional coordinado reduciría las posibilidades de trasladar patrimonios entre jurisdicciones y permitiría recaudar cientos de miles de millones para financiar servicios públicos, inversión o reducción de deuda. El diseño de Zucman calcula entre 193 000 y 242 000 millones de dólares anuales, dependiendo del grado de evasión y elusión asumido.
Los críticos ponen el foco en el efecto contrario: menos inversión privada, dificultades para valorar activos no líquidos y posibles movimientos de capital y residencia fiscal.
También importa qué hagan los gobiernos con la recaudación. Si los ingresos adicionales financian inversiones públicas productivas o permiten reducir otros impuestos distorsionadores, el resultado económico puede diferir del obtenido en un modelo que no atribuya esos mismos efectos al gasto.
Por ello, afirmar que el impuesto «destruiría dos millones de empleos» como un hecho inevitable sería excesivo. La formulación rigurosa es que un estudio encargado a EY estima hasta 2 millones de empleos menos bajo uno de sus escenarios y supuestos económicos.
España, en el centro del debate sobre las grandes fortunas
La discusión tiene especial relevancia para España, donde PSOE y Sumar han defendido aumentar la tributación de los grandes patrimonios y avanzar en mecanismos de coordinación fiscal internacional.
El debate de fondo enfrenta dos objetivos legítimos pero potencialmente conflictivos: conseguir que las grandes fortunas aporten una mayor proporción de sus recursos y, al mismo tiempo, evitar que una tributación más elevada perjudique la inversión, la creación empresarial y el empleo.
La propuesta internacional del 2 % sobre los multimillonarios promete una recaudación extraordinaria según sus defensores. El estudio de EY plantea la otra cara de la moneda: esa recaudación podría tener costes económicos indirectos que terminarían alcanzando también a trabajadores y salarios.
La verdadera discusión, por tanto, no es simplemente si «los ricos deben pagar más», sino cuánto puede recaudarse realmente y quién termina soportando económicamente el impuesto una vez se modifican las decisiones de inversión.
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